Ponencia del Magistrado : Dr. Libes gonzález gonzález






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SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIDENTAL

 AA20-C-2010-000389

 

 

Ponencia del Magistrado: Dr. LIBES GONZÁLEZ GONZÁLEZ

 

En el juicio de nulidad de contrato de compraventa llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, incoado por la sociedad mercantil REPRESENTACIONES DORTA GARCÍA, C.A., representada judicialmente por los abogados en ejercicio Carlos Enrique Meneses y Maira Meneses Rodríguez contra el ciudadano FRANCISCO ALBERTO PINO, representado por el abogado en ejercicio José Sánchez Cortez, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, dictó sentencia en fecha 12 de enero de 2009, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante REPRESENTACIONES DORTA GARCÍA, C.A. contra sentencia de fecha 10 de julio de 2008 dictada por el Juzgado de la causa; revocó la decisión apelad; anuló los contratos de venta objeto de la controversia y condenó en costas a la parte demandada.

 

Contra la señalada decisión anunció recurso de casación la representación judicial del ciudadano FRANCISCO ALBERTO PINO. Se formalizó el recurso. Hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su decisión bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos que a continuación se expresan:

 

PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS

I

 

La Sala observa que en fecha 20 de octubre de 2009, mediante sentencia N° 000554 dictó decisión con relación al recurso de casación in examine, en los siguientes términos:

 

(…Omissis…)

“El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, prevé en su parte pertinente, lo siguiente:

 

“ Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de cuarenta (40) días, más el término de la distancia que haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por el órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan los siguientes requisitos...”.

 

Concordadamente, el artículo 325 eiusdem, es del tenor siguiente:

 

“Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo”.

 

En el caso sub-iudice, esta Sala, por auto fechado el 11 de agosto de 2009, acordó practicar:

 

“...por Secretaría el cómputo de los cuarenta (40) días para formalizar en este juicio, más el término de la distancia, contados a partir del día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que señala el auto de admisión del recurso de casación, que corre inserto en los folios 148 y 149 del presente expediente, tomando en cuenta para ello lo previsto en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil”.

 

El cómputo en referencia, el cual riela, al folio 203 del expediente, arrojó el siguiente resultado:

 

“El Secretario de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo expresado en el auto precedente, certifica que el lapso para formalizar en este juicio, más el término de la distancia de seis (6) días, comenzó a correr el día 5 de febrero de 2009, día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que se dan para el anuncio del recurso de casación, y venció el día 22 de marzo del mismo año, siendo en fecha 19 de junio de 2009, cuando se recibió en Secretaría el correspondiente escrito de formalización…”.

 

Como consecuencia de la precedente consideración, le es aplicable al caso in comento, el efecto previsto en el artículo 325 eiusdem, al verificarse que el referido escrito de formalización fue presentado fuera del lapso establecido. Por consiguiente, el presente recurso de casación admitido  por  el Juzgado Superior ut supra referido, debe ser declarado perecido, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta  sentencia. Así se establece.”

(…Omissis…)

 

Asimismo se observa que los abogados José Neptalí Martínez Natera y Neptalí Martínez López, actuando como apoderados judiciales del demandado FRANCISCO ALBERTO PINO solicitaron la Revisión de tal decisión conjuntamente con medida cautelar innominada por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dictó sentencia en fecha 25 de mayo de 2010 bajo el N° 09-1408, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, declarando HA LUGAR el recurso de Revisión, en los siguientes términos:

 

(…Omissis…)

“Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

 

1) Que HA LUGAR la solicitud de revisión de la sentencia Nº 000554 dictada el 20 de octubre de 2009 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, presentada por los abogados José Neptalí Martínez Natera y Neptalí Martínez López, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano FRANCISCO ALBERTO PINO.

 

2) Nula la sentencia Nº 000554 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de octubre de 2009, así como el cómputo realizado por la Secretaría de la mencionada Sala respecto del lapso transcurrido para formalizar el recurso de casación en el juicio incoado por Representaciones Dorta García C.A. contra el ciudadano Francisco Alberto Pino.

 

3) Se ordena dictar decisión sobre el recurso de casación propuesto por los apoderados judiciales del ciudadano Francisco Alberto Pino contra el fallo dictado el 12 de enero de 2009 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.”

(…Omissis…)

 

En este sentido, se aprecia que la Sala Constitucional en su decisión señaló que con el fallo objeto de revisión se infringieron los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (del cual es parte la confianza legítima) del solicitante de la Revisión, al declarar perecido el recurso de casación por extemporáneo, obviándose las circunstancias extraordinarias acaecidas durante el transcurso del lapso del anuncio y de la admisión del recurso de casación, -que no le eran imputables al entonces recurrente- plasmadas en el auto dictado el 14 de mayo de 2009 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, constituidas por la falta absoluta del juez y las fallas eléctricas ocurridas en la sede del Tribunal, y que conllevaron a la suspensión de la causa, apartándose, sin justificación alguna, del criterio que al respecto había mantenido esta Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

En tal sentido, señaló la Sala Constitucional que el dispositivo del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil opera en circunstancias normales, pero la norma adjetiva no prevé nada respecto de circunstancias extraordinarias, y si bien el principio de preclusión de los lapsos procesales constituye una de las garantías del debido proceso, que permite a las partes ejercer su defensa en igualdad de condiciones y en pleno conocimiento de los actos ya cumplidos dentro del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 eiusdem, se prevé la posibilidad de acordar la extensión de los lapsos procesales sólo en los casos expresamente determinados por la ley o cuando exista una causa justificada no imputable a la parte solicitante. De esta manera se destacó que la decisión del juzgador de prorrogar o reabrir un lapso procesal debe siempre estar plenamente motivada, habida cuenta del gravamen que ésta podría causar, en razón de lo cual su justificación resulta imperativa  a los fines de que la parte perjudicada conozca las razones que tuvo el juez para decretarla y así poder ejercer los respectivos recursos de impugnación en resguardo de su derecho a la defensa, por lo que, siempre deberá analizarse en cada caso concreto si verdaderamente existe una causa que no sea imputable a la parte solicitante de la reapertura y que le haya impedido realizar el respectivo acto dentro del lapso establecido en la ley.

 

Finalmente enfatizó que esta Sala de Casación Civil se apartó –sin motivación ni justificación alguna- del criterio que venía manteniendo conforme al cual en circunstancias excepcionales (como en el caso sub júdice) se suspende el lapso para la formalización  y, por tanto, el mismo comienza a correr a partir del auto mediante el cual el Juzgado Superior admite el recurso de casación, y no a partir del vencimiento del término que da la ley para el anuncio, como lo prevé el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil (sentencia del 8 de agosto de 1966, de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia; ampliado en decisión (de la misma Corte) del 1 de julio de 1975; reiterado -entre otros- en fallos del 18 de julio de 1990, sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 2 del 26 de enero de 2001); vulnerándose de esta forma el derecho a la confianza legítima de las partes en el proceso.

 

En virtud de todo lo expuesto, esta Sala de Casación Civil en observancia de las consideraciones expuestas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia de fecha 25 de mayo de 2010 antes comentada, y en aras de asegurar a los justiciables su derecho a la tutela judicial efectiva, la defensa y la confianza legítima, reitera los criterios jurisprudenciales antes señalados, estableciéndose que, en circunstancias excepcionales que originen la suspensión de la causa, el lapso para la formalización no comienza a correr a partir del vencimiento del término que da la ley para el anuncio sino a partir del auto mediante el cual el Juzgado Superior admite el recurso de casación. Así se establece.

 

II

 

La Sala observa que con ocasión a la impugnación realizada al escrito de formalización presentado por el recurrente en casación, el abogado Cesáreo José Espinal Vásquez, actuando en representación judicial de la parte demandante impugnó el poder judicial consignado por los apoderados del demandado conjuntamente con el escrito de formalización, con base en las siguientes  argumentaciones:

 

“Del análisis efectuado del poder especial que otorgó el recurrente, ciudadano Francisco Alberto Pino a los abogados José Neptalí Martínez Natera y Neptalí Martínez López por ante la Notaría Pública de Pampatar, Estado Nueva Esparta, el día 25 de febrero de 2009, quedando anotado bajo el No. 63, tomo 19 de los libros llevados por esa Notaría, que cursa anexo al escrito de formalización consignado, se evidencia en forma clara y meridiana que la sociedad mercantil REPRESENTACIONES DORTA GARCÍA C.A., demandante del juicio en cuestión en contra del ciudadano Francisco Alberto Pino y por ende, sujeto activo del proceso y del recurso de casación civil, no fue debidamente identificada por el otorgante, es decir, siendo un poder especial para ejercer el recurso de casación civil, el sujeto activo, demandante, debe tener la misma igualdad procesal de identificación que el otorgante; en consecuencia, habiéndose limitando en indicar únicamente su denominación comercial (Representaciones Dorta García C.A.) no así su inscripción en el Registro Mercantil, a objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 155 del Código Civil en concordancia con el artículo 15 del mismo Código, subsumidos por “imperium legis”, en el artículo 20 ejudem (sic), no solo está violada la disposición legal indicada sino la norma constitucional de la igualdad ante la ley.”

 

Al respecto aprecia la Sala que el poder objeto de impugnación fue autenticado por ante la Notaría Pública de Pampatar, estado Nueva Esparta, el día 25 de febrero de 2009, bajo el N° 63, tomo 19 de los libros de autenticaciones, y de su lectura minuciosa se evidencia que, el demandado en la presente causa, ciudadano FRANCISCO ALBERTO PINO otorgó dicho poder de representación judicial a los abogados José Neptalí Martínez Natera y Neptalí Martínez López estando plenamente identificados tanto el poderdante como los apoderados constituidos en el acto, y efectivamente se nombra en el mismo a la empresa demandante en el presente juicio, sociedad mercantil REPRESENTACIONES DORTA GARCÌA C.A., sin indicar sus datos de registro, pero contrario a lo afirmado por el impugnante, tal omisión no constituye violación del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, el cual es pertinente citar a continuación:

Artículo 155.- Si el poder fuere otorgado a nombre de otra persona natural o jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce. El funcionario que autorice el acto hará constar en la nota respectiva, los documentos, gacetas, libros o registros que le han sido exhibidos, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación o interpelación jurídica de los mismos.

 

 

Como puede observarse, la precitada norma está dirigida al otorgante del poder que actúe en nombre de otra persona natural o jurídica, quien deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos que acrediten la representación que se atribuye, lo cual en modo alguno se corresponde con la situación planteada por el impugnante como vicio del poder objeto de análisis, donde la sociedad mercantil demandante aparece a los fines de referenciar el juicio en el cual van a interactuar los apoderados del otorgante, y menos aún puede considerarse su falta de identificación como una violación al principio de igualdad procesal previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es del siguiente tenor:

 

Artículo 15.- Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

 

En efecto, de la lectura de la norma supra transcrita se desprende el deber de todos los jueces de garantizar la igualdad de las partes, en lo que se refiere al desenvolvimiento normal del proceso, lo que involucra un trato sin preferencias ni desigualdades en cuanto a la realización de los actos procesales, al ejercicio de los recursos pertinentes, a la recepción y respuesta oportuna de los diferentes escritos y diligencias que éstos presenten, en cuanto a sus posibilidades probatorias, de acuerdo con su actuación dentro del proceso en fin, en cuanto se trate del desarrollo del juicio, lo cual dista de hacerse extensivo al otorgamiento de un poder judicial ante  un funcionario administrativo como lo es el Notario Público, a menos que en el mismo efectivamente se realice alguna mención que limite los derechos y garantías de una de las partes dentro del proceso, lo cual no se corresponde con el presente caso, y es por ello que, en concordancia con las consideraciones antes expuestas, se considera improcedente en derecho la impugnación efectuada por la parte demandante al poder judicial consignado por la parte demandada con el escrito de formalización del presente recurso de casación. Así se decide.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Con fundamento en lo previsto en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 12 y el ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, por incongruencia negativa, alegando la falta de pronunciamiento del juez de la recurrida con relación a los alegatos de simulación, enriquecimiento sin causa y nulidad por vicios del consentimiento (dolo) esgrimidos en el libelo de demanda.

 

El recurrente explanó su denuncia en los siguientes términos:

 

“...lo pretendido por la actora fue obtener la nulidad de las ventas con pacto de rescate para lo cual adujo “simulación” “enriquecimiento sin causa”, “vicios del consentimiento” e “ilicitud de la causa”, lo que fue alegado en forma global y no separada o subsidiariamente; de allí que el Tribunal Superior, habida cuenta del rechazo de esas vinculadas pretensiones, debía analizarlas, revisarlas, tomarlas en cuenta, y mas (sic) aún resolverlas expresa y conjuntamente en la recurrida; no obstante tales omisiones y aún cuando la decisión versó solo (sic) sobre un aspecto de lo demandado, se condenó en costas a mi representada por haber resultado totalmente vencida en el proceso. Se reitera que era obligación del Tribunal de la recurrida, por mandato del artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia a dictar resolviese en forma expresa, positiva y precisa, todas y cada una de las pretensiones demandadas en forma conjunta, en nuestro caso debió y no lo hizo, declarar formalmente la procedencia o no de la simulación, el enriquecimiento sin causa, o la nulidad por vicios del consentimiento, habida cuenta que tales alegatos y pretensiones fueron plasmados por la demandante en forma vinculada y no individualizada. Tal conducta encuadra, con lo que la doctrina ha denominado “citrapetita” o “incongruencia negativa”  que no es más que la ausencia de pronunciamiento expreso sobre todo lo pedido y excepcionado en el juicio.

(…Omissis…)

En consecuencia con la venia de estilo se pide de la Sala, la anulación de la sentencia recurrida por violación de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, al no haber emitido pronunciamiento expreso sobre la totalidad de los términos del problema judicial bajo su jurisdicción, en violación del principio de exhaustividad de toda sentencia.”

(…Omissis…)

 

Al respecto la representación judicial de la sociedad mercantil demandante en su escrito de impugnación a la formalización, alegó que la denuncia en estudio adolece de la debida técnica pues incurre en una mezcla con otro tipo de denuncias, cuando éstas deben realizarse en forma individualizada, resultando insuficiente la mera indicación de la norma jurídica infringida, sino que debe existir una adecuada relación de la forma en que se configuró la infracción alegada, todo ello según la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Civil.

 
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