I. del modelo neoliberal al modelo de crecimiento con inclusión social






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IV. LA CARTA AUTOINCRIMINATORIA DEL SEÑOR BRUFAU

El lapidario diagnóstico acerca de la orientación que REPSOL le ha dado a YPF durante el período en que ejerció el control de la empresa se ve, además, confirmado en las palabras del propio presidente ejecutivo de la empresa, el señor Antonio Brufau, quien enviara a la Presidenta de la Nación una carta fechada el 2 de abril de 2012 en Madrid. En dicha misiva Brufau sostiene que la empresa comparte y considera legítimo el objetivo del gobierno “de mejorar la balanza comercial energética del país y de acelerar la capacidad de producción mediante el incremento de las inversiones, con la última finalidad de conseguir lo antes posible el autoabastecimiento en el sector de los hidrocarburos”.

En primer lugar, hay que señalar que, implícitamente, Brufau reconoce el papel protagónico que la empresa que él mismo dirige tuvo en la gestación de la situación actual, como resultado de lo que hemos caracterizado como una estrategia depredatoria, cortoplacista y especulativa que no fue abandonada pese a los múltiples esfuerzos realizados por el Estado para establecer políticas y regulaciones que contribuyeran a modificar dicha orientación. Mientras otras empresas apostaban a la inversión Repsol no lo hizo. En la carta se menciona un Plan de Negocios mediante el cual la propia YPF estaría en condiciones de resolver el problema ya que “convertirá a Argentina en un país autoabastecido energéticamente y netamente exportador de hidrocarburos”, incrementando en un período de cinco años la producción de petróleo en un 30% y de gas en un 20% explotando recursos no convencionales pero también “con la posibilidad de rejuvenecer actuales campos maduros”. Esto implica aceptar que REPSOL podría haber seguido este rumbo hace tiempo, cuando la evidencia indica que desde 1999 a la fecha ha transitado el camino contrario, reduciendo sus actividades de exploración y producción, agotando así secularmente las reservas y disminuyendo sistemáticamente la extracción de combustible.

En segundo lugar, REPSOL sostiene que pese a haber elaborado dicho Plan, no se encuentra en condiciones de implementarlo en la actualidad ya que “excede la actual capacidad inversora de YPF”. Estima que, según sus cálculos, los primeros cinco años de ejecución del plan demandarán inversiones por US$ 30.000 millones (US$ 6.000 millones anuales) y que la empresa ha invertido –según su carta- en 2011 la suma de US$ 3.200 millones y se propone invertir más en 2012. Tales inversiones realizadas –si es cierto que lo fueron- no tuvieron, como se mostró, como resultado el incremento en la producción y las reservas, sino todo lo contrario. Omite además señalar que si ese esfuerzo inversor no fue realizado con anterioridad es precisamente porque la política de la empresa fue la opuesta ya que, en lugar de priorizar las inversiones, REPSOL se apropió a través de una desmedida distribución de dividendos que ascendió a US$ 13.423 millones desde que tomó el control de la empresa.

En tercer lugar, cabe preguntarse entonces cómo se propone llevar adelante dicho Plan. Lo que ofrece el señor Brufau es buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones… a empresas e inversores nacionales e internacionales… con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan”, decidiendo en cada caso “quién será el operador”. También sostiene que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”. ¡Generoso ofrecimiento! Justamente REPSOL, principal causante de la situación actual debido a las decisiones empresarias que fue tomando oportunamente durante todos estos años, se ofrece ahora como un salvador capaz de revertir la grave situación a la que llevaron el país. No ofrece, no obstante, aportar siquiera parte del capital propio que han extraído ni ofrece utilizar la capacidad operativa propia. La propuesta consiste en “subconcesionar” las áreas a ellos otorgadas en concesión, pero que ahora confiesan que no pueden explorar ni explotar adecuadamente. Serían, en su lugar, otras empresas o el propio Estado los que desarrollarían este Plan de Negocios. El papel que se reserva REPSOL es el de garantizar “la atracción de enormes inversiones a la Argentina catalizadas a través de REPSOL como compañía de prestigio y solvencia internacional”. Es decir, pretenden actuar como agentes intermediarios para captar inversiones, arrogándose además el derecho que pertenece a las Provincias de otorgar concesiones sobre los campos que ellos mismos tienen otorgados pero que no pueden explotar por falta de capital o de capacidad operativa. Cobrarían por estos valiosos servicios, claro está, una comisión. Confiesa además Brufau que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales”. Vale decir que ya están dando pasos en esta dirección, ofreciendo a otras empresas lo que no les pertenece.

Esta desvergonzada propuesta no hace más que reforzar los argumentos que conducen a tomar la decisión que se encuentra corporizada en el presente Proyecto de Ley. REPSOL confiesa aquí que no ha invertido durante todos estos años lo suficiente como para elevar las reservas e incrementar la producción cuando podría haberlo hecho y que ahora, para suplir esta falta de inversión es necesario redoblar el esfuerzo, pero que no puede hacerlo. Ante esta imposibilidad, de manifiesta ineptitud, es el Estado el que debe tomar el control de la compañía para llevar adelante un plan que según la propia empresa es factible, basado en los recursos de la propia compañía, la asistencia del Estado y en asociación con otros capitales privados de origen nacional o extranjero.

V. PROYECTO DE LEY

La iniciativa que se somete a consideración de ese Honorable Cuerpo propone, entre otros extremos:

A través del TITULO I, CAPÍTULO ÚNICO -“DE LA SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”- se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la REPÚBLICA ARGENTINA el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.

En tal sentido, se dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado, nacional e internacional.

Se establecen los principios de la política hidrocarburífera de la REPÚBLICA ARGENTINA, entre otros, los siguientes: la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.

En el TITULO II, CAPÍTULO ÚNICO -“DEL CONSEJO FEDERAL DE HIDROCARBUROS”-, se dispone la creación de dicho Consejo Federal, el que se integrará con la participación del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y del MINISTERIO DE INDUSTRIA y de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se asignan al CONSEJO FEDERAL DE HIDROCARBUROS las funciones de promover la actuación coordinada del Estado nacional y los Estados provinciales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente; elaborar el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina e impulsar las iniciativas y acciones necesarias para su cumplimiento, y expedirse sobre toda otra cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la REPÚBLICA ARGENTINA, que el PODER EJECUTIVO NACIONAL someta a su consideración.

A través del TITULO III -“DE LA RECUPERACIÓN DEL CONTROL DE YPF”-, CAPÍTULO I -“DE LA EXPROPIACIÓN”- y a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la empresa YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta.

Asimismo, se establece que las acciones sujetas a expropiación se distribuirán del siguiente modo el 51% pertenecerá al Estado Nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la ORGANIZACIÓN FEDERAL DE ESTADOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

En cuanto a la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia, se prevé que la misma deberá realizarse en forma equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas.

Hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a las provincias, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación. Dicha cesión contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones.

La designación de los Directores de YPF Sociedad Anónima que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación, deberá contemplar la proporción de las tenencias del Estado nacional y de los estados provinciales, así como la representación de los trabajadores de la empresa.

Se deja establecido que se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones objeto de la presente ley sin autorización del H. CONGRESO DE LA NACIÓN otorgada por los dos tercios de sus miembros.

Mediante el CAPÍTULO II -“DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA”-, y a fin de garantizar la continuidad en las actividades de exploración, producción, industrialización y refinación de hidrocarburos a cargo de YPF Sociedad Anónima, así como su transporte, comercialización y distribución y el incremento del flujo inversor, para el adecuado abastecimiento de los combustibles necesarios para el funcionamiento de la economía nacional en el marco de lo dispuesto en la presente, se dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL desde la entrada en vigencia de la presente Ley ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley N° 21.499.

Se dispone que la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en el día de promulgación de la Ley convocará a una Asamblea de Accionistas, a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes a los fines de la presente, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda.

A efectos de garantizar la operación de la empresa, la preservación de sus activos y el abastecimiento de hidrocarburos, se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL y al Interventor de YPF Sociedad Anónima -hasta tanto asuma el control de YPF Sociedad Anónima- a adoptar todas las acciones y recaudos que fueren necesarios a tal fin.

El CAPÍTULO III -“DE LA CONTINUIDAD JURIDICA Y LA GESTION DE YPF S.A.”- dispone que YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley de Sociedades Nº 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado nacional o los estados provinciales tengan participación.

Se determinan los principios a los cuales deberá sujetarse la gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, por parte del Estado nacional y las provincias: a) La contribución estratégica de YPF Sociedad Anónima al cumplimiento de los objetivos de la presente ley; b) La administración de YPF Sociedad Anónima conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos y c) El gerenciamiento de YPF S.A. a través de una gestión profesionalizada.

A fin de cumplir con su objeto y los fines de la presente, YPF Sociedad Anónima acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.

Finalmente, se deja establecido que la ley que se propone será de orden público y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Llegado a este punto resulta necesario remarcar que, tal como se ha expresado precedentemente, las cantidades importadas de combustibles superaron en el 2011 a las exportadas. Asimismo, la política llevada adelante por REPSOL - YPF tuvo como consecuencia la multiplicación de las importaciones de combustibles ascendiendo, para este último año, a US$ 9.397 millones.

Como contrapartida, REPSOL no sólo recuperó su inversión, sino que además retiró US$ 8.813 millones entre 1999 y 2011. Así mientras al país lo perjudicaba la situación, REPSOL incrementaba sus ganancias.

Lo expuesto surge claramente de los gráficos que a continuación se reproducen:

LA POLITICA DE VACIAMIENTO EJECUTADA POR REPSOL EN YPF IMPLICO POR PRIMERA VEZ EN 17 AÑOS UN SALDO COMERCIAL EN MATERIA DE COMBUSTIBLES DEFICITARIO, QUE ASCENDIO EN 2011 A LOS U$S – 3029.- MILLONES.

LA REDUCCION EN EL SALDO COMERCIAL EN MATERIA DE COMBUSTIBLES ENTRE 2006 Y 2011 FUE DEL -150 %

Saldo comercial en combustibles (en millones de dólares)

LA POLITICA DE VACIAMIENTO EJECUTADA POR REPSOL EN YPF MULTIPLICO LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLE POR 11 ENTRE LOS AÑOS 1995 Y 2011

Evolución de las importaciones de combustibles (en millones de dólares)

COMO LE FUE A REPSOL CON YPF ???

Inversión de REPSOL para adquirir el 97,8% del paquete accionario en 1999 US$ -13.158 millones

Total de dividendos cobrados por REPSOL 1999-2011 US$ +15.728 millones

Ingresos de la venta del 25,46% de YPF al Grupo Petersen US$ +3.539 millones

Ingresos de la venta del 17,09% de YPF en bolsa y a otras empresas US$ +2.704 millones

Saldo de la inversión (ingresos menos egresos) US$ +8.813 millones

Por lo expuesto, resulta necesario modificar la lógica especulativa y cortoplacista que caracteriza a la principal firma petrolera de nuestro país bajo la conducción de REPSOL a fin de ponerla al servicio de las necesidades del país y del modelo productivo con inclusión social. La profundización de este modelo requiere de

una empresa comprometida con los objetivos nacionales, ya que la expansión de la producción de hidrocarburos resulta central para proseguir el proceso de reindustrialización, lo cual no es incompatible con un nivel razonable de rentabilidad para las empresas del sector.

El presente proyecto de Ley tiene por objetivo principal asegurar la expansión de la producción hidrocarburífera en nuestro país, para lo que resulta imprescindible recobrar el control de la empresa que detenta la posición dominante en todos los segmentos del mercado mediante la expropiación exclusivamente de la mayoría accionaria al grupo REPSOL a fin de garantizar el autoabastecimiento energético. Esto es así porque fue precisamente el actual accionista mayoritario quien dirigió la empresa en el sentido que se ha reseñado.

La explotación de los hidrocarburos posee un carácter estratégico a nivel internacional. En este sentido, la participación estatal en YPF para lograr su control, actuando en asociación con el capital privado, resulta fundamental para expandir la producción y garantizar el abastecimiento interno. Numerosos países han seguido con éxito un esquema mixto de gestión, el cual ha permitido, como en el caso de la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, potenciar la producción y la inversión. En este sentido, la participación mayoritaria del Estado Nacional y de las provincias en el Directorio de YPF garantizará la instrumentación de un plan de negocios encaminado a alcanzar una expansión progresiva y sustentable en la producción petrolera, gasífera y de sus derivados, en consonancia con las necesidades de un patrón de crecimiento sustentable y socialmente inclusivo.

Una vez expropiadas las acciones, el

Directorio de YPF quedará conformado por el Estado Nacional, los Estados

provinciales productores de hidrocarburos (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) así como por el sector privado, ya sea local o extranjero que esté en posesión de las restantes acciones. Se trata, por lo tanto, de un modelo de desarrollo energético basado en la cooperación pública y privada, que garantizará la explotación de los recursos hidrocarburíferos en consonancia con los intereses de la Nación en su conjunto.

El modelo de negocios que se promueve se apoya además en alianzas estratégicas con diversos actores privados, a través de uniones empresarias, joint-ventures y otras modalidades asociativas, en línea con el desarrollo mundial del sector. Este modelo funciona de manera exitosa en buena parte del mundo.

Existen oportunidades fundamentales que permitirían revertir la situación energética actual de Argentina, donde el nuevo modelo de YPF jugará un papel protagónico, junto con el gobierno Nacional y las Provincias, liderando el camino de la industria petrolera argentina.

Se apunta a revertir el carácter de país importador de petróleo y gas logrando el autoabastecimiento. Argentina puede generar las condiciones para asegurar la demanda energética del país de una manera sustentable y con precios adecuados, para el presente y para el futuro.

Se transformará a YPF en una empresa con verdadero sentido nacional, con un rol protagónico en el desarrollo energético del país y con todos los atributos de una empresa internacional respecto de su gobierno, estrategia

de negocio y desempeño. Una empresa altamente competitiva en el ámbito petrolero internacional.

La nueva estructura accionaria de la empresa buscará alinear los objetivos de la Nación, de las Provincias, de capitales privados nacionales e internacionales y de sus empleados.

Inspira este proyecto, en suma, la idea de que el Estado, legítimo dueño del recurso, no puede prescindir de la administración directa de la producción y de los precios lo cual, en el caso argentino, implica necesariamente recuperar el control de la principal empresa del sector, sustrayéndola de sus prácticas depredatorias para ponerla al servicio del desarrollo nacional y del pueblo argentino.

En mérito a los fundamentos expuestos se solicita la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
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