Sala de lo contencioso-administrativo






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títuloSala de lo contencioso-administrativo
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NOTIFICADO: 19-1-15


SENTENCIA:

Recurso Contencioso-Administrativo nº 462/2011

TOLEDO




SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Sección Primera.

Presidente:

Iltmo. Sr. D. José Borrego López.

Magistrados:

Iltmo. Sr. D. Mariano Montero Martínez.

Iltmo. Sr. D. Manuel José Domingo Zaballos.

Iltma. Sra. Dª. Mª Belén Castelló Checa.

Iltmo. Sr. D. Antonio Rodríguez González


SENTENCIA Nº 1



En Albacete, a 2 de enero de 2015.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 462/2011 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL (ACMADEN) – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, representado por la Procuradora Sra. Palacios Piqueras, contra la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representado y dirigido por sus servicios jurídicos, contra D. LUIS FERNANDO VILLANUEVA GONZÁLEZ (APROCA CASTILLA-LA MANCHA), representado por el Procurador Sr. Serna Espinosa, contra la FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA, representado por la Procuradora Sra. Vicente Martínez, y contra la ASOCIACIÓN AGRARIA ASAJA –JOVENES AGRICULTORES DE CIUDAD REAL-, representado por la Procuradora Sra. Díez Valero en materia de períodos de Caza y Vedas. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Manuel José Domingo Zaballos.

ANTECEDENTES DE HECHO



Primero.- Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 15 de junio de 2011, recurso contencioso-administrativo contra la resolución que se reseña en el Fundamento Jurídico Primero de esta Sentencia.

Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia de conformidad con lo interesado en el suplico de dicho escrito procesal.

Segundo.- Contestada la demanda por la Administración, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó sentencia desestimatoria del recurso.

Tercero.- Fijada la cuantía del recurso en indeterminada y acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 6 de noviembre de 2014, en que tuvo lugar, si bien, por la complejidad del asunto, volvió a deliberarse en fecha 18 de diciembre de 2014.

FUNDAMENTOS JURIDICOS



Primero.- Tiene por objeto el recurso (salvado el error material que figura en el escrito de interposición sobre fecha de la Orden impugnada), la Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, de 25-5-2011, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas especiales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2011-2012 (DOCM de 27-5-2011).

Pretende la parte actora se dicte Sentencia por la que, estimando en su integridad los pedimentos y fundamentos de la demanda, “declare la nulidad y deje sin efecto las disposiciones de carácter general objeto del presente recurso”, con imposición de las costas procesales a la Administración.

No obstante los términos literales del suplico, en el mismo se concretan los apartados impugnados de la Orden, en concreto. “La inclusión de la Codorniz común, Tórtola común, Grajilla, Perdiz roja, Urraca, Paloma zurita, Ánade silbón, Pato colorado, Parron común, Zorzal real y Agachadiza común como especies cuya caza queda autorizada en el apartado 1.1 del artículo 1.

  • “Caza en media veda” del artículo 2.1 excepción 1.1.

  • y “Perdiz roja con reclamo” del artículo 2.1 excepción 1.4.


Se han opuesto a las pretensiones de la demandante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Administración demandada y las codemandadas, a saber: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Ciudad Real, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios rurales para la Gestión y Conservación del Medio Ambiente (APROCA Castilla-La Mancha), que instan sentencia por la que se inadmita el recurso Contencioso-Administrativo al amparo de lo prescrito por el artículo 69, letra b) en relación con el 45.2 letra d) de la JJCA. Subsidiariamente pretenden pronunciamiento desestimatorio.
Segundo.- No concurre el óbice procesal alegado por las representaciones de la Administración autonómica y de las codemandadas. Obra incorporado a las actuaciones certificado del Secretario General de la Asociación ACMADEN – Ecologistas en Acción de Toledo expedido con fecha 8-5-2012 recogiendo que la Junta Directiva de la Asociación en sesión celebrada el 9 de julio de 2011 acordó por unanimidad ejercitar las acciones legales pertinentes contra la Orden de 25-5-2011 de la Consejería de Agricultura y MA de la JCCLM por la que se fijan los períodos de caza y vedas especiales en la Comunidad Autónoma. Quedó subsanado así el defecto del que adolecía el escrito de interposición en el que se había acompañado certificado comprensivo del acuerdo del mismo órgano para recurrir la Orden, con el mismo objeto de regulación para el período de 2007-2008.

Se dice en conclusiones de la Administración faltar la acreditación de que la Junta Directiva sea el Órgano competente para entablar acciones, después de que en las conclusiones de la demandante se afirmara la firmeza del Auto de la Sala dictado dando respuesta a las alegaciones previas de la Administración (precisamente poniendo sobre la mesa la causa de inadmisibilidad ex artículo 45.2.d) de la Ley Rituaria), y no impugnado. Sobre dicho segundo alegato mal se plantea la falta de impugnación del Auto desestimatorio de las alegaciones previas, sencillamente porque tal resolución no es susceptible de recurso (nº 3 del artículo 59), si bien nada obsta a que se insista, como ha ocurrido, contestando a la demanda, lo que permite el artículo 58.1 de la repetida Ley Rituaria de 13 de julio de 1998.

Pero es el caso que, a la vista de los Estatutos de la Asociación acompañados con la contestación a la demanda no puede negarse la atribución de la Junta Directiva, porque se trata de función –la de presentar acciones jurisdiccionales o, en concreto, recursos Contencioso-Administrativos- que no aparece entre las competencias de la Asamblea General (Art. 13) y tampoco del Presidente. Siendo la Junta Directiva igualmente Órgano de Gobierno, Art. 11 (con la Asamblea y con el Presidente, Art. 17), el principio por actione conduce a entender adoptada decisión de la Asociación en sentido de interponer el presente recurso y por consiguiente el cumplimiento del requisito formal recogido en el artículo 45.2, letra d) de la Ley Jurisdiccional.
Tercero.- Aunque no se anude el alegato con pretensión de inadmisibilidad, damos previa respuesta, en sentido negativo, al alegato sobre la pertinencia de resolver el “archivo del procedimiento” por carencia de objeto (escrito de conclusiones de la codemandada “Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión y Conservación del Medio Ambiente). El hecho de que el recurso se entable directamente frente a una disposición administrativa aunque caracterizada por no tener vigencia indefinida (lo que ciertamente es un rasgo importante a muchos efectos), no es razón para cerrar el pleito sin entrar en el fondo del asunto. A este respecto nos cumple reproducir lo que esta misma Sala y Sección recogió en su Sentencia nº 41/2011, de 24 de enero, ponente Estévez Goytre), recaída en el recurso presentado por la misma Asociación aquí demandante contra la Orden de 22 de Mayo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural aprobatoria de los períodos hábiles de caza y vedas especiales en la Comunidad Autónoma de CLM para la temporada2007/2008, Fto. Jco. 2º:

“Segundo.- Habiéndose planteado por el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha diversas cuestiones de inadmisibilidad del recurso, debemos resolver con carácter previo si concurren o no las causas alegadas pues, de estimarse concurrentes, quedaría vedado a este Tribunal el conocimiento total o parcial efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones controvertidas.

Así, y siguiendo el orden de las alegaciones de la demandada, entiende la Sala que han de acogerse las alegaciones que tienen por objeto la impugnación indirecta de los artículos y apartados del Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, relacionados en el fundamento jurídico noveno del escrito de demanda. Y ello por cuanto, como alegó dicho Letrado, uno de los medios técnicos de reacción activa contra un Reglamento u Ordenanza ilegal viene constituido por el recurso contencioso-administrativo, por lo que la LJCA establece la impugnación directa de las disposiciones generales y, asimismo, en su art. 26, está prevista la impugnación indirecta, lo cual no constituye sino la plasmación práctica del art. 106.1 de la constitución en cuanto que atribuye a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, debiendo por ello decidir todas las pretensiones que se deduzcan y que tengan por objeto disposiciones de rango inferior a la Ley; pero de contrario, se dice en la contestación a la demanda, se omite la premisa mayor en la aplicación del mencionado art. 26, cual es que exista un acto de aplicación para su control, pues en caso contrario lo que se ejercitaría es un recurso directo contra el Decreto 141/1996, cuestión que no podría admitirse al haber precluido tal posibilidad por caducidad de la acción. Siendo dicha alegación de inadmisibilidad conforme con la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, que en sentencias de 17 de octubre de 2002, 9 de abril de 2003 y 22 de diciembre de 2007, en las que se analiza -con claridad y precisión- el ámbito del actual artículo 26.2 de la vigente LJCA, y se declara que “No cabe confundir un recurso directo contra una disposición de carácter general (lo que es un auténtico recurso contra la norma) con un recurso indirecto que no constituye propiamente un recurso contra la norma sino contra su acto de aplicación, con base en la ilegalidad de aquélla”, no podemos sino estimar la aludida causa de inadmisibilidad del recurso.

Íntimamente ligada a la anterior, se dice en el escrito de contestación, se invoca la excepción de mutación procesal entre el escrito de interposición y la demanda, consistiendo dicha mutación, o desviación procesal, en que el escrito de interposición se ejercita directamente contra una Orden, mientras que se realiza nueva petición en vía de demanda a los efectos de un imaginario recurso indirecto contra otra disposición, lo cual, según argumenta el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es manifiesta desviación procesal. Pero con tal argumento, aparte de que de estimarse concurrente la desviación procesal que se alega no sería motivo de inadmisibilidad del recurso aunque fundamentaría la desestimación de las pretensiones que incurriesen en tal vicio, parece ignorar la constante doctrina que viene admitiendo la posibilidad de impugnar indirectamente las disposiciones de carácter general sin que el recurrente esté obligado a citar expresamente tal impugnación en el escrito de impugnación, añadiéndose por la jurisprudencia antes referida que ello es así aunque la ilegalidad de la disposición no se esgrime como una pretensión autónoma sino sólo como un motivo de impugnación del acto. Pero la profundización en el examen de dicha alegación devendría superflua desde el momento en que hemos acogido la que tiene por objeto poner de relieve la imposibilidad de impugnar indirectamente el Decreto 141/1996 al no constituir el objeto directo de este procedimiento un acto administrativo de aplicación del mismo.

Seguidamente se alega por la Administración demandada la inadmisibilidad del recurso por el carácter meramente consultivo de la acción, al entenderse por dicha parte que, dado el carácter temporal de la Orden impugnada, su derogación por otra disposición posterior supone la pérdida sobrevenida del objeto del proceso. Tal argumento, que como regla general habría de fundamentar la estimación de la concurrencia de la causa de inadmisibilidad alegada, requiere sin embargo ser matizada en determinados supuestos.

Efectivamente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de mayo de 2008, ha declarado que la pérdida de vigencia de las disposiciones generales, con posterioridad a su impugnación no determina necesariamente la desaparición sobrevenida del objeto del proceso. En esa misma sentencia, y recordando la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo al respecto (SSTC 111/1983, 199/1987, 385/1993, 196/1997 y 233/1999 y SSTS de 5 de julio 1999, 13 y 15 de noviembre de 2000, 10 de febrero y 22 de diciembre de 2003), se apunta que no cabe dar una respuesta unívoca y general ya que ha de estarse a la incidencia real de la derogación o modificación de los preceptos y no a criterios abstractos, a lo que añade que “La pérdida sobrevenida de vigencia de los preceptos reglamentarios impugnados ha de ser tenida en cuenta, en cada caso, para apreciar si la misma conlleva la exclusión de toda aplicabilidad de aquéllos, pues si así fuera, habría que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto del proceso en el que se impugna directamente un reglamento que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la disposición reglamentaria, acaso ilegal o inconstitucional (Cfr. art. 73 LJCA y 40 LOTC, STC 199/1987). Por ello carece de sentido pronunciarse cuando el propio Ejecutivo expulsa la norma del ordenamiento jurídico de modo total, sin ultraactividad (Cfr. SSTC 160/1987, 150/1990 y 385/1993). Pero por idéntica razón, para excluir toda aplicación posterior de la disposición reglamentaria controvertida, privándola del vestigio de vigencia que pudiera conservar, puede resultar necesario (útil o conveniente, dice la STC 233/1999, en relación con normas legales impugnadas por inconstitucionalidad) su enjuiciamiento, aun cuando haya sido derogada (Cfr. SSTC 196/1997, 199/1987, 233/1999), si no puede descartarse una eventual aplicación del reglamento impugnado, en función del tiempo en que estuvo vigente hasta su definitiva derogación (Cfr. 28 de abril de 2000), o si la norma derogatoria, al reproducir el contenido de la norma derogada, prolonga la aplicación de unos preceptos reglamentarios que pudieran estar aquejados de los mismos vicios que se atribuyen a la norma sustituida. Criterios estos que, aplicados al devenir normativo que se contempla en el presente proceso, no permiten concluir que se haya producido una pérdida sobrevenida del objeto de la pretensión impugnatoria.”

En relación, finalmente con la pretendida falta de legitimación ad causam de la parte recurrente para impugnar la corrección de errores, no alcanza la Sala a comprender como, no cuestionándose la legitimación activa para la impugnación de la Orden frente a la que originariamente se dirige este proceso, pueda posteriormente discutirse la concurrencia de dicha legitimación para impugnar la corrección de errores de esa misma Orden, pues, si bien dicha impugnación tendría sentido si se impugnasen aspectos de la corrección de errores referentes a preceptos originariamente no impugnados, tal razonamiento carecería de sentido cuando mediante la corrección de errores se vienen a introducir, como ocurre en nuestro caso, modificaciones en el texto originario.”
Lleva razón, por consiguiente la parte demandante en su alegato sobre la impugnabilidad de la Orden, con cita precisamente de la indicada Sentencia 41/2011 de esta Sala.
Cuarto.- La ilegalidad del artículo 1.1 de la Orden impugnada en cuanto incluye una serie de especies cuya caza queda autorizada, del artículo 2.1 “Caza de media veda” (excepción recogida en el subapartado 1.1), así como 1.4.1 “perdiz roja con reclamo”, se arropa en la demanda desarrollando los siguientes motivos impugnatorios: 1º Es nula la disposición general por permitir la caza en la época de reproducción de determinadas especies, 2º Incurre en nulidad por permitir la caza de especies en mal estado de conservación. 3º Nulidad de la disposición general por permitir la caza de especies de las que se desconoce su estado de conservación.

Se invocan los artículos 7.4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo, 62.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Art. 1 de la Ley 2/1993 de 15 de julio, de Caza de CLM, 4.1 del R. Decreto 1095/1989, de 8 de diciembre, 45.2, 46.k y 99.1.b) del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha y la propia Sentencia de esta Sala de 24-1-2011 (R. 776/07).
Quinto.- Viene a sostener la Asociación demandante que la Orden incurre en nulidad por permitir la caza de una serie de especies bien en mal estado de conservación o bien desconociéndose tal estado y también se dice se autoriza la caza de especies exóticas. Sin concretar éstas últimas, las especies cuyo estado de conservación se desconoce o directamente se sabe en mal estado se enuncian doce especies de aves (cuatro entre las aves migratorias acuáticas, cinco migratorias no acuáticas y tres no migratorias), de las veintinueve que figuran en la Orden, Art. 1.1 como objeto de caza autorizada.

El artículo 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, determina que sólo podrá realizarse la caza sobre las especies que determinen las Comunidades Autónomas, declaración que “en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o en las prohibidas por la Unión Europea”, (nº 1), y que tal regulación del ejercicio de la caza habrá de hacerse “de modo que queden garantizadas la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos las Comunidades Autónomas determinarán los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie”, (nº 2).

Por su parte, el artículo 62 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha determina que la Consejería de Agricultura promulgará anualmente, antes del 31 de mayo, la Orden de reglas aplicables con carácter general a todo el territorio de la Comunidad Autónoma, contemplando, entre otras previsiones la relación de especies que pueden cazarse y fijación de los períodos y en su caso, días en que para las diferentes especies puede practicarse su caza (desarrollado en el Art. 99 del Reglamento ejecutivo, Decreto 141/1996, de 9 de noviembre). La misma Ley, cuyo artículo 1º invocado por la actora, expresa constituir su objeto la regulación del ejercicio de la caza en CLM “con la finalidad de practicar, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente sus recursos cinegéticos, de manera compatible con el equilibrio natural”.

Las prescripciones de referencia en sintonía con la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, cuyo artículo 7.4 (igualmente invocado por la demandante), imponiendo a las regulaciones nacionales de los Estados de la Unión Europea regular la práctica de la caza respetando los principios de una utilización razonable y de una regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas, tomando las medidas para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies de aves en una nivel que corresponda a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas (Art. 7.4 y artículo 2º al que remite).

Dichas normas constituyen el necesario punto de partida para las consideraciones y desenlace en pleitos como el que nos ocupa, saltando a la vista la apelación a conceptos jurídicos indeterminados (“utilización razonable”, el primero de ellos), que precisan de elementos fácticos a contrastar para inclinar la balanza del lado de la parte actora o del de la Administración Autonómica, dotada de notable discrecionalidad en orden a poder satisfacer con objetividad y intereses generales al entrar en juego distintos bienes jurídicos a proteger.
Sexto.- Alterando el orden de exposición de los tres motivos impugnatorios desarrollados en la demanda. La demandante no pone sobre la mesa defecto alguno de orden procedimental en la elaboración de la Orden impugnada y tampoco se afirma inclusión de especie alguna como cazable sobre la que pese prohibición ex artículo 62.1 de la Ley mentada, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Todo el discurso de la parte actora sostenido en una pretendida acreditación en el proceso de que se permite la caza de aves en mal estado de conservación a cuyo estado de conservación se desconoce.

Como en el escrito de conclusiones aparece crítica de lo decidido por el Tribunal en punto a la admisión y calificación de las pruebas propuestas, no está de sobre indicar que el Auto de 15-3-2013 admitió en su integridad la prueba propuesta en la demanda con la sola excepción de pericial a cargo del Museo Nacional de Ciencias Naturales permitiendo, no obstante, que la parte reconvirtiera su solicitud en prueba pericial judicial conforme al artículo 335.1 CEC; recurrido en reposición fue desestimado motivadamente. Por lo que toca a la admisión y calificación de las pruebas de la demandada y codemandados, la Sala ha proveído en cada caso, siendo recurrible en reposición, sin que se haya presentado dicho recurso; tampoco contra la providencia dejando conclusos los autos para votación y fallo.

Llegados a este punto ha de afirmarse que no se presenta probado que la Orden objeto de enjuiciamiento incurra en el vicio de nulidad que se le achaca por permitir la caza de aves en mal estado de conservación o desconociéndose su estado. A diferencia de lo que ocurriera con la Orden de 22-5-2007 dictada con el mismo objeto para el período 2007-2008 enjuiciada por la Sala, -Sentencia 41/2011- y aprobada sin ningún estudio, valoración ni informe técnico realizado que avalara la densidad de las poblaciones de las especies litigiosas, en el caso de autos obra en el expediente “Informe sobre Aves silvestres declaradas cinegéticas en Castilla-La Mancha justificación períodos hábiles de veda temporada cinegética 2011-2012”. (hojas 8 a 50 del expediente), y, a salvo de lo que se verá más adelante se ve corroborado con la documental acompañada a la contestación a la demanda de la Administración; informe a cargo de dos facultativos de la Administración Ingeniero Técnico forestal e Ingeniero de Montes D. Enrique Sánchez-Herrera evacuado en fecha 15 de junio de 2012 apoyado de los estudios que se adjuntan (en número de 19), ratificados a presencia judicial y no desautorizados por el parecer de los facultativos biólogos intervinientes en el proceso a solicitud de la parte actora. Aunque se haya ratificado a presencia judicial, los informes presentados por la actora se elaboraron –en ello insisten las partes demandadas- al objeto de servir en el procedimiento que terminó con la repetida Sentencia 41/2011, de 24 de febrero y referidos al estado de la cuestión años atrás 2007/2008 o incluso antes (2006); nos referimos a los informes de D. Miguel Ángel Hernández Soria y D. Juan Aceituno Limón, al de D. Juan Carlos Atienza y al de D. Carlos del Moral; y tales informes – uno de ellos a cargo no de biólogo, ciertas ingenierías, etc, sino de licenciado en Derecho, (D. Carlos Cano), sin obedecer a previos trabajos de campo acometidos en el territorio de la Comunidad Castellano-Manchega, como se extrae de las declaraciones de sus autores a presencia judicial.

En fin, expresa la parte actora en sus conclusiones que la Administración regional admite el estado de conservación desfavorable de alguna de las especies de aves cazables según la Orden impugnada y que en la aprobada para la temporada 2012/2013 no se autoriza su aprovechamiento cinegético. Así es, en efecto en relación con la grajilla, porrón común, anade silbón y Agachadiza común. (Informe sobre la demanda… que se acompaña a la misma y que con fecha 15-6-2012 suscriben dos facultativos de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales). Pero ese informe lo que reseña es la oportunidad de no incluir dichas aves como cazables al no permitir un aprovechamiento cinegético sostenible (y dado su escaso interés cinegético), naturalmente para la temporada en cuestión 2012-2013, sin que obre acreditado que tal circunstancia de insostenibilidad ya existiera en el territorio de CLM para la temporada anterior.
Séptimo.- Se impugna igualmente la previsión en la Orden sobre la caza de la perdiz roja con reclamo, recogida en el artículo 2, subapartado 1.4.1 de la Orden: “Dado el carácter tradicional de esta modalidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se autoriza la misma en todo el territorio de Castilla-La Mancha, desde el día 24 de enero hasta el de marzo de 2012, ambos inclusive, únicamente en terrenos sometidos a régimen cinegético especial”.

La demandante admite que se trata de una modalidad de caza expresamente permitida por el Art. 45 del Reglamento de Caza, ejecutivo de la Ley Regional 2/1993, de Caza de Castilla-La Mancha, por lo que el reproche de legalidad se limita a las fechas en que aparece permitida la práctica de la caza del ave, en la medida que –se dice- coincide con periodos de celo y reproducción de la especie, lo que se considera acreditado en el informe suscrito por D. Juan Carlos Atienza (folio 14 de dicho informe), doctor en Biología, y en igual sentido el del informe de otros dos biólogos D. Miguel Hernández Soria y D. Juan Aceituno, incorporados a las actuaciones y ratificados convincentemente a presencial judicial. Nótese que en este particular no importa que ambos informes se emitieran para servir en el proceso que terminó con la Sentencia que enjuició la Orden de vedas para 2007-2008, pues nada apunta a que haya podido cambiar en 2011-2012 la época de celo y reproducción de la perdiz, según dichos facultativos se inicia a finales de enero y siendo patente tanto fisiológica como comportamentalmente a partir de primero de febrero. Tal parecer es convincente para la Sala puesto en contraste con las demás pruebas practicadas, incluyendo aquí el contenido de la ratificación realizada por D. Mario Eugenio Sáenz de Buruaga, propuesto por una de las demandantes, por lo que concluimos que por todo el mes de febrero y los seis primeros días de marzo coincide la caza permitida de la perdiz con su época de reproducción; lo viene a reconocer D. Antonio Pérez Garrido (prueba propuesta por la Federación de Caza), acta de ratificación de su informe.

La contestación del solapamiento acarrea la misma consecuencia que se particularizará en el siguiente fundamento jurídico.
Octavo.- La parte más extensa de la demanda dedicada a sostener que la Orden permite la caza en época de reproducción de determinadas especies.

Aparte de lo adelantado respecto a la caza de la perdiz con reclamo el motivo impugnatorio ligado a la regulación del artículo 2.1, excepción 1.1 en la Orden, “caza en media veda”, del siguiente tenor: “El periodo hábil de caza de la codorniz y paloma torcaz, además del establecido con carácter general, será el comprendido desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2011, ambos inclusive. Para la tórtola común se establece un cupo de 10 ejemplares/cazador/día, salvo que en el plan técnico de caza se establezca uno inferior en cuyo caso se estará a lo que prevea dicho plan. Los días hábiles serán viernes, sábados, domingos y festivos de carácter nacional. Durante la media veda está prohibida la práctica de la caza en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común”.

La valoración de la prueba practicada en autos ha de seguir el principio positivizado en la normativa estatal, concretamente artículo 62.3, letra b) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre: “Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época de celo, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de regreso hacia lugares de cría en el caso de especies migratorias”.

No existe unanimidad de los intervinientes en el proceso –facultativos y testigos- sobre los concretos períodos anuales de celo, reproducción y crianza de las aves cuya caza se permite en régimen de “media veda” por el artículo 2, apartado 1.1 trascrito. Para la Sala, si está probado solapamiento de parte de los períodos de caza en términos muy cercanos a los que postula la parte actora y bien resume su escrito de conclusiones; no ya porque siguiéramos al pié de la letra el contenido de los dictámenes unidos a la demanda y ratificados a presencia judicial, sino curiosamente también por lo que se extrae de los informes aportados por la Administración demandada:

- Respecto de la Codorniz, al folio 6 del "Informe sobre la demanda contencioso administrativa interpuesta por ACMADEN-Ecologistas en Acción contra la Orden de 25/05/2011de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se fijan los Periodos Hábiles de Caza y las Vedas Especiales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la Temporada Cinegética 2011/2012" aportado por la representación procesal de la administración demandadas reconoce que:

"Según el Comité ORNIS, (Comité técnico-científico encargado del seguir evaluación de la aplicación de la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, denominada Directiva Aves), los datos de esta especie para España son: Inicio del periodo de reproducción: 1 de abril. Fin del periodo de reproducción: 30 de agosto. Tamaño de la puesta: 8 a 13 huevos".

En otras Comunidades Autónomas limítrofes como Madrid, Extremadura o Andalucía se retrasa el inicio de esa media veda a los días 19, 21 y 22 de agosto respectivamente, a fin de respetar el periodo de cría de la especie (f. 7).
-Respecto de la Paloma torcaz, el meritado informe señala, f. 10, que en el "Anexo l relativo a los periodos de reproducción y migración prenupcial de las aves cinegéticas del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre", se especifica para esta especie el periodo de reproducción y cría desde el mes de febrero hasta el 20 de agosto" (f. 10), así como que "Según el Comité ORNIS, los datos de esta especie para España son: Inicio del periodo de reproducción: 20 de marzo. Fin del periodo de reproducción: 20 de agosto” (f. 11). Asimismo, destaca cómo en otras Comunidades Autónomas limítrofes como Madrid, Extremadura o Andalucía se retrasa el inicio de esa media veda a los días 19, 21 y 22 de agosto respectivamente, a fin de respetar el periodo de cría de la especie, f.11(…)

Por consiguiente asiste la razón a la parte actora haciendo ver que la propia documentación técnica que maneja la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha demuestra que el periodo de cría de estas especies abarca cómo mínimo hasta el día 20 de agosto (e incluso el 30) cuando el periodo de caza en media veda de las mismas comenzaría el 15 de agosto, produciéndose así un solapamiento no sólo indeseable por sus efectos sobre la reproducción y cría de esos ejemplares.

Así pues, no se ajusta a Derecho el período hábil de caza (además del establecido con carácter general), previsto en la Orden para la media veda, debiendo quedar el mismo limitado, a saber: para la caza de la codorniz desde el 30 de agosto hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, para la caza de la paloma torcaz y tórtola, el comprendido entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre.

Añádase que el período de caza de la perdiz con reclamo no puede incluir ni el mes de febrero ni los primeros seis días de marzo.
Noveno.- Sin costas (arts. 68.2 y 139, ambos de la Ley Jurisdiccional, redacción anterior a la Ley 37/2011), al estar ante un pronunciamiento estimatorio parcial.
Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación
F A L L A M O S.- ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL (ACMADEN) – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, de 25-5-2011.

Se declaran contrarios a derecho y anulan:

1º El apartado 1.4.1 del artículo 2º de la Orden impugnada en cuanto permite la caza de la perdiz roja con reclamo durante el mes de febrero y los primeros seis días de marzo.

2º El apartado 1.1 primer párrafo del mismo artículo 2º quedando fijados el período hábil de caza en media veda conforme recoge el Fundamento Jurídico Octavo de esta Sentencia.

Sin costas.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe interponer recurso de casación en el plazo de diez días.

Firme que sea la presente sentencia, habrá de ordenarse la publicación del fallo ex artículo 107.2 LJCA.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales, la pronunciamos, mandamos y firmamos.




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