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Inexistencia de engaño según las pautas de la experiencia.
Recurso: Casación nº 52/2009

Ponente: Sr. García Pérez

Sentencia nº 1385/2009 de fecha 02/12/2009

«Desde luego que la existencia del delito de estafa requeriría un engaño por parte del acusado, bastante para causar el desplazamiento patrimonial por Santiago S. consistente en el suministro temporal de material de sonido, cuyo precio de alquiler resultó impagada. Engaño que, como elemento interno, habrá de desprenderse de los elementos externos que la sentencia refleje. Véanse sentencias de 29/3/2004 y 30/3/2007, TS.

Ahora bien, en el factum se afirma directamente que el acusado no tuvo en “ningún” momento intención de pagar el precio pactado, pero, en los fundamentos jurídicos se expone que “no fueron propiamente los pagarés sin fondos, que el imputado entregó al perjudicado, el instrumento que éste utilizó para engañarle y obtener de él el beneficio ilícito perseguido, sino que su entrega fue posterior, cuando ya se había materializado el engaño y la consiguiente entrega de materiales y con el único propósito de perpetuar la situación creada pudiendo disfrutar de dichos materiales más tiempo”.



Ciertamente que tal exposición está efectuada en trance de descartar la existencia de la modalidad agravada prevista en el art. 250.1 3º CP; pero al menos hace surgir la duda sobre si la entrega de los pagarés sin fondos deben entenderse o no integrantes del engaño inicial o sucesivo supuestamente desencadenante del desplazamiento patrimonial; por lo que de dicha entrega no cabe inferir la existencia del ardid fraudulento.

La cuestión, volviendo a la presunción de inocencia, queda centrada en si, fuera de la entrega de pagarés, la Audiencia había contado con los medios probatorios para afirmar que el acusado no tuvo en momento alguno intención de pagar el precio pactado.

El control en la casación sobre la presunción de inocencia se extiende a si ha existido prueba de cargo a través de medios obtenidos y aportados al proceso sin infracción de normas constitucionales u ordinarias, y a si en las inferencias, cuya ilación el Tribunal a quo ha de expresar, no se observa quebranto de pautas derivadas de la experiencia general, normas de la Lógica o principios o reglas de otra ciencia. Véanse sentencias de 30/4/2002 y 3/11/2005, TS.

Respecto a los elementos externos de los hechos, la Audiencia detalla, de manera ajustada a lo que figura en las actuaciones, como con las declaraciones de denunciante y acusado, más la documentación aportada, se llega al convencimiento de la contratación, la entrega de los materiales a que se refería, el impago del precio y el reintegro de aquellos materiales.

Pero no tiene fuerza inequívoca indiciaria que el imputado fuera conocido por realizar conductas similares a la de autos; lo que la Audiencia cita basándose en testimonios de miembros de la Guardia Civil; ni incluso incluyendo el antecedente penal que al respecto se hace constar en el factum. Pues baste tener en cuenta que la conducta desarreglada del acusado en otros negocios no significa que debe colegirse que siempre hayan de tener un matiz delictivo.

Y, mas allá de ello, en los elementos externos que refleja el factum, o, fuera de él, los medios probatorios practicados, no permiten inferir, sin un ámbito de duda justificada según la experiencia general, que existiera el engaño atribuido al acusado para conseguir el desplazamiento patrimonial que, en el presente caso, consistiría en el disfrute de los aparatos de sonido sin la contraprestación acordada. (F. J. 2º)

No puede reputarse enervada la presunción de inocencia respecto a la conducta del acusado en orden a la existencia de engaño; sin ese elemento no cabe entender integrado el delito de estafa de los arts. 148 y 149, CP; y, con arreglo a los arts. 901 y 902 LECr., ha de declararse haber lugar al recurso, casarse y anularse la sentencia recurrida para dictar otra más ajustada a Derecho y declararse de oficio las costas del recurso». (F. J. 3º)

Inexistencia de prueba del engaño.
Recurso: Casación nº 1751/08

Ponente: Sr. Giménez García

Sentencia nº 1098/2009 de fecha 03/11/2009
«Los hechos probados describen la situación en los siguientes términos:

(El recurrente, Fernando de la C.) “….trabó amistad con doña María Concepción M. de V. H., a la que hizo creer que se llamaba Mario. Esta señora por aquella época estaba de baja laboral por consecuencia de problemas depresivos que le afectaban, lo que la hacía particularmente vulnerable a la influencia que sobre la misma ejerció el acusado…. planeó aprovecharse de dicha situación para adquirir varios vehículos a su costa, a cuyo efecto y haciéndola creer que le ayudaría a tramitar la obtención de una pensión y que en las compras de los automóviles intervenía solo para figurar como conductora, consiguió que le firmara la documentación que los concesionarios (de vehículos) le habían facilitado….”.



Continúan los hechos probados narrando que el 7 de Octubre de 2003, con la intermediación del recurrente ella adquirió un Nissan Almera. El precio aplazado se pagó en la c/c de Caja Duero, titularidad de María Concepción, y los pagos fueron efectuados por el hijo del recurrente, que era quien de hecho utilizó el vehículo, el cual fue puesto a nombre de la propia María Concepción, habiendo sido pagado íntegramente dicho vehículo por el hijo del recurrente.

Prácticamente el mismo operativo se efectuó el 8 de Octubre de 2003 en el que se adquirió un Fiat Stylo, puesto también a nombre de Dª Concepción y que desde el principio fue utilizado por otro hijo del recurrente quien es el que ha ido pagando las amortizaciones quedando por abonar 6.666’12 euros, y el 31 de Diciembre siguiente adquirió un Alfa Romeo por el mismo procedimiento, si bien, respecto de este no se ha abonado ninguna amortización por lo que resulta deudora la citada María Concepción toda vez que también el préstamo se domicilió en la indicada Caja de Duero. En este caso, María Concepción acudió a una notaría acompañada de un hijo suyo para documentar la póliza de préstamo. Se dice en los hechos probados que “….debido a su estado de salud mental en aquella época desconocía lo que estaba firmando….”.

El recurrente en su argumentación niega la existencia del engaño previo, y por el contrario afirma que Dª Concepción era consciente, perfectamente, de que ella estaba adquiriendo para ella los vehículos y que consentía en ellos, siendo consciente de lo que firmaba y que ella misma compareció acompañado de su propio hijo y en tal situación no es admisible ni está acreditado que, como se dice en la sentencia (f.jdco. primero, apartado B):

“….Y eso es lo que sucede en el caso que ahora se juzga, porque lo ocurrido es que el engaño ha consistido precisamente en eso, en hacer firmar a la Sra. M. de V. los documentos que firmaba eran para otra cosa….”.



En síntesis, el engaño para la sentencia se encuentra en que no era consciente de que ella adquirió para sí los vehículos, y que todo lo que firmó era para obtener una pensión.

Sin embargo, se dice en el motivo que no era así, que la presencia del Notario patentizaría justo lo contrario, y que en definitiva, la sentencia silencia la declaración de la testigo Isabel O. que pertenecía la financiera que concedió al crédito para la compra del Alfa Romeo y que habló con la Sra. M. de V. y por eso sabe que ella era consciente y consintió en la adquisición del vehículo.

Ya anticipamos el éxito del motivo.

En efecto no existe prueba de cargo capaz de acreditar la realidad del engaño definidor del delito de estafa, con la consecuencia de que queda sin sustento la condena.

De entrada, la sentencia efectúa una valoración parcial de la prueba practicada, ya que se detiene singularmente en la declaración de la víctima, y de su hijastra y la de los empleados de los concesionarios de automóviles en cuanto al particular de que el recurrente se hacía llamar Mario “….y no sabemos qué necesidad tenía de hacerlo….”, se dice en el f.jdco. segundo.

Es cierto que se autodenominase Mario, pero ello es irrelevante a los efectos de fundar en este dato el engaño previo vertebrador de la estafa. Se está en presencia de unas mentiras impunes que se sitúan extramuros de los engaños típicamente penales.

Por otra parte verificamos en este control casacional que el Tribunal en su valoración de las pruebas obvió y silenció el claro y rotundo testimonio de Isabel O. L. dado en el Plenario –folio 8 del acta, Rollo de la Audiencia-

En síntesis, esta persona dijo:

-Que vendió un fiat a un tal Mario.

-Que se llevó la documentación necesaria y que posteriormente devolvió firmada por la persona que iba a adquirir el turismo.

-Que ella estuvo en casa de Conchi –María Concepción–para ir a una Notaría.

-Que luego el recurrente fue a comprar otro vehículo, por el mismo procedimiento, pero que la póliza descrita fue intervenida por Notario, donde intervino, también, un chico llamado David.

-Ella –María Concepción–fue un par de veces a la financiera y sabía que iban a comprar un coche, luego tuvo constancia de que el coche se había vendido a otra persona, cree rumana.

-Ella –la testigo–explicó a la tal Conchi que ella era la compradora del coche, y también se lo hizo saber el Notario, pues Conchi acudió a la Notaria.

-Cree recordar que firmaron madre e hijo –Conchi y David--, como copropietarios.

Incluso de la declaración de la propia María Concepción en el Plenario no se deriva con la certeza propia para el decaimiento de la presunción de inocencia que el engaño urdido para obtener la firma de ella con el fin de adquirir los vehículos estuviera constituido por la promesa en conseguirle una pensión pues si bien ella dice que “….Mario le hizo firmar unos papeles diciendo que eran para la pensión….” “….ella fue a Alfa Romeo para ver un coche pero sin pensar en comprarlo…” “….cree que fue a una notaría pero ella no se enteró de a lo que fue. No llegó a ningún acuerdo con él para la compra de los coches, salvo firmar ella como conductora a petición de él….”.



Incluso desde la situación de depresión que tuviera, y respecto de la que la sentencia solo la afirma sin soporte probatorio, resulta sorprendente que por un lado, ella reconozca que fue a ver un Alfa Romeo aunque no pensaba comprarlo, que manifieste total ignorancia del objeto de su presencia en la Notaría, y que, finalmente manifieste que solo firmó como conductora. Si se contrasta estas manifestaciones con lo dicho por la testigo antes citada –Isabel O.–cuyo testimonio está dotado de una especial credibilidad por tratarse de persona de una concesionaria, y por tanto ajena al recurrente, y por otra parte desde el hecho incontrovertido de que María Concepción fue a un Notario para la concesión del tercer crédito, habrá de concluirse con que la conclusión de la existencia del engaño vertebrador del delito de estafa, no se sostiene.

La propia sentencia viene a dar la explicación de lo ocurrido y que sitúa toda la operación extramuros del delito de estafa.

Se dice en el f.jdco. primero, apartado A) “….consiguió (el recurrente) que ésta no solo le facilitase su documentación personal y nóminas, sino también que firmara los documentos que le presentó, incluso a presencia notarial y acompañada de un hijo suyo, lo que ésta hacía en la creencia, por así estar convencida por el acusado, de que con ello se le conseguiría una pensión y ayudaría al acusado a adquirir los vehículos que éste pretendía adquirir….”.



En definitiva se trató de un acuerdo entre el recurrente y María Concepción, en virtud del cual, él se comprometía a tramitarle una pensión, y ella, como tenía crédito personal, (del que carecía el recurrente) le ayudaría al recurrente a la adquisición de los vehículos, vehículos que se adquirieron a nombre de María Concepción, que era la titular, por lo que ni existió falsedad ni desvío de la propiedad. Los dos primeros vehículos, a nombre de María Concepción fueron utilizados por los dos hijos del recurrente, quienes amortizaron el crédito, quedando respecto del segundo vehículo por abonar 6666’12 euros. Respecto del tercero, este impago precisamente fue para cuya concesión del préstamo acudió María Concepción a la Notaría, no pudiendo admitirse que en ese escenario no supiera lo que hacía o firmaba a pretexto de una situación de depresión simplemente alegada. Ciertamente esta Sala en diversas resoluciones –SSTS 1079/2006; 825/2009; 1290/2006, entre otras--, ha declarado que la verdad notarial es una verdad formalizada en el sentido que el Notario da fe de la voluntad exteriorizada por los intervinientes en el negocio jurídico correspondiente. En este caso la cuestión no se centra en declaración de voluntad alguna sino en la capacidad para intervenir que el Notario tiene que verificar, y en el presente caso no efectuó ninguna reserva, lo que lleva a la conclusión de no poder aceptar las excusas alegadas por María Concepción. Frente a su declaración en tal sentido, se alza la declaración de Isabel O., antes citada, y la propia realidad de la presencia notarial con el reconocimiento de la capacidad de la compareciente, lo que constituye una presunción que admitiendo prueba en contrario, en el presente caso nada hay en los autos que permita ponerlo en duda.

No existió el engaño penalmente relevante. Existió un engaño en cuanto a la identidad del recurrente –se hacía llamar Mario–que no pasa de ser una mentira atípica. Pudo existir esa “promesa” de conseguirle una pensión, pero ello no constituye el engaño vertebrador de la estafa sino que más bien fue la “contraprestación” a que voluntariamente se avino María Concepción, como viene a reconocer la sentencia.

Llegados a este momento, a la vista del resultado de la prueba se podría reconstruir lo ocurrido diciendo que existió un acuerdo entre ambos en virtud del cual, el recurrente trataría de conseguirle una pensión, y María Concepción, que tenía solvencia suficiente de la que carecía aquél, se avenía a adquirir para sí vehículos que utilizarían los hijos del recurrente quienes abonarían los correspondientes plazos de los préstamos con los que se habían financiado los turismos, y así se hizo, surgiendo las dificultades en relación a la adquisición del tercer vehículo del que nada se abonó.

Fuere o no así, lo cierto es que se está fuera de la actuación del Código Penal y del delito de estafa.

Y una última reflexión: la sentencia se refiere al “….impresionante historial….” delictivo del recurrente, que tampoco se concreta. Al respecto hay que recordar que nadie puede ser condenado, sin pruebas, sólo por su pasado histórico penal, pues ello es incompatible con el Estado de Derecho.

Como conclusión de todo lo razonado, hay que decir que se vulneró el derecho del recurrente a la presunción de inocencia, en la medida que no ha existido prueba de cargo capaz de acreditar la existencia del engaño antecedente, causante y bastante vertebrador del delito de estafa». (F. J. 2º)

No hubo engaño bastante sino apropiación indebida.
Recurso: Casación nº 1943/2007

Ponente: Sr. Soriano Soriano

Sentencia: nº 128/2008 de fecha 28/02/2008
«…En el proceso penal, la negativa del acusado sobre la recepción de la cantidad en cuanto contenida en un documento (grabación) visualizado por el tribunal, ratificado en juicio que fue, permitió al mismo alcanzar el convencimiento de que el acusado negaba abiertamente la recepción de la cosa (apropiación indebida), pero no podía calificarse como añagaza capaz de confundir al juez. Téngase presente que el recurrente no ataca la sentencia por indebida aplicación del art. 252 C.P., sino que en el presente motivo sólo denuncia error iuris en relación al delito de estafa (art. 248 y 250.1.2º C.P.).



      1. Lo que resulta francamente definitivo y en ello le asiste razón al recurrente es que el engaño del juez civil se produjo claramente como consecuencia de la torpeza del querellante o sus letrados, calificativo insistentemente empleado por la sentencia de instancia, al no aportar, como hubiera sido normal en una persona diligente, los documentos y justificantes que acreditaban sin ningún género de duda el pago de la cantidad controvertida.



Hemos dicho que si no lo hizo fue muy a pesar suyo, pero en cualquier caso, si alguien tenía posibilidad de evitar el error del juez era el querellante. Es insólito que un sujeto responsable no posea justificantes documentales o con posibilidad de obtenerlos de inmediato, que acrediten la verificación de un acto jurídico (pago) de cierta importancia económica que le afecta directamente. En todo caso el acreditamiento oportuno se hallaba dentro del ámbito de las posibilidades de actuación del querellante o personas de su confianza y no de ningún otro.

Al juez civil, dada su posición institucional y procesal, no le es exigible el despliegue de una actividad de autoprotección para no ser engañado, ya que resuelve sobre intereses ajenos, cumpliendo con aplicar la ley de acuerdo con lo alegado y probado.

Eso hace que al estar privados los jueces civiles de los medios de prueba que debieron aportarse y no se aportaron, se encontraran en situación propicia para ser engañados, en cuyo engaño y subsiguiente error fue causal y determinante la “torpeza” del querellante y personas de su entorno, que omitieron una actuación que con absoluta seguridad hubiera impedido el error.

Desde este punto de vista el engaño no es “bastante” o “suficiente” si lo valoramos como comportamiento del sujeto agente que tiende a provocarlo, ya que con la documentación y demás pruebas aportadas al juicio civil por el demandante jamás lo hubiera conseguido.

La negligencia del querellante, sin ser dicho sujeto el objetivo del engaño, fue determinante para confundir al juez, lo que hace que de tal comportamiento no pueda aprovecharse para construir un engaño procesal, que el acusado con sus propios medios falaces o ardides empleados no hubiera podido alcanzar nunca, quedando el comportamiento fraudulento de éste prácticamente en un delito imposible.
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