Recordatorio a las Cortes de Apelaciones, sobre el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 784 del Código Civil (ya derogado), referido a la Registro de






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RECURSO DE AMPARO

Sesión del día viernes 23 de febrero de 1951. 1º...... 3º...... Se dio cuenta del telegrama que dice: "Por Telégrafo de San Pedro Sula, 20 de febrero de 1951. Honorable Corte Suprema de Justicia. Recibido por Tegucigalpa, D. C. Esta Corte respetuosamente consulta al Honorable Tribunal Supremo si es competente para conocer recursos de amparo contra Distritos Departamentales y Seccionales o Locales. La jurisdicción de los Distritos no comprende por regla general todo el Departamento o Sección. Tenemos casos y no hay aquí uniformidad de criterio. Este Tribunal desearía resolver con el mejor acierto. Joaquín Salinas, Presidente Corte de Apelaciones". Y SE DISPUSO que se conteste: que no existe en la República distrito alguno con jurisdicción departamental o seccional; y que, en consecuencia, de conformidad con el número segundo del artículo séptimo de la Ley de Amparo, los Jueces de Letras departamentales o seccionales son los competentes para conocer y resolver los amparos por violaciones cometidas por los Consejos de distritos o alguno de sus miembros, aunque los distritos lleven los adjetivos departamentales o seccionales.
AUTO ACORDADO (100)

27 de Febrero de 1951.
DERECHO DE DEFENSA

En lugares donde solo hay un Abogado en ejercicio de la profesión debe aplicarse la garantía del derecho de defensa, por lo que las personas pueden ser representadas por cualquier ciudadano capaz. Que reúna las condiciones legales.
DERECHO DE DEFENSA

ACTA No. 40. De la sesión celebrada el día martes 26 de febrero de 1951. 1º...... 4º. ..... Con vista del oficio que dice: "Comayagua, D. C., 14 de febrero de 1951. Señor Secretario de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Tegucigalpa. Con instrucciones de este Tribunal, por su merecido medio, y en relación con su mensaje de trece de los corrientes, en que el individuo Max Ayala manifiesta, que las personas que tienen asuntos que ventilar en el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, se ven en dificultades, porque esta Corte anula los juicios e que intervienen ciudadanos que no tienen el carácter de Abogados y Procuradores, y que en La Paz, no hay más que un Abogado enfermo y otro que es quien litiga, se informa a la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: 1º. Que ciertamente esta Corte con fecha cinco de los corrientes decretó la aludida nulidad de todo lo actuado en el Juicio criminal seguido contra Manuel Alcerro Padilla, por el delito de estupro en la menor María Concepción Reyes, que se conoció en Apelación, a partir del auto en que el Juez de Letras Seccional de La Paz, con fecha veintidós de agosto anterior, nombró defensor de oficio del reo Alcerro Padilla, el quejoso Max Ayala, quien es persona que no ostenta título de Procurador ni Abogado; tal nulidad se decretó, teniendo en cuenta el informe del propio Juez de Letras Seccional de La Paz, de que en su jurisdicción hay un Abogado y un Licenciado, que lo son los señores Coronado Varela y Héctor Castillo Lara; y que, además, litigan diariamente en dicha jurisdicción los Abogados de esta Cabecera Departamental de Comayagua, que queda a un rato de carro de La Paz; encontrándose entre estos últimos los Abogados Bernardo Mayén B., Nicolás C. Carranza y Servando Ulloa; tal resolución de nulidad se apoya en los artículos 3º. De la Constitución de la República; 9º, 10º, y 11º. Del Código Civil; 956 del Código de Procedimientos, 252 reformado, 254 reformado y 255 de la Ley de O. y A. de los Tribunales; y 2º. Que esta Corte al propio tiempo que decretó la nulidad de autos, fundada en que en La Paz hay Procuradores y Abogados, y que en el artículo 252 reformado sólo permite litigar a los ciudadanos de notoria honradez y que sepan leer y escribir, SI NO HUBIERA NINGUNA DE ESTAS DOS CLASES EN EL TERMINO MUNICIPAL, llamó la atención del Juez de Letras de La Paz, en el sentido de que no dé acceso a litigar en contravención a los artículos de la citada Ley de O. y A. de los Tribunales, al velar por el cumplimiento estricto de la Ley, se inspira en el deseo de moralizar y prestigiar la Administración de Justicia, únicamente. T. CERNA ZELAYA, Srio". La Corte Suprema RESUELVE, que la interpretación del artículo 252 reformado, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales debe hacerse en relación con el artículo 44 de la Constitución Política, que consigna la garantía del derecho de defensa, pues habiendo en la ciudad de La Paz sólo un Abogado en el ejercicio de la Profesión, los que no fueren representados en la procuración por este único Abogado, quedarán sin representación y defensa, por lo cual, éstos pueden ser representados por cualquier ciudadano capaz, que reúna las demás condiciones legales. Y que este punto de acta se comunique a la Corte de Apelaciones de Comayagua, y a las demás Cortes de la República, para su conocimiento y para que lo hagan saber a los Jueces de Letras.

AUTO ACORDADO (101)

13 de Marzo de 1951.

ACTUACIONES NOTARIALES

Censura a un Notario por autorizar instrumentos sujetos o inscripción sin que haya exigido la exhibición de los títulos de Propiedad al dueño del bien, o una certificación del Registro del Bien.


ACTUACIONES NOTARIALES

ACTA No. 50. Sesión del día martes 13 de marzo de 1951. 1º...... 2º. Con motivo de la queja presentada por la señora Elizabeth de Mazier contra un Notario....., y de la consulta hecha por el Registrador de la Propiedad Inmueble de la ciudad de La Ceiba, sobre si es inscribible la escritura de venta de un inmueble otorgada por doña Amalia William v. de Dumbar, como apoderada de Alberto, María Luisa y Alma Dumbar, y curadora del demente Jorge Dumbar hijo, a favor de Emilia Sutton, por tener informes el Registrador que la escritura de poder no ha sido debidamente autenticada, se mandaron a traer a la vista las copias de las escrituras autorizadas por dicho Notario en Guanaja y La Ceiba, de las cuales aparece: a) En el testimonio del instrumento número 14 autorizado en el Puerto menor de Guanaja, Depto. de las Islas de la Bahía, el veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta ante el Notario..... el señor Alfred Bernice Bodden de ochenta años de edad, viudo, labrador y vecino de Guanaja, vende a la señora Ada Amalia Bodden, por el precio de cuatro mil lempiras, cinco propiedades, de los cuales manifiesta carece de título, pero por prescripción extraordinaria adquirió el dominio pleno. El Notario no observó la disposición contenida en el artículo 59 del Reglamento del Registro de la Propiedad que dispone, que los cartularios no podrán autorizar ningún instrumento sujeto a inscripción sin que se les exhiban, por quien corresponda, los títulos de su derecho, o una certificación del Registro de ellos. b) La primera copia del instrumento número cuatro autorizado por el Notario ....., en la ciudad de La Ceiba, el nueve de febrero del año en curso, en la que comparecen doña Amalia v. de Dumbar y doña Emilia de Sutton, casada, ambas mayores de edad, de oficios domésticos y de dicho vecindario, accionando la primera como mandataria de doña Alba Dumbar de Scott en la ciudad de New York, Estado de New York, Estados Unidos de América en que otorgan poder general a favor de la señora Amalia William v. de Dumbar, ante los oficios del Notario Público don José C. Rodríguez, en la ciudad de Nueva York, el día 7 de julio de 1951, que el Notario....., manifiesta tener a la vista, debidamente autenticado. c) Al pedir informe este Tribunal a..... Sobre la escritura autorizada en Guanaja manifestó: "Que tanto en el Contrato como en la escritura concurrieron todas las solemnidades de Ley; hallándose los contratantes, según su manifestación, en el ejercicio de sus derechos civiles, siendo el vendedor dueño de dos casas de madera, y de los lotes de terreno que vendió, lo cual lo acreditó con los documentos del caso. d) Con fecha veintiséis de febrero anterior, el Abogado..... se presentó a este Tribunal solicitando la auténtica del señor Ministro de Gobernación que aparece en el Poder General que los señores Alba Dumbar de Scott, María Luisa Dumbar y Alberto del mismo apellido otorgaron en la ciudad de Nueva York ante los oficios del Notario Público don José C. Rodríguez, a favor de doña Amalia Williams v. de Dumbar y del cual aparece que el Secretario de Relaciones Exteriores autenticó el 28 de febrero anterior la firma del Consulado General de Honduras en Nueva York Juan F. Fúnez, y que ese mismo día el Secretario de Gobernación, Justicia, Sanidad y Beneficencia, autenticó la del Secretario de Relaciones Exteriores por la Ley, Licenciado Alejandro Alfaro Arriafa. El Notario..... Dio fe al autorizar la escritura de que se ha hecho mérito, el nueve de febrero del año en curso, de que el poder autorizado por el Notario José C. Rodríguez, tenía las auténticas de Ley, lo cual no era cierto pues ni siquiera se había Autenticado por el Ministro de Relaciones Exteriores. En vista de lo anterior esta Corte, tomando en consideración los hechos relacionados, RESUELVE: Censurar la conducta del Notario Público..... Y ordenarle el estricto cumplimiento de los artículos 49 de la Ley de Notariado y 59 del Reglamento de la Propiedad.
AUTO ACORDADO (102)

4 de Mayo de 1951.
MATERIA DE FAMILIA

Prerrequisitos de una causal de divorcio no completados, por lo tanto se recomienda a los Jueces de Letras que pongan la debida atención a fin de que sus fallos se ajusten a la Ley, evitando incurrir en tergiversaciones de sus preceptos.
MATERIA DE FAMILIA

ACTA No. 89. Sesión del día viernes 4 de mayo de 1951. 1º...... 2º...... con motivo de la solicitud presentada el 2 de este mes por el Abogado Darío Montes pidiendo que se autentiquen las firmas del Secretario y del Ex-Juez 1º. De Letras de este Depto. Abogado....., puesta en una certificación de la sentencia que dictó el propio Juez señor..... el 12 del año pasado en la demanda ordinaria de divorcio presentada por la señora Gloria Matilde Rodríguez de Aguilar Rivera, mayor de edad, casada, de oficios domésticos y de este vecindario, contra su esposo Edgardo Aguilar Rivera, se ha examinado dicha certificación y de ella aparece: Que en la demanda aludida relacionada con el fallo, la actora expuso como causal de divorcio: "Mi marido Don Edgardo Humberto Aguilar Rivera, viene maltratándome materialmente, ejecutándome frecuentes malos tratamientos de obra con perjuicio de mi persona, debido si duda a la manifiesta diferencia de caracteres que existe entre los dos. Pero durante los días primero y dos del presente mes, los malos tratamientos de mi esposo Edgardo Humberto Aguilar Rivera, llegaron al extremo de haberme ejecutado con violencia varios golpes, no pudiendo continuar nuestra vida matrimonial sin el cariño que es lo esencial en el matrimonio y repite que invoca como causal de divorcio "Los frecuentes malos tratamientos de obra inferidos" por mis esposo en la forma indicada anteriormente". Cita la actora como fundamento de derecho el número 3º. Del artículo 143 ref. Del Código Civil, que es una causal de divorcio y dice así: "Graves y frecuentes malos tratamientos de obra inferidos por alguno de los cónyuges al otro, o a los hijos, si pusieren en peligro su vida". Pero la demandante solamente alegó graves y frecuentes malos tratamientos de obra inferidos por su esposo, hecho que no completan la causal de divorcio que establece el Código Civil, y que arriba se copia, apareciendo aquellos hechos como una causa no prevista por la Ley. El demandado contestó la demanda aceptando los hechos y consideraciones de derecho de la misma; y con estos únicos antecedentes se dictó la sentencia en que se declara disuelto el vínculo matrimonial; y como los referidos hechos no constituyen la causal de divorcio del número 3º. Del Art. 146 del Código Civil, en que se fundamenta la mentada sentencia; la Corte Suprema, interesada en que la administración de justicia se imparta en un todo de conformidad a la ley ACUERDA: 1º. Recomendar a los Jueces de Letras, que en casos como el de referencia, pongan la debida atención, a fin de que sus fallos se ajusten a la Ley, evitando incurrir en tergiversaciones de sus preceptos. 2º. Que se comunique este auto acordado a las Cortes de Apelaciones y a los Jueces de Letras de lo Civil.
AUTO ACORDADO (103)

5 de Mayo de 1951.
MATERIA CRIMINAL

Que lo Jueces de Letras una vez, que por sentencia firme se halla efectuado el Avaluó de las armas caídas en comiso, pondrán, durante diez días, carteles anunciando su venta en las oficinas del Juzgado. La base del remate será el avaluó y si no se presentaren los postores, en la segunda audiencia se adjudicaran al mejor postor. Los fondos generados serán entregados a la Tesorería de Justicia.
MATERIA CRIMINAL

ACTA No. 90. Sesión del día 5 de mayo de 1951. 1º...... 3º. ..... Con vista del informe de varios Jueces, en que hacen detalle de las armas que han caído en comiso, y no siendo por razones que son obvias, que en los Juzgados hayan depósitos de armas, SE DISPUSO: 1No. Que los Jueces de Letras, una vez, que por sentencia firme se haya efectuado el avalúo de las mismas, y el anuncio de la venta por carteles que se pondrán en la oficina del Juzgado durante diez días. 2No. Que la base del remate sea el avalúo y si no se presentaren postores, que en la segunda audiencia se adjudiquen al mejor postor. 3No. Que estos fondos sean entregados a la Tesorería de Justicia. Y que este Acuerdo se haga del conocimiento de los Juzgados de Letras para su debido cumplimiento.

AUTO ACORDADO (104)

11 de Mayo de 1951.
ACTUACIONES NOTARIALES

Prevención a algunos Notarios para que dentro de un mes remitan a la Corte las copias de los Instrumentos públicos que no han enviado aun y que autorizaron durante el año de 1950.

ACTUACIONES NOTARIALES

ACTA No. 95. Sesión del día viernes 11 de mayo de 1951. .....1No. Se aprobó y firmo el acta de la sesión anterior 2No. Apareciendo del conocimiento que se lleva en la Secretaría que no se han enviado a este Tribunal las copias de los Instrumentos Públicos autorizados durante el año de 1950, como lo previene el artículo 18 de la Ley de Notariado, los Notarios siguientes: Antonio C. Bustillo, Pedro Arturo Zuniga, Lisandro Valle, Manuel Torres Ramos, Isaías López Inestroza, José R. López Aguilera, Francisco salomón Jiménez, Jerónimo Sandoval, Timoteo chirinos Z., Abel Fonseca Flores, Luís Villafranca, Angel B. Zepeda, Guadalupe Zelaya Gómez, Juan miguel Mejía, César F. Matamoros, José Ayala Z., Samuel García y García, Adán López Pineda, Carlos Banegas Aguilar, Daniel Casco L., Carlos Valladares Núñez, Salvador Zelaya, Eliseo Pérez cadalso, Luís Elvir H., Héctor Chavarria V., Manuel Luna Mejía, Francisco G. Velásquez, Héctor Mejía López, René Cruz, Arturo H. Medrano Alfonso Alvarado O., Federico Leiva, Francisco Murillo Selva, Carlos A. Zúñiga, Roberto Soto Suazo, José Maria Matute G., Gustavo Adolfo Navarro, Ernesto Alvarado García, Joaquín Palma Oyuela y Francisco José Jiménez Castillo; SE DISPUSO: prevenir a los referidos Notarios, para que dentro de un mes, remitan a este Tribunal las copias que hayan dejado de enviar; bajo apercibimiento de imponer las multas que establece el artículo 66 de la Ley de Notariado.


AUTO ACORDADO (105)

2 de Julio de 1951.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Para inscribir Lotes de Terrenos en domino útil, cedidos por las Municipalidades o concejos de Distrito, los registradores de la Propiedad Inmueble deben exigir los Testimonios de escritura de la concesión, autorizada por el representante legal de la Municipalidad o concejo.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

ACTA No. 136. Sesión del día lunes 2 de julio de 1951. 1º...... 4º...... Con vista del oficio del Banco Nacional de Fomento, de fecha 9 del mes de junio último en que expresa los propósitos de la institución encaminados a llevar los beneficios del crédito agrícola por todos los rumbos del país, haciendo especiales facilidades a las clases trabajadoras; que para garantizar los créditos, repetidas veces el Banco acepta gravámenes de hipotecas de propiedades que forman parte de los ejidos de los pueblos; y que no hay un procedimiento uniforme de los Registradores de la Propiedad para la inscripción, ya que algunos requieren escritura pública otorgada por el Síndico Municipal o por el Fiscal del Concejo del distrito, y otros inscriben la certificación extendida por el Secretario del punto del acta que concede el dominio útil del respectivo terreno: la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 702, 713, 1575 No. 1º. Y 2312, No. 1No. del Código Civil. ACUERDA: 1No. Que los Registradores de la Propiedad Inmueble de la República para inscribir lotes de terreno cedidos por las Municipalidades o Concejos de Distrito, en dominio útil, exijan testimonios de la escritura de concesión, y autorizada por el representante legal de la Municipalidad o Concejo y el Cesionario, 2No. Que para su cumplimiento se transcriba este Acuerdo a las Cortes de Apelaciones, para que ellas lo hagan saber a los Registradores de sus respectivas jurisdicciones; y 3No. Que se comunique el presente Acuerdo al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento.
AUTO ACORDADO (106)

20 de Julio de 1951.
MATERIA FISCAL

Los Funcionarios Judiciales deben atender a las personas exentas del pago de Impuestos sobre la renta en las solicitudes o gestiones de toda clase que les presenten o promuevan, debiendo dichos Funcionarios aceptar la declaración de los interesados de que no están obligados a la referida tributación. Excitar a la Dirección General del Impuesto Sobre la Renta, de enviar a los Juzgados y Tribunales la lista de personas que están obligadas a pagar Impuestos Sobre la Renta. Al Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil, en lo sucesivo acepte como verdadera la Fe Publica, pues el objeto de la Ley es que el pago del impuesto se efectué.
MATERIA FISCAL

ACTA No. 151. Sesión del día viernes 20 de julio de 1951. 1º...... 2No...... Con motivo del oficio que dice: "DIRECCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Tegucigalpa, D. C., Honduras, C. A. No. 121 julio de 1951. Honorable Corte Suprema de Justicia. Esta oficina está recibiendo diariamente solicitudes telegráficas de exención de pago del Impuesto de personas que tienen casos urgentes como las acusaciones por estupro, rapto, etc. Como dilación en obtener estas tarjetas es sin duda perjudicial, no sólo a los intereses del particular afectado, sino a la sociedad en general, pues es de interés social que los delitos no queden impunes; con debido respeto, nos dirigimos a ese Alto Tribunal, rogándole se sirva impartir sus instrucciones a los Tribunales de su dependencia para que, en asuntos criminales, den curso a las denuncias, acusaciones y demás gestiones judiciales encaminadas a expeditar la justicia. De la Honorable Corte Suprema, con la mayor consideración, su servidor muy alto. GABRIEL A. MEJIA, Director General". Comprendiendo el artículo 44 de la Ley del Impuesto de que trata dicha Ley, más no a las que están exentas de pagar, y tomando en consideración que éstas, en su mayoría no han podido obtener su constancia de exención, seguramente por muchas razones, como la distancia de domicilio o residencia, por el abundante trabajo de la oficina que las extiende, o por falta de conocimiento de los interesados acerca de su obtención, esta Corte RESUELVE: 1No. Que los funcionarios judiciales deben atender a las personas exentas de pago del impuesto sobre la renta en las solicitudes de todas clases que les presenten, o gestiones que ante ellos prueban, aunque no exhiban constancias de exención, debiendo los indicados funcionarios judiciales aceptar la declaración de los interesados de que no están obligados a la referida tributación. 2No. Excitar a la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, para que envíe a los Juzgados y Tribunales de la República, las listas de las personas que están obligadas a pagar, en la respectiva jurisdicción del impuesto sobre la renta, a fin de facilitar el cumplimiento del artículo 44, ya mencionado. 3No. Para la observancia de este punto de acta que se comunique a los Juzgados y Tribunales de Justicia; y 4No. Transcribir este punto de acta a la Dirección General de Impuesto sobre la Renta, para los efectos consiguientes. 5No. Teniéndose conocimiento de que en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de este departamento se exige la presentación de las constancias de pago del impuesto sobre la renta para la inscripción de las escrituras, a pesar de constar en las mismas que el Notario autorizante dio fe de ellas, SE DISPUSO decir al indicado Registrador por medio de la Secretaría, que en lo sucesivo acepte como verdadera la fe del Notario, por ser Ministro de Fe Pública, pues el objeto de la Ley es que el pago del impuesto se efectúe.
AUTO ACORDADO (107)

27 de Julio de 1951.
PERSONAL JUDICIAL

Los empleados Judiciales con más de un año en el ejercicio de sus funciones tienen derecho a un mes de licencia con goce de sueldo; y para mejor control, debe comunicarse previamente a la Corte el otorgamiento de licencia.
PERSONAL JUDICIAL

ACTA No.157. Sesión del día 27 de julio de 1951. 1º...... 6º...... En vista del oficio que dice como sigue: "JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL. Tela, D. C., 17 de julio de 1951 Of. No. 7. Señor Secretario de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa, D. C., Por su medio me permito hacer a esa honorable Corte la consulta siguiente: deseo saber en que forma se hace la solicitud y a quien se dirige para el efecto de obtener la autorización del pago del mes de sueldo a que tienen derecho los Jueces de Letras y demás empleados conforme al Art. 113 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y según Decreto No. 70 de fecha 24 de febrero de 1951. Pues empleados de este Juzgado desean saberlo para en caso de solicitar licencia. De Ud. Atto. Y S.S. Sello. ISABEL NUÑEZ SOTO. Juez de Letras". SE DISPUSO decir al Juez de Letras mencionado: 1No. Que los empleados que tienen derecho a un mes de licencia con goce de sueldo, son los que han estado más de un año en ejercicio; y 2No. Que para control previamente debe comunicarse a este Tribunal, pues la partida que aparece en el Presupuesto es reducida.

AUTO ACORDADO (108)

13 de Agosto de 1951.
MATERIA CIVIL

En las ventas forzadas en pública subasta que se hacen por Decreto Judicial, a petición de un acreedor, la persona cuyo dominio se transfiere es el tridente, y el Juez es su representante Legal.
MATERIA CIVIL

ACTA No. 171. Sesión del día 13 de agosto de 1951. 1º...... 3º...... El Juez de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula hace la siguiente consulta. Que en los juicios ejecutivos especialmente y quizá en algún otro juicio, tendrá que otorgar escritura pública de traspaso de bienes, cuando se llegue el remate, y el demandado se vuelve contumaz en comparecer a otorgar y suscribir el correspondiente título traslativo de dominio al rematante de los bienes que se hubieren embargado, y como para otorgar tal documento, debe el demandado o tradente presentar al Notario el comprobante de haber pagado su contribución personal de Vialidad, el Impuesto sobre sus Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre la Renta o Constancia de Exención, comprobantes que no podrá presentar el consultante, ya que actuaría por Ministerio de la Ley y en representación del demandado y dueño se ve precisado a pedir se le indique la manera cómo se puede subsanar esta laguna que los legisladores no previeron al poner en sus manos las leyes al respecto, para su cumplimiento en los diversos casos que a diario ocurren y ocurrirán en lo sucesivo. En vista de la consulta de que se hace mérito, la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que en las ventas forzadas que se hacen por Decreto Judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el Juez su representante legal, de acuerdo con el artículo 698 del Código Civil; pues de no ser así, sucediendo generalmente que el demando no comparece a otorgar la escritura publicado tradición de dominio de los bienes que han sido rematados, el remate, que es el medio con que se hace efectiva la sentencia condenatoria, quedaría sin efecto. RESUELVE: 1No. Que no pudiendo el Juez como otorgante de la indicada escritura en representación del demandado presentar los comprobantes que se han determinado, tales comprobantes no deben ser exigidos por los Notarios para autorizar la escritura, y por los Registradores para inscribirla, en el caso especial Objeto de la consulta; porque si tuviera que atender a los preceptuado por los artículos 47 de la Ley de Vialidad 39 y 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la tradición del dominio de los inmuebles rematados al demandado no podría efectuarse y sería inútil el procedimiento judicial; por el que se llega a dictar la sentencia condenatoria y a rematar los bienes embargados, pues no deben entenderse reformados por esas leyes administrativas los Códigos de Procedimientos y Civil; y 2No. Comunicar esta resolución a las Cortes de Apelaciones, para que a su vez las transcriban a los Registradores y Jueces de Letras de la República, debiendo éstas ponerla en conocimiento de los respectivos Jueces de Paz, para los correspondientes efectos.
AUTO ACORDADO (109)

23 de Agosto de 1951.

LABORAL

Es embargable la tercera parte del salario o jornal de conformidad al Artículo 1,444, Numero 1 del Código Civil.
LABORAL

Acta Numero 180.- Sesión del día jueves veintitrés de Agosto de mil novecientos cincuenta y uno. 1No. Se aprobó y firmo el Acta de la sección anterior .- 2No. 3No. 4No. 5No. 6No. 7No. 8No. E n vista del telegrama dirigido por el Juez de Letras de la Sección de Tela, en que consulta: Si la tercera parte de los mismos salarios o jornales de lo mozos que ganan de conformidad del Articulo 1,444 del Código Civil son embargables ya que la Ley no esta muy clara al respecto SE DISPUSO contestarle: que no hay ninguna duda de conformidad con el Articulo 1,444 Numero 1 del Código Civil, de que es embargable la tercera parte de salarios o jornaleros
AUTO ACORDADO (110)

24 de Agosto de 1951.
PRACTICA UNIVERSITARIA

La corte resolvió emplear estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como empleados Judiciales.
PRACTICA UNIVERSITARIA

ACTA No. 181. Sesión del día viernes 24 de agosto de 1951. 1º...... 3º...... Se dio cuenta de la exposición que dice: "Tegucigalpa, D. C., 14 de agosto de mil novecientos cincuenta y uno. Señor Secretario de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Tegucigalpa, D. C., Señor Secretario: Por su digno medio nos dirigimos a este Honorable Cuerpo de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el objeto de elevar a su consideración algunas sugerencias relativas a los hechos siguientes: 1No. Es notoria la importancia que tiene en la vida profesional la práctica desarrollada por los Estudiantes en los distintos tribunales 2No. Como es de conocimiento, anualmente ingresan a la Facultad un crecido número de estudiantes, que teniendo a su vez necesidad de práctica pueden ser debidamente satisfechos por la organización actual de dichos Tribunales. 3No. Demás está decir que sin desempeñar papeles responsables en la administración de la justicia, nuestra práctica es radicalmente deficiente 4No. Nos consta personalmente el crecido número de elementos ajenos a la profesión del Derecho que, en calidad de Secretarios, escribientes, etc., ocupan puestos, que en rigor corresponderían a los que mañana tendrán en sus manos todo el aparato de la justicia y cuya preparación será insuficiente si no se les permite desempeñar un papel activo en el manejo de los asuntos judiciales. Es conveniente, pues, conceder a los estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales la oportunidad de una práctica constante, en lugar de todas aquellas personas, que, ajenas a la profesión del Derecho, no tiene por consiguiente necesidad de ella. Por esto pedimos a la Honorable Corte Suprema de Justicia tome en cuenta esta consideración y dicte las disposiciones del caso a fin de que el estudiante de Derecho pueda desempeñar los puestos judiciales. Y también sugeriríamos que en los Juzgados de paz los cargos de Juez y Secretario fueran rotativos entre los alumnos del Cuarto y Quinto Curso, dando oportunidad así a que todos adquieran la experiencia necesaria para su Actuación en la vida judicial. Esperando que la Honorable Corte tome en consideración la presente y vea en nuestras manifestaciones el legítimo deseo de mejor servir a nuestra Patria, nos es grato suscribirnos sus atentos servidores: JOSE MARIA PALACIOS M., Presidente. ANTONIA SUAZO B., Secretaria". La Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, desde el tercer curso, están obligados a hacer práctica en los Juzgados y Tribunales; que es conveniente que aquellos estudiantes tengan facilidades para su práctica, principalmente si son de familia pobre, ofreciéndoles medios de estímulo al mismo tiempo; y que en los servicios en esta Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Juzgados de Letras con sede en esta capital requieren empleados que tengan conocimientos de los principios del Derecho. RESUELVE: 1No. Que los empleados de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y Juzgados de Letras de esta Capital, sean estudiantes del Tercer, Cuarto, y Quinto curso, de la mencionada Facultad, pudiendo conservarse si así conviniere, a los empleados que lleven más de cinco años de servicio en el puesto que actualmente desempeñan. 2No. Para estos fines, el estudiante presentará su matrícula y Constancia del Decano de la referida Facultad, de su buena conducta, asistencia de sus clases y aplicación de sus estudios; 3No. Que las Cortes de Apelaciones y Juzgados de Letras indicados, envíen a este Tribunal a más tardar el último de Septiembre próximo, una nómina de sus respectivos empleados nombrados de conformidad con los términos del presente auto acordado, y 4No. Recomendar a los Jueces de Letras de este Departamento, que los Jueces de Paz, de este Distrito Central, sean estudiantes del Quinto Curso de Derecho.
AUTO ACORDADO (111)

29 de Agosto de 1951.

LABORAL

Transcribir al Señor Ministro de Fomento, Agricultura y Trabajo, el punto ocho del Acta Número 180 del 23 de Agosto de 1951, referido a que es embargable la tercera parte de salarios o jornales de conformidad con el Articulo 1,444 Numero 1 del Código Civil.
LABORAL

ACTA No. 185. Sesión del día miércoles 29 de agosto de 1951. 1º...... 7º...... En vista de los Telegramas siguientes: "POR TELEGRAFO DE LA CEIBA, 24 de agosto de 1951. Señor Secretario de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Tegucigalpa, D. C. Ruégole decirme es legal embargar tercera parte sueldo operario Leopoldo Colet, carretera central. Ingeniero Crespo niégase admitir embargo, sólo admite por alimentación pero la ley no hace distinciones. Respetuosamente. LUIS DURON". "POR TELEGRAFO DE LA CEIBA, 27 de agosto de 1951. Secretario Honorable Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa, D. C. Refiriéndome al mensaje dirigido por Luis Durón que se transcribe, informo que el Ingeniero Ernesto Crespo, Jefe de la Carretera Central, que la Dirección General de Caminos en esa capital le dio instrucciones para que no aceptara embargos sobre los sueldos que devengan los trabajadores de dicha carretera, salvo el caso de que la deuda provenga de alimentos. M. T. ALVARADO". SE DISPUSO que se transcriba al señor Ministro de Fomento, Agricultura y Trabajo, el punto 8º. del Acta 180, de 23 del año en curso para los efectos que sean del caso, y los telegramas inciertos en éste, y que se haga también del conocimiento del señor Durón y del Juez de Letras de La Ceiba, el mencionado punto de acta.
AUTO ACORDADO (112)

21 de Septiembre de 1951.
ADMINISTRATIVO INTERNO

Se sugiere cambio de la redacción de lo Articulo 4 de la Ley del Presupuesto General de Gastos, en el sentido de que la Tesorería Especial de Justicia, después de pagar su Presupuesto del año económico, no queda obligado a remitir a la Tesorería General de la Republica el efectivo disponible que le haya quedado.
ADMINISRATIVO-INTERNO

ACTA No. 203. Sesión del día viernes 21 de septiembre de 1961. 1º...... 2No...... SE DISPUSO enviar al señor Ministro de Gobernación y Justicia, la nota que dice como sigue: Tegucigalpa, D. C., 21 de septiembre de 1951. Señor Ministro: En cumplimiento de lo que dispone el artículo 12 atribución 14 del Reglamento Interior de La Corte Suprema de Justicia me permito enviar a Ud. una copia del Proyecto de Gastos del Poder Judicial para el año económico de 1952-1953, rogándole se sirva pasarle al Ministro de Hacienda, Crédito Público y Comercio, para los fines correspondientes. En el capítulo 3No. se incluyen seis Juzgados de Letras par el Departamento de Francisco Morazán estableciéndose así un nuevo Juzgado de Letras que será para lo criminal, tomando en consideración el aumento de población y de la criminalidad. Esta Corte presentará en las próximas sesiones ordinarias del Congreso Nacional la iniciativa del caso, para la creación del nuevo Juzgado, y la modificación de la jurisdicción en materia criminal, de los tres existentes, señalando la del que se trata de aumentar. Se reitera la manifestación que se hizo en la nota del 22 de septiembre de 1950, 1952, y que dice: "También se hace un cambio en la redacción del artículo 4No. de la Ley de Presupuesto General de Gastos en el sentido de que la Tesorería Especial de Justicia, después de pagar su presupuesto del año económico no queda obligada a remitir el efectivo, disponible que le haya quedado a la Tesorería General de la República. Esta modificación está fundada en el artículo 148 de la Constitución Política que preceptúa: "Que los fondos de la Tesorería se destinarán al pago de los sueldos correspondientes a los empleados de la Administración de Justicia y a los Gastos del mismo ramo". Se expresó igualmente en la citada nota que es una necesidad inaplazable, la construcción del Palacio del Poder Judicial, pues la casa que ahora ocupa el Tribunal Supremo y las Cortes 1No. y 2No. de Apelaciones y la Tesorería Especial de Justicia, es demasiado estrecha, no siendo ya adecuada. Esta necesidad subsiste aún. La suma total del proyecto mencionado es igual a la producción para el fondo de Justicia durante el año Fiscal 1950-51. Soy del señor Ministro, atte.- y S. S., SILVERIO LAINEZ".
AUTO ACORDADO (113)

15 de Octubre de 1951.

MEDICINA FORENCE

Por disposición Legal, los Cirujanos Militares están obligadas a desempeñar funciones de medico forense cuando no exista forense de alguna localidad. Poner en conocimiento del Señor Ministro de Guerra esta dispocision

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MEDICINA FORENSE

ACTA No. 220. Sesión del día lunes 15 de octubre de 1951. 1º..... 6º...... Se leyó el oficio que dice como sigue: "JUZGADO 1No. DE LETRAS DE LO CIVIL. San Pedro Sula, D. C., 10 de octubre de 1951. Señor Secretario de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa, D. C. Por el digno medio y acostumbrado medio suyo, tengo el honor de poner en conocimiento del Alto Tribunal de Justicia, que éste Juzgado se ve en serias dificultades cuando se trata de reconocimiento de heridos y cadáveres, o Cuando se necesita el dictamen de un facultativo, por no haber Médico Forense en la localidad. El inconveniente de que me ocupo lo están confrontando también los Juzgados de Paz dependientes de este Tribunal, como lo pone de manifiesto el oficio que a continuación me permito transcribir, para lo que la Honorable Corte Suprema tenga a bien disponer: SAN PEDRO SULA, D. D., 10 de octubre de 1951. Señor Juez 1º. De Letras de lo Criminal. Presente. Hace más de un año, y a raíz de la muerte del Dr. S. M. Walter, quien era Cirujano Militar de esta plaza, estos Juzgados de Paz 1º. Y 2º. de lo Criminal, se han visto se ven hasta la fecha en serias dificultades con motivo de no haber Médico Forense nombrado para el reconocimiento y emisión de dictámenes periciales, cuando han sido nombrado para ello, pues el Cirujano Militar de esta plaza se niega al reconocimiento de los heridos, alegando que él no es Médico Forense sino que Cirujano Militar, exclusivamente para este Ramo: lo mismo ocurre con los Médicos del Hospital Leonardo Martínez V. de esta ciudad, quienes se niegan también a emitir dictámenes, alegando la misma causa a pesar de que algunos heridos pobres de los campos y de esta ciudad, son asistidos allí y cuando lo llegan a hacer, emiten dictámenes incompletos, previo pago del ofendido. Consideramos que en este caso la aceleración de la Justicia, deja mucho que desear, porque no hay auxilio para ella en este sentido. De manera que no es de extrañar que nuestros Juzgados tengan que recurrir a nombrar peritos o personas particulares para hacer reconocimientos de heridos, golpeados, etc., aunque existen Médicos que son los llamados a ello. En esta virtud rogamos a Ud. hacer las gestiones del caso, con quien corresponda a efecto de que el Ministerio de Gobernación y Justicia, se interese en el nombramiento de un Médico Forense para esta ciudad. En espera de que Ud. sabrá darle a la presente la atención que se merece, nos suscribimos de Ud. sus Muy Attos. Y Ss. Ss. Sello. SALVADOR SOTO, Juez de Paz. Sello. VICTOR M. BARNICA., Juez 2º. De Paz". Con toda consideración soy de Ud. Attos. Y S. S. ALEJANDRO LOPEZ, Juez 1º. De Letras de lo Criminal". SE DISPUSO que se diga al Juez 1? de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula, que el Cirujano Militar de esta plaza está obligado a desempeñar las funciones de Médico Forense conforme al artículo 11 de la TERCERA SECCION, DISPOSICIONES GENERALES de la Ley del Presupuesto General de Egresos e Ingresos, vigente; que se transcriba este punto de acta a todos los demás Jueces de Letras con jurisdicción en lo Criminal, en donde no haya Medico Forense nombrado, para que lo hagan del conocimiento de los Cirujanos Militares, e informen a este Tribunal si esos empleados cumplen con su obligación; y al señor Ministro de Gobernación y Justicia, con ruego de que se sirva ponerlo en conocimiento del señor Ministro de la Guerra.
AUTO ACORDADO (114)

7 de Noviembre de 1951.
TERRENOS EJIDALES

Recordando la prohibición de enajenar en dominio pleno de los terrenos ejidales de pueblos y aldeas y la obtención de su inscripción, hace referencia a las excepciones de la prohibición.
TERRENOS EJIDALES

ACTA No. 238. Sesión del día miércoles 7 de noviembre de 1951. 1º...... 2º...... Se emitió el siguiente Auto Acordado: "Tegucigalpa, D. C., 7 de noviembre de 1951. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con vista de informes que le han llegado, de que en algunos lugares del país están enajenando en dominio pleno, terrenos de los ejidos de pueblos y aldeas, contra la prohibición del artículo 155 de la Constitución de la República que dice: se prohíbe la enajenación del dominio pleno, excepto para los Lotes de familia, de los terrenos del Estado que a continuación se expresan: 1º. Los de las zonas limítrofes a los Estados vecinos y los situados en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior del país. 2º. Los de los ejidos de pueblos y aldeas. 3º. Los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena. 4º. Los terrenos medidos y titulados a las tribus indígenas extinguidas y los que hubieren pertenecido a aldeas y municipios que ya no existen; ACUERDA: 1º. Que las Cortes de Apelaciones ordenen a los Jueces de Letras y a los Jueces de Paz de sus respectivas jurisdicciones, el estricto acatamiento del artículo preinserto, y que informe a esta Corte Suprema de cualquier infracción del mismo. 2º. Ordenar a los Notarios y Jueces Cartularios de la República la debida observancia de la prohibición del referido artículo. 3º. Ordenar a todos los Registradores de la Propiedad, que se abstengan de inscribir en dominio pleno, cualquiera escritura pública que se les presente para aquel fin, otorgada en contravención a la susodicha disposición constitucional, y que informen a este Tribunal en cada caso de que tuvieran conocimiento del otorgamiento del algún instrumento de aquella naturaleza; y 4º. Que el presente Auto Acordado se publique durante 20 días en el periódico oficial "LA GACETA" y una sola vez en otros periódicos.
AUTO ACORDADO (115)

29 de Noviembre de 1951.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Contestación de la Corte al oficio enviado por el Director General de censos y Estadísticas, en la cual informa que le impone multa al Registrador de la Propiedad, de acuerdo al Articulo 14 de la Ley de Censos y Estadística, por no enviarle información que le solicito en forma insistente. La Corte contesta que las personas naturales a que se refiere el articulo 14 de la Ley en mención autoriza imponer multas a los particulares y no ha los Jueces de Letras y Registradores de la Propiedad ya que éstos son Funcionarios Públicos.

JURISDICCION Y COMPETENCIA DE TRIBUNALES

ACTA No. 250. Sesión del día jueves 29 de noviembre de 1951. 1º...... 3º...... Se leyó la copia que dice: "DIRECCION GENERAL DE CENSOS Y ESTADISTICA NACIONALES. República de Honduras. Tegucigalpa, D. C., 26 de noviembre de 1951. OF. No. 236. Señor Administrador de Rentas, Juticalpa Olancho. En vista de haber solicitado insistentemente al señor Registrador de la Propiedad Privada de este Depto. que proporciona datos sobre la propiedad privada inscrita al Delegado del Censo Agropecuario de Olancho, por sernos de gran utilidad dicho dato, y habiéndose negado a dárnoslo, esta Dirección General de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Censos y Estadística, multará en L.100.00 (CIEN LEMPIRAS) al Señor Registrador de la Propiedad, cantidad que hará efectiva esa Administración, a su digno cargo. Esperando que comunique a esta Oficina el cumplimiento de esta disposición, me es grato suscribirme como su Atto. S. S. Sello. C. Zúñiga Figueroa. DIRECTOR GENERAL DE CENSOS Y ESTADISTICA. Corte Suprema de Justicia. cc. Tesorería Especial de Justicia, cc Ministro de Gobernación". SE DISPUSO que Se conteste al señor Director de Censos y Estadística Nacionales, diciéndole que el Art. 14 de la Ley del Ramo, lo autoriza para imponer multas de 25 lempiras a mil lempiras al que rehusare proporcionar los datos a que esa Ley se refiere; que el art. 12 de la misma Ley establece que todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el territorio nacional, están en la obligación, de suministrar los datos que les soliciten la Dirección Gral. de Censos y Estadística y las oficinas de estadística de los distintos ramos del Gob., estando obligados también a colaborar con las mismas oficinas en las labores que a Censos y Estadísticas se refieren; que cabe hacer la observación que el art. 12 establece la indicada obligación para las personas naturales o jurídicas, que las personas naturales a que se refiere el art.12 son los particulares y no los Jueces de Letras y Registradores de la Propiedad, que son funcionarios púb.; que en las oficinas en las que hay mucho trabajo, y respecto de los últimos han de considerarse que no gozan de sueldo, pues su trabajo se remunera con los honorarios que fija la Ley pagando por su cuenta a los empleados que les ayuden; y, por último, que se transcriba al señor Director Gral. De Censos y Estadística el punto 4º. Del Acta 256 de la sesión celebrada el miércoles 29 de Nov. De 1950 y el punto 4º. Del Acta de 11 de diciembre del mismo año, por los cuales se ve que el Director del Impuesto sobre la Renta, estimó de Justicia, la observación que le hizo esta Corte, manifestando que pondría gustoso a la orden de los Registradores, empleados de sus jurisdicción para hacer los informes que les ha solicitado; que este punto de acta se comunique al señor Ministro de Gobernación y Justicia.
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