Insolvencias punibles






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TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Gabinete Técnico


INSOLVENCIAS PUNIBLES

Octubre 2009

Tras el primer número de la nueva colección temática de Cuadernos de Jurisprudencia, iniciada el presente año y que dedicamos a los “Delitos Sexuales”, presentamos ahora el segundo monográfico centrado, esta vez, en las Insolvencias Punibles.

El trabajo es una recopilación de los últimos diez años de doctrina de la Sala en la materia, en base al criterio clasificatorio de los artículos del Código Penal aplicados en las sentencias.
De este modo, como dijimos en el primer número de la colección, se persiguen dos objetivos: disponer de la doctrina jurisprudencial de la Sala por materias y, al tiempo, facilitar su uso aplicativo al seguir un criterio de selección, de tipo normativo.

Eduardo de URBANO CASTRILLO

Magistrado

SUMARIO

Pág.
I.- ALZAMIENTO DE BIENES
A) Artículo 257
1. Ámbito 6
2. Doctrina 6
3. Requisitos 7
4. Sujeto activo 9
5. Consumación del art. 257.1.2º CP 11
6. Exige un resultado de riesgo 12


7. Dolo 15
8. La expresión “en perjuicio de sus acreedores” 18
9. Cooperación necesaria 21
10. “Levantamiento del velo” 25
11. Fijación de la cuota de la multa 26
12. Responsabilidad civil 27

B) Artículo 258
1. Requisitos del art. 258 CP 30
2. Conducta punible 32

II.- INSOLVENCIA PUNIBLE.
Artículos 259 y 260
1. Doctrina general 34
2. Requisitos 39
3. Conducta punible.
Hechos que determinan la absolución 48
Conducta punible 51
Desvío de ingresos a familiares 58
Basta una “arriesgada gestión” 59
4. Insolvencia.
Existencia de solvencia 60
Inexistencia de solvencia 61
5. Dolo 63
6. Prueba del elemento subjetivo 70
7. Participación.
Coautoría 70
Inexistencia de cooperación necesaria 71
8. Responsabilidad civil 73
9. Cuestiones procesales.
Delimitación proceso civil-proceso penal 76
Efectos del proceso civil 78
Art. 260.4 79
Compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable 80

III.- FALSEDAD CONTABLE
Artículo 261
1. Conducta punible 83
2. Inexistencia 83
3. Calificación como delito societario 84

I.- ALZAMIENTO DE BIENES

A) Artículo 257
1. Ámbito.
Recurso: Casación nº 2329/2003

Ponente: Sr. Delgado García

Sentencia: nº 1471/2004 de fecha 15/12/2004
«...” este delito se comete, en las muchas variedades que puede ostentar, siempre que, de modo intencionado, se sustraen u ocultan bienes del deudor (sujeto activo del delito) a las posibilidades de ejercicio por parte del acreedor o acreedores de sus acciones civiles contra el patrimonio de aquél, de modo que el titular del derecho de crédito se ve imposibilitado para cobrar o gravemente obstaculizado en sus pretensiones al respecto, precisamente por esa conducta intencionada de sustracción u ocultación. Venimos diciendo de modo reiterado que lo que este delito protege es la garantía que el patrimonio del deudor ofrece al acreedor para el cobro de su crédito (art. 1911 C.C.) Vulnerar esta garantía genérica, de modo que se origine una situación de insolvencia en el sentido que acabamos de explicar es lo que constituye este delito de los arts. 519 CP 73 y 257.1º CP actual. No se comete este delito cuando no existe esa sustracción u ocultación respecto del patrimonio del deudor con esa finalidad de impedir al acreedor el ejercicio de su derecho. Y tal maniobra de sustracción u ocultación no se produce cuando la conducta del sujeto activo consiste en pagar otros créditos diferentes de aquel por el que se sigue el procedimiento penal, incluso aunque el acreedor que se ve imposibilitado de cobrar tenga preferencia respecto de aquel que sí ha cobrado, preferencia derivada de la aplicación de las normas civiles o mercantiles que regulan la llamada prelación de créditos (arts. 1921 y ss. C.C. y disposiciones concordantes). El delito de alzamiento de bienes no tiene en cuenta estas normas de carácter privado. Ha de existir una disminución del patrimonio en la globalidad del art. 1911 citado, lo que no se produce cuando la disminución del activo se hace para al propio tiempo disminuir el pasivo. El citado elemento intencional propio de este delito no existe en estos casos. Tampoco el elemento objetivo de provocación de insolvencia...”». (F.J. 3º)

2. Doctrina.
Recurso: Casación nº 2178/1999

Ponente: Sr. Giménez García

Sentencia: nº 1536/2001 de fecha 23/07/2001
«…El actual art. 257 del Código Penal, no solo es el sucesor del art. 519 que sancionaba el alzamiento de bienes, sino que además ha ampliado notablemente su contenido, pues junto con el tipo básico de alzamiento, consistente en la desaparición física del deudor con sus bienes, incluye una nueva modalidad de alzamiento consistente en la realización de "....cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones....", siempre que a consecuencia de este acto patrimonial u obligacional, el deudor se muestre insolvente ante la obligación, esta ampliación del tipo ha reforzado la naturaleza del delito como de estructura abierta. Esta nueva modalidad delictiva que supone un acto de disposición u obligacional en perjuicio de un acreedor, puede entrar en colisión con la consolidada doctrina jurisprudencial que tiene declarado que el delito de alzamiento castiga la insolvencia, no la pretensión de acreedores, puesto que si el que recibe los bienes con injusta preferencia, es en todo caso titular de un crédito, se tratará de un problema de anulabilidad del negocio, situado extramuros del Código Penal. Es preciso deslindar en cada caso los ámbitos del ámbito civil y penal o dicho de otro modo, separar el negocio civil impugnable del delito de alzamiento de bienes.

Se estará ante una conducta de favorecimiento de acreedores, situada extramuros del Código Penal cuando el futuro insolvente solventa sus deudas con alguno de los acreedores, perjudicando al resto siempre que aquél no esté constreñido a satisfacer el crédito pospuesto en el pago, por el contrario, cuando exista este constreñimiento jurídico debe estimarse que no existe causa de justificación que ampare tal anticipación de pago, y que en consecuencia en la medida que con el pago efectuado se ha constituido en una situación de insolvencia, es decir sin bienes, ante el resto de los acreedores, singularmente ante aquel acreedor que ostentaba un crédito ya realizable, ha de estimarse tal acción como incursa en el nuevo supuesto contemplado en el art. 257-1º párrafo segundo que solo exige que el crédito pretendido sea ejecutivo, habiéndose ya iniciado la ejecución o siendo previsible su iniciación, debiéndose deducirse el elemento subjetivo tendencial consistente en la intención de causar perjuicio a los acreedores, como objetivo intentado, sin que se exija su efectividad, de la propia prueba indiciaria que exista al respecto en el supuesto contemplado, ya que, la acreditación de este elemento interno, como juicio de intenciones que anima la acción del culpable, se acreditará más bien por prueba indirecta o indiciaria, que por prueba directa --STS de 20 de Enero de 1997--.

En definitiva el nuevo tipo que se comenta viene a sancionar todas aquellas maniobras del deudor que tienden a entorpecer, obstaculizar o impedir la satisfacción de un crédito para el que ya se esté en fase de ejecución o de previsible ejecución, en perjuicio del titular de dicho crédito».(F. J. 2º)


3. Requisitos.
Recurso: Casación nº 969/2000

Ponente: Sr. García Ancos

Sentencia: nº 2238/2001 de fecha 30/11/2001
«…Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se considera indebidamente aplicado el artículo 257.1º del Código Penal que tipifica el delito de insolvencia punible a través del alzamiento de bienes.

De un examen detenido de los hechos que la sentencia declara como probados, a los que obligatoriamente nos hemos de atener dada la vía casacional empleada, se infiere que se dan todos y cada uno de los requisitos que exige el tipo, y así tenemos. 1º. Existencia de un derecho de crédito vencido, líquido y exigible. No otra cosa significa la sentencia de remate procedente de un juicio ejecutivo que se tradujo en las diligencias de requerimiento de pago y subsiguiente embargo. 2º. Ocultación o enajenación real o ficticia de los propios bienes. Se hicieron desaparecer de la traba de embargo parte de esos bienes consistentes en las rentas que habían de percibirse del arrendamiento de unos inmuebles propiedad del acusado, empleando para ello el subterfugio de cobrar por adelantado las rentas mediante la aceptación como pago, de una serie de pagarés librados a su favor y por el arrendatario, deudor de las rentas. 3º. De este modo se colocó en situación de insolvencia, aunque fuera parcial, en perjuicio lógico del acreedor ejecutante. 4º. El elemento subjetivo o intención de ocultar los bienes y perjudicar al acreedor, se infiere necesariamente de los hechos defraudatorios antes indicados y los que resultan del "factum" de la sentencia, sobre todo de ese cobro anticipado de las rentas embargadas que no pudo tener otra finalidad que sustraerlos o sacarlos de la traba que sobre ellos pesaba». (F. J. 3º)

Id.
Recurso: Casación nº 1469/2008

Ponente: Sr. Marchena Gómez

Sentencia: nº 462/2009 de fecha 12/05/2009
«Concurren todos y cada uno de los elementos que definen el delito previsto en el art. 257 del CP, tal y como ha sido perfilado por la jurisprudencia de esta Sala, que de forma reiterada ha proclamado que los elementos del tipo se descomponen así: a) existencia de un derecho de crédito por parte de un acreedor y en consecuencia unas obligaciones dinerarias por parte del deudor, generalmente vencidas, líquidas y exigibles; b) ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes, simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes citados al destino solutorio a que se hallan afectos; c) situación de insolvencia total o parcial, real o aparente, del deudor como consecuencia de la actividad dinámica antes mencionada; y d) concurrencia de un elemento subjetivo específico, tendencial, consistente en la intención de causar perjuicio al acreedor, bien entendido no obstante que el alzamiento es un delito de mera actividad, de riesgo, de resultado cortado, con lo cual basta con que se lleve a cabo la ocultación de bienes, como resultado exigido por el tipo en relación a la simple intención de perjudicar, pues el perjuicio real pertenece no a la fase de perfección sino a la de su agotamiento (cfr., por todas, SSTS 668/1996, 8 de octubre y 113/1995, 31 de enero).
Al analizar supra el primero de los submotivos, ya hemos destacado cómo el juicio histórico –cuyo tenor literal ha de ser acatado como presupuesto de la impugnación- describe en dos pasajes distintos que las operaciones jurídicas ejecutadas por el acusado fueron realizadas para “…vaciar el patrimonio de B. C. S.A”. Y esa idea está coherentemente desarrollada en el FJ 3º de la sentencia cuestionada. En él puede leerse: “…el conjunto de operaciones descritas reflejan que la intención real de los contratantes, y en particular del Sr. I., era descapitalizar la sociedad de forma que sus activos patrimoniales quedaran inmunes a la acción de sus acreedores, hoy representados por la acusación particular. Tal como lo permite afirmar, tanto el hecho de que estas operaciones de compraventa tienen lugar entre un mismo círculo de personas, aún cuando adopten diferentes formas asociativas, bajo la cual siempre encontramos desempeñando un papel preponderante al acusado Sr. Ibáñez, como que no guardan relación con un precio y condiciones de mercado, basta señalar los precios asignados a las transmisiones, véase así las operaciones de leasing en que el precio se limita al importe de las cuotas pendientes de pago y al valor residual de la misma, por lo que se presentaría como una mera subrogación subjetiva del contrato que salvaguarde esa expectativa de derecho; o la transmisión de la cabecera, que con independencia de su naturaleza jurídica, lo que es incuestionable es que pese a su transmisión los gastos generados por la publicación del periódico bajo esa cabecera eran sufragados por la vendedora hasta el extremo de llegar a cuestionarse durante el juicio, si incluso el precio no fue aportado por ésta; la transmisión de la finca del Puntillo del Sol en la que se acuerda de forma gratuita un aplazamiento del juicio por 5 años, que en la práctica lo que determina que sin intercambio de dinero alguno esa finca salga formalmente del patrimonio de la sociedad acreedora, situación que de hecho se mantiene en la actualidad, dado que pese a la resolución convencional de la venta su situación registral no ha variado”». (F. J. 1º)

4. Sujeto activo.
Recurso: Casación nº 1868/2007

Ponente: Sr. Maza Martín

Sentencia: nº 149/2008 de fecha 11/04/2008
«el alcance de un Recurso como el presente respecto de la tutela del derecho a la presunción de inocencia e, igualmente, se comprobó la existencia de pruebas válidas que avalan la razonabilidad de las conclusiones fácticas alcanzadas por el Tribunal de instancia, tan sólo nos resta, respecto de este recurrente, afirmar cómo, en efecto, resulta plenamente razonable también la atribución de la autoría del delito enjuiciado que le dirige la Sentencia recurrida, al ser él el único propietario del 50% de la empresa cuya insolvencia se ocasiona, desde el fallecimiento de su hermano que ostentaba el otro 50%, teniendo en cuenta que, mediante la comisión del ilícito que supone la descapitalización de la sociedad como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo por su Administrador, en ningún momento por el denunciadas, dicha compañía eludiría responsabilidades frente a los legítimos acreedores.
Por lo que de nuevo ha de reiterarse la solidez del criterio de la Audiencia en cuanto a la existencia de un concierto en la actuación de ambos acusados, más aún cuando esa participación como autor de David no requiere ninguna actuación positiva, bastando con la mera omisión de actos impeditivos de que el alzamiento se llevase a cabo.
De modo que este primer motivo ha de desestimarse, de igual forma que el Segundo que, formulado al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, aludiendo a un supuesto error de hecho en la valoración de la prueba teniendo en cuenta la contradicción entre las conclusiones alcanzadas por la Audiencia y el contenido indiscutible de documentos literosuficientes obrantes en las actuaciones, ni tan siquiera menciona cuáles son esos documentos que habrían de servir de fundamento al motivo». (F. J. 4º)

Id.
Recurso: Casación nº 1404/2007

Ponente: Sr. Ramos Gancedo

Sentencia: nº 1101/2007 de fecha 27/12/2007

«..En cuanto al sujeto activo de este tipo penal, el criterio jurisprudencial de esta Sala es pacífico y reiterado en numerosas resoluciones que declaran que no sólo quien ostenta la condición de deudor pueden ser autores del delito, sino también quienes colaboraren con ellos en auxilio necesario cuando haya habido confabulación (SS.T.S. de 17 de octubre de 1.981 y 16 de diciembre de 1.982).

Cuando, como aquí ocurre, el deudor es una persona jurídica, la responsabilidad criminal recaerá en las personas físicas que desempeñen funciones de dirección o administración aún cuando no concurran en ellas las condiciones, cualidades o relaciones que constituyen la esencia de la relación jurídica protegida por el tipo penal (véase STS de 26 de julio de 2.006). En este sentido, la introducción del art. 15 bis C.P. (hoy art. 31) ha querido extender la responsabilidad penal al que actúe como administrador de hecho o de derecho de la persona jurídica y lleve a cabo las acciones típicas que configuran el injusto.

Aplicando la doctrina expuesta al caso actual, podemos resumir que el recurrente administraba personalmente la sociedad S., S.L. antes y después de que se transfiriera al coacusado Sr. T.; conocía perfectamente que a la fecha en que los locales de la empresa se vendiera a C. P., S.L., aquélla arrrastraba con la proveedora G. una deuda de más de doce millones de pesetas; que, fue el ahora recurrente quien buscó al comprador y concertó con él (C. Pi…) el acuerdo de venta de los citados locales comerciales; que ambos acusados percibieron por la venta de éstos 17.716.111 psetas, de las que destinaron poco más de diez millones al pago de otras deudas, haciéndose con el resto e impidiendo que éste se destinara al pago de las deudas pendientes con G..

La concurrencia en el supuesto examinado de todos y cada uno de los elementos materiales y anímicos que configuran el tipo penal aplicado, imponen la desestimación del motivo». (F. J. 4º)

5. Consumación del art. 257.1.2º CP
Recurso: Casación nº 3378/1999

Ponente: Sr. Aparicio Calvo-Rubio

Sentencia: nº 1378/2001 de fecha 05/07/2001
«…El art. 257.1.2º del CP responde a la necesidad de política criminal, de incluir en el tipo penal una serie de comportamientos de la realidad socioeconómica que se recogían en la jurisprudencia de esta Sala por su indudable potencionalidad lesiva de los derechos de terceros.

El fin perseguido por el agente ha de ser el mismo que el previsto en el nº 1.1 de dicho artículo y en el 519 del Código anterior, esto es alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, pero no es preciso que lo logre para que el delito se consume -como se dijo supra- con la realización de los comportamientos obstativos de dilatar, dificultad o impedir -con cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones- la eficacia de un embargo que por lo que se refiere al orden judicial stricto sensu comprende no sólo, como se pretende con criterio reduccionista, el procedimiento ejecutivo propiamente dicho (art 1429 y siguientes de la antigua LEC) sino en sentido amplio entre otros el embargo preventivo (art 921 y 1397 y siguientes de la LEC) como medida cautelar de carácter real para garantizar la ejecución de una sentencia, aunque hubiera sido apelada (art 385 LEC).

Consumado el delito es de todo punto irrelevante, que con posterioridad, se hubiera alcanzado un acuerdo transacional para saldar la deuda, que produjo el desistimiento del actor-acreedor en el proceso civil». (F. J. 3º)

Id.

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