Medidas cautelares recurso de apelación contra auto que las decreta se decide en la sentencia de segunda instancia / accion popular medidas cautelares






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MEDIDAS CAUTELARES - Recurso de apelación contra auto que las decreta se decide en la sentencia de segunda instancia / ACCION POPULAR - Medidas cautelares / MEDIDAS CAUTELARES - Acción popular / MEDIDAS CAUTELARES EN ACCION POPULAR - Recursos / MEDIDAS CAUTELARES EN ACCION POPULAR - Prevención de un daño inminente
Sea lo primero advertir que al tenor del penúltimo inciso del artículo 354 del C. de P.C. en ésta providencia se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra el auto que decretó medidas cautelares, y respecto de la sentencia de primera instancia. El artículo 25 de la Ley 472 de 1998 permite el decreto de medidas cautelares, de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Además, el artículo 26, ibídem, señala que contra el auto que ordena las medidas cautelares proceden los recursos de reposición y apelación. Así mismo dispone que tales recursos se concederán en el efecto devolutivo. (…) Los documentos anteriores permiten inferir, en principio, la existencia de dificultades de alguna envergadura en el cruce peatonal de la avenida 127 frente a la Clínica Reina Sofía, incluso puestas de presente por la comunidad en repetidas ocasiones y de tiempo atrás, que eventualmente pueden comprometer de manera cierta los derechos colectivos de la comunidad. Por tanto la decisión de adoptar medidas cautelares resulta de recibo dado el propósito que las caracteriza de prevenir un daño inminente.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 354 / LEY 472 DE 1998 – ARTICULO 25 / LEY 472 DE 1998 – ARTICULO 26
LEGITIMACION EN LA CAUSA ACTIVA - ACCION POPULAR / ACCION POPULAR - Puede ser ejercida por cualquier persona
En cuanto a la falta de legitimación por activa del actor por no pertenecer a la población discapacitada en beneficio de la cual solicita la construcción de rampas para acceder al paso peatonal, propuesta por el IDU, estima la Sala pertinente recordar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, toda vez que el hecho de que el actor no haga parte de la población discapacitada no es óbice para que invoque la protección de los derechos colectivos. De acuerdo con lo precisado anteriormente, no prospera la excepción de falta de legitimación por activa propuesta por el IDU.
FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 – ARTICULO 12
NOTA DE RELATORIA: Sobre la legitimación en la causa por activa en la acción popular: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, Rad. 2005-03006(AP), MP. María Claudia Rojas Lasso y sentencia 12 de marzo de 2009; Rad. 2005-03482, MP. María Claudia Rojas Lasso.
ACCION POPULAR - Intervención de terceros. Coadyuvancia / ACCION POPULAR - Adición de nuevas pretensiones a la demanda por terceros
En lo referente al coadyuvante y a su escrito, es oportuno precisar si la solicitud de adicionar la demanda por parte de terceros, es procedente en los procesos tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sobre el contenido de dicho escrito, y específicamente, acerca de la solicitud de adicionar la demanda en sus pretensiones, observa la Sala que el citado coadyuvante, pretende agregar a la demanda la instalación de un CAI de Policía con el que se garantice la seguridad de los peatones y los habitantes del sector, amparando de ésta manera su derecho a la vida y a la propiedad. Al respecto, resalta la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda. Se advierte que ningún tercero puede extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso. Es decir, es el actor, quien en la demanda fija el litigio, no el tercero. En vista de lo anterior, la Sala negará la solicitud del coadyuvante de adicionar las pretensiones de la demanda, toda vez que como se dijo antes a los coadyuvantes no les es dable modificar el litigio fijado por el actor en la demanda.
VULNERACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA - Inexistencia de paso peatonal en la Clínica Reina Sofía. Hecho superado / VULNERACION AL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO - Inexistencia de paso peatonal en la Clínica Reina Sofía. Hecho superado / HECHO SUPERADO - Incentivo
Estima la Sala que existió la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad pública y al goce del espacio público, pues, aún cuando al momento de proferirse la presente sentencia ya la Administraron Distrital y las entidades demandadas realizaron todas las medidas necesarias para que cesara la vulneración, fue con ocasión de la presentación de la acción popular que se llevaron a cabo dichas adecuaciones. Recuerda la Sala que el paso peatonal a nivel que existía con anterioridad a la presente acción popular, en la vía en cuestión, fue instalado por la misma comunidad y no contaba con las medidas mínimas que garantizaran la segura movilidad de los transeúntes, hecho ante el cual las entidades demandadas asumieron una conducta negligente y omisiva, pues sus gestiones debieron orientarse a habilitar un paso peatonal ajustado a las normas del Código Nacional de Tránsito, semaforizado y con la señalización vial correspondiente. Ahora bien, sobre la existencia de la vulneración de los derechos colectivos y el cese de la misma, observa el Despacho que a folio 6 del expediente consta que la demanda fue presentada el día 22 de octubre de 2003. Posteriormente, según se infiere del memorial visible a folio 585 a 592 del cuaderno principal, de 30 de septiembre de 2009, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en calidad de parte demandada, certificó que ya fue instalado definitivamente desde el día 18 de febrero de 2009, un paso peatonal semaforizado en la Avenida Calle 127 entre carreras 29 y 32 (Reina Sofía). Lo anterior permite concluir a la Sala que existió vulneración al derecho colectivo y fue gracias a la gestión del actor popular que se dicto sentencia estimatoria de las pretensiones, con ocasión a la cual la Administración adoptó las citadas medidas, motivo suficiente para que la Sala considere que si existió vulneración de los derechos colectivos a la seguridad pública y al espacio público, y en consecuencia, debía reconocer el incentivo al actor popular.
AUSENCIA DE PUENTES PEATONALES - No conlleva por si misma violación del derecho a libre tránsito en condiciones seguras / DERECHOS COLECTIVOS - Ambito de protección / SEGURIDAD VIAL - Medidas para contrarrestar riesgos / PEATONES - Medidas de protección
En relación con el adelantamiento de obras civiles para pasos a desnivel la Sala ha dicho que la falta de puentes peatonales para cruzar vías públicas, no conlleva por sí misma la violación del derecho al libre tránsito peatonal en condiciones seguras, si en el lugar se cuenta con soluciones cercanas que lo garanticen. Se ha advertido igualmente que el ámbito de protección de los derechos colectivos no está dado por un único y específico medio a menos que se demuestre que los medios alternativos existentes son ineficaces y que la amenaza o el riesgo contingente están directamente asociados al medio faltante. De igual forma se ha puesto de manifiesto que en asuntos de seguridad vial, los medios de seguridad utilizados para contrarrestar los riesgos de accidentes de transeúntes y conductores no son imperativos y sólo se requiere que las medidas implementadas sean suficientes para proteger los derechos colectivos. Es así como en el caso de protección a los peatones, la construcción de un puente peatonal no es la única forma de amparar los derechos colectivos, pues, por ejemplo, la prolongación del separador y la señalización vial han sido medios aptos para evitar accidentes. De lo anterior se tiene que, en el caso objeto de estudio, no era procedente ordenar la construcción de un puente peatonal porque se cuenta con algunas señales, se ha ordenado en el fallo, la instalación, entre otras, de dispositivos para control de velocidad, la semaforización y la adopción de medidas de regulación del tránsito en la vía, previstas igualmente como alternativas idóneas para garantizar un tránsito peatonal y vehicular seguro.
NOTA DE RELATORIA: Sobre la violación del derecho al libre tránsito peatonal en condiciones seguras por ausencia de puentes peatonales: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2001, Rad. AP-2001-01136, MP Germán Rodríguez Villamizar. Sobre las medidas de protección a los peatones: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de mayo de 2007, Rad. AP-2004-00014, MP. Camilo Arciniegas Andrade.
ACCION POPULAR - Orden de gasto público / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO - No se desconoce por órdenes de acción popular
Ahora bien, sobre la consideración de los apelantes, según la cual es necesario realizar las apropiaciones presupuestales para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de primera instancia, ciertamente las obras públicas deben encontrar respaldo en el presupuesto y en los planes de ordenamiento y desarrollo. Pero ello no es óbice para dejar de amparar derechos colectivos amenazados o conculcados como consecuencia de la no ejecución de las mismas. Situaciones como la aquí planteada, generan la vulneración de derechos colectivos ante la que la intervención del Juez como ordenador de erogaciones públicas no contempladas en el presupuesto y en los planes de desarrollo de las entidades territoriales resulta razonable, pues va encaminada a la protección de los derechos e intereses colectivos conculcados, es decir, en dicho contexto no se configura por parte de la rama judicial el desconocimiento del principio de legalidad del gasto público. Así las cosas, la Sala en reiteradas oportunidades ha sostenido que las razones de orden económico o presupuestal no excusan a la administración del cumplimiento de sus obligaciones sobre todo cuando está de por medio la satisfacción y garantía de derechos colectivos, como ocurre en este caso, siendo lo procedente que la autoridad pública efectúe las gestiones de todo orden, en especial las administrativas y financieras, indispensables para lograr los recursos necesarios con miras a que, dentro de un tiempo razonable, sin dilaciones injustificadas, se materialice la solución de las necesidades colectivas.
NOTA DE RELATORIA: Sobre las órdenes de gasto público en acción popular: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de octubre de 2001, Rad. 2000-0512(AP), MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

El artículo 25 de la Ley 472 de 1998 permite el decreto de medidas cautelares, de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado.
Además, el artículo 26, ibídem, señala que contra el auto que ordena las medidas cautelares proceden los recursos de reposición y apelación. Así mismo dispone que tales recursos se concederán en el efecto devolutivo.
También resulta menester recordar que la apelación, interpuesta en subsidio del recurso de reposición, recae solamente sobre las medidas cautelares decretadas en el numeral 1 y sus subdivisiones del auto de 19 de marzo de 2004, por cuanto el a-quo revocó, por vía de reposición, los numerales 2 y 3 del mismo proveído que contenían otras medidas cautelares.
Radicación número: 25000-23-27-000-2003-02137-01(AP)
Actor: JOAQUIN AUGUSTO BEDOYA RODRIGUEZ Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL Y OTRO


Referencia: APELACION AUTO. ACCION POPULAR. ACUMULADO 25000-23-27-000-2003-02137-02

Se deciden los recursos de apelación, interpuestos por los apoderados de la Alcaldía Mayor de Bogotá y su Secretaría de Tránsito y Transporte, contra el auto proferido el 19 de marzo de 2004 por la Sección Cuarta, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se decretaron medidas cautelares; y por los apoderados de la Alcaldía Mayor de Bogotá, su Secretaría de Gobierno y el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, respecto de la sentencia proferida el 27 de enero de 2005 por esa misma Corporación Judicial que amparó los derechos colectivos y reconoció a los actores un incentivo equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales.


  1. ANTECEDENTES


I.1-. LA DEMANDA.
La abogada DIANA MARCELA BEDOYA RODRIGUEZ, en su propio nombre, y en representación de los señores JOAQUIN AUGUSTO, LIBARDO BEDOYA RODRIGUEZ y ORESTES GUARIN RIVEROS, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la ACCION POPULAR consagrada en el artículo 88 de la Carta Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al espacio público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
I.2-. LOS HECHOS.
1º. En la carrera 31 No. 125ª - 23, frente a la Clínica Reina Sofía, no existe puente, sendero, ni semáforo peatonales que protejan la vida de la gran cantidad de personas que a diario atraviesan la calle 127 de norte a sur o viceversa, por lo que el sector se ha constituido en una zona de alto riesgo debido al elevado índice de accidentalidad.
2°. La vía pública no tiene una infraestructura adecuada para proteger la vida de los transeúntes, más aún si se tiene en cuenta que las calzadas de oriente a occidente y viceversa se encuentran divididas por un caño de aguas negras impidiéndole al peatón atravesarlas pues debe trasladarse al frente de la clínica Reina Sofía, donde termina el caño, dejando en su parte superior una pequeña zona en la cual los caminantes deben juntarse a esperar que disminuya la afluencia de vehículos para pasar de un lado a otro.
3°. La ubicación de la clínica en este sector agrava la situación porque se incrementa el número de personas que a diario transitan por ahí para tomar el puente que atraviesa la autopista norte, muchas de ellas de la tercera edad, con movilidad reducida o discapacidad sensorial, física o mental, que no pueden esquivar de la misma manera los vehículos que transitan con gran velocidad por la vía.
4°. El riesgo no solo lo corre el peatón sino también los conductores y pasajeros de los vehículos públicos y particulares que a diario se desplazan por el lugar, debido a que deben esquivar a las personas que se lanzan a la calle, de un lado y otro de la calzada, con el fin de atravesar la vía.

I.3-. ADMISIÓN DE LA DEMANDA, NOTIFICACIÓN Y COADYUVANCIA.
La demanda se admitió mediante auto de 24 de octubre de 2003 y se ordenó notificarla al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., al Director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, y al Secretario de Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C.
Posteriormente fue coadyuvada por el señor YEZID LOZANO PUENTES quien aportó pruebas y solicitó la práctica de otras, así como también que se ordenara la construcción de un CAI en el lugar de los hechos.
I.4. LAS PRETENSIONES.
Los actores pretenden:
1. Que se ordene a los demandados a construir un puente o sendero peatonal, señalizarlo y semaforizarlo, tal y como lo establece la ley y los diferentes ordenamientos sobre planeación urbanística, para que se de cumplimiento a las normas de accesibilidad al espacio público, y el derecho a la libre circulación de las personas.
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