Sala de lo contencioso administrativo






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO
Bogotá D.C., 10 de septiembre de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 05001-23-31-000-1997-00227-01 (30.858)

Demandante: Daniel Valencia Marulanda y otros

Demandado: Instituto Nacional de Vías- INVÍAS

Asunto: Acción de reparación directa
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 19 de octubre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó- Sala de Descongestión, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. En escrito presentado el 14 de junio de 1995, Daniel Valencia Marulanda y Gloria Mercedes Gómez López, actuando en nombre propio y en representación del menor de edad Daniel Ildorfo Valencia Gómez; y Marleny López Vega, todos ellos obrando por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de Vías- INVÍAS-, “del accidente narrado en los hechos de la demanda y por consiguiente de la totalidad de los perjuicios y daños” que les fueron ocasionados.
En consecuencia, deprecaron el equivalente en pesos de 1.000 gramos de oro para el señor Daniel Valencia Marulanda por perjuicios morales y el equivalente de 500 gramos de oro para cada uno de los demás demandantes, Gloria Mercedes Gómez López, Daniel Ildorfo Valencia Gómez y Marleny López Vega, por el mismo concepto.
Igualmente, solicitaron el equivalente de 3.000 gramos oro, por perjuicios fisiológicos, para el señor Daniel Valencia Marulanda “en razón de la cicatriz que le quedó en la cara” y la suma de $5.000.000, por los gastos médicos en que incurrió para su recuperación, y el mismo monto, por los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que se prolongó su incapacidad laboral.
De otro lado, pidieron la suma de $4.500.000 a favor de Marleny López Vega, por los gastos correspondientes a la reparación del vehículo de su propiedad.
Finalmente, formularon las siguientes pretensiones a título de lucro cesante:
“a) Igual por lo menos a los intereses con corrección monetaria de la indemnización causada desde el día 05 de diciembre de 1.994, hasta cuando se produzca su efectivo cumplimiento, liquidación que se hará teniendo en cuenta el factor renta, aceptado por la Jurisprudencia, para la estimación de la indemnización futura.
“b) El valor correspondiente a la disminución de la capacidad laboral de DANIEL VALENCIA MARULADNA, equivalente al porcentaje de la invalidez que determine el médico legista, sobre el monto promedio de su salario, y teniendo en cuenta la posibilidad de vida del mismo.” (fl. 24, cdno. 1)
2. Como fundamento de las pretensiones, se expusieron los siguientes hechos:
2.1. La señora Marleny López Vega es propietaria del vehículo de placas ARF-956, marca Renault 9, modelo 1986, color rojo, que acostumbraba prestarle a su yerno, Daniel Valencia Marulanda para que se desplazara a diferentes ciudades del país, con el fin de comprar mercancía para surtir el almacén de su propiedad.
2.2. El 5 de diciembre de 1994, aproximadamente a las 10:00 P.M., cuando el señor Marulanda Valencia se transportaba en el vehículo descrito, en la vía que del municipio de La Pintada (Ant.) conduce al de Supía (Cal.), concretamente en el sector conocido como La Bocana, se estrelló contra un derrumbe de tierra de gran magnitud que cubría la margen derecha de la carretera, sufriendo lesiones de gravedad, consistentes en contusión en la región fronto temporal derecha, secundaria al trauma hemorrágico del lóbulo temporal derecho. De otro lado, el vehículo sufrió averías en los guardabarros delanteros, el bómper delantero, la persiana, las farolas, dos de sus puertas, el capote, el radiador y la tapa de gasolina.
2.2. Al lugar del accidente acudió el agente de policía Luis Francisco Vargas Piñeros, quien realizó el respectivo informe, en el que señaló que la vía era de un solo sentido, pues el otro carril estaba inhabilitado por el derrumbe que “no era fácilmente detectable por el conductor, debido a que la visibilidad estaba disminuida por árbol vegetación’” (fl. 19, cdno. 1). A su vez, se indicó como probable causa del accidente “derrumbe en la vía sin ninguna señalización”. Expresaron además los demandantes, que según manifestaron vecinos del sector, el alud de tierra se había presentado desde hacía varios días y durante el tiempo que permaneció en la vía ocurrieron varios accidentes de tránsito.
2.3. Daniel Valencia Marulanda contrajo matrimonio con Gloria Mercedes Gómez, el 11 de julio de 1992, unión de la que nació el menor Daniel Ildorfo Valencia Gómez. A su vez, es propietario del establecimiento comercial Best, en el que hacía las veces de Gerente, Administrador y Vendedor, percibiendo unos ingresos mensuales de $1.000.000, que destinaba a la manutención de su hogar, los que se vieron menguados por la incapacidad laboral que se derivó del accidente, de allí que su familia también se vio afectada.
3. La demanda fue admitida en auto del 2 de agosto de 1995 y notificada en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público.
4. Al contestar la demanda, el INVÍAS opugnó las pretensiones, manifestó frente a algunos de los hechos que debían demostrarse y rebatió otros. En ese sentido, arguyó que teniendo en cuenta la hora del accidente, podía inferirse que éste se originó en un hecho fortuito, como fue la caída de un alud de tierra sobre la carretera, lo que exime de responsabilidad a la entidad. Igualmente, adujo que según el informe, la vía se encontraba seca y las condiciones del clima eran normales, por lo que el señor Daniel Valencia Marulanda debió haber visualizado el obstáculo y si no lo hizo, fue debido a su propia impericia. Además, señaló que la vía donde tuvo lugar el siniestro siempre ha contado con las señales de carácter preventivo para que sus usuarios adopten las precauciones pertinentes.
Con fundamento en lo anterior, formuló las excepciones de “culpa exclusiva de la víctima”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “caso fortuito” y culpa exclusiva de un tercero”, esta última con fundamento en el hecho de que el mantenimiento de la vía estaba a cargo de la firma Indumezclas Ltda., conforme al contrato No. 661 de 1989.
5. En escritos separados, la demandada llamó en garantía a la Previsora S.A., Compañía de Seguros y a la sociedad Industrial de Mezclas Asfálticas Ltda.- INDUMEZCLAS-. Los llamamientos fueron admitidos en auto del 20 de febrero de 1996, que les fue debidamente notificado y se pronunciaron en los siguientes términos:
5.1. La Previsora S.A., manifestó frente a los hechos, que debían ser objeto de prueba y opugnó las pretensiones, aduciendo que pese a ser cierto que durante el año de 1994, en el que tuvo lugar el accidente en el que se vio involucrado el señor Valencia Marulanda suscribió con el INVÍAS la póliza No. U-0158281 de responsabilidad civil extra contractual, conforme al artículo 1079 del Código de Comercio, sin embargo, no existe a su cargo obligación alguna de responder, toda vez que la suma asegurada se encuentra totalmente agotada.
De otro lado, formuló la excepción de “inexistencia de obligación por falta de cobertura en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. U-0158281”, ya que la misma sólo amparaba convenios o contratos de carácter estrictamente comercial, por lo que los hechos acaecidos en virtud de relaciones contractuales contraídas por el asegurado se encontraban excluidos.
5.2. Indumezclas Ltda., señaló que los daños alegados, son imputables al conductor del vehículo accidentado, Daniel Valencia Marulanda, toda vez que conducía con exceso de velocidad a altas horas de la noche, e igualmente se atribuyen a la señora Marleny López Vega, por “facilitar o prestar su vehículo a personas poco prudentes para conducir y sin la suficiente pericia” (fl. 147, cdno. 1).
De otro lado, señaló como cierto el hecho de que suscribió con el INVÍAS el contrato de obra pública No. 661 de 1989, que tenía por objeto la rehabilitación de la vía Supía- La Pintada y advirtió que durante su ejecución cumplió con la obligación de señalizar las vías comprometidas en la obra, destacando que nunca fue sancionada por el incumplimiento de esa cláusula. Manifestó así mismo, que la interventoría hizo entrega del informe final de obra el 28 de noviembre de 1994, por lo que para la fecha del accidente, el mantenimiento de la vía estaba a cargo del INVIAS y no de Indumezclas Ltda. De igual manera, señaló que el deslizamiento de tierra obedeció a un hecho de la naturaleza imprevisible, situación que exige de los conductores mayor precaución al momento de transitar por las vías.
Finalmente, adujo que el croquis del accidente era impreciso, y advirtió que si el derrumbe llevaba varios días sobre la vía, como se destaca en el libelo demandatorio, el accionante debió conocer esa circunstancia con antelación, “pues según se afirma en el hecho 5 de la demanda, regresaba a Manizales desde Medellín.” (fl. 150, cdno. 1).
6. En proveído del 3 de julio de 1996, se decretaron las pruebas y el 19 de diciembre del mismo año, se remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que era el competente para conocer del litigio, en razón del territorio. No obstante, en proveído del 10 de abril de 1997, esa Corporación no avocó el conocimiento del proceso y en su lugar, lo remitió a la Sala Plena del Consejo de Estado, para que dirimiera el conflicto de competencia, que finalmente fue resuelto en auto del 23 de septiembre de la misma anualidad y que señaló como competente al Tribunal Contencioso Administrativo Antioquia.
El 18 de septiembre de 2000 se celebró audiencia de conciliación, la que fracasó ante la falta de ánimo conciliatorio de las partes y mediante auto del 21 de marzo de 2003, el tribunal les corrió traslado, como también al Ministerio Público, para alegar de fondo y rendir concepto, respectivamente, oportunidad en la que se pronunciaron en los siguientes términos:
6.1. La Previsora S.A., reiteró que la póliza suscrita con el INVIAS, excluyó el amparo de hechos ocurridos en el marco de relaciones de carácter no comercial, por lo que el contrato celebrado entre la entidad pública e Indumezclas Ltda., no estaba amparado. Así mismo, señaló que en caso de declararse patrimonialmente responsable al INVIAS, la compañía no estaba obligada a responder, en razón a que la suma asegurada para la vigencia ya se había agotado en su totalidad, como se indicó en el oficio del 30 de abril de 1996, expedido por la Gerencia de la Sucursal de Intermediarios.
Así mismo, adujo que el INVIAS no es responsable de los daños sufridos por los demandantes, comoquiera que se encontraba demostrado el hecho exclusivo de la víctima, pues el señor Valencia Marulanda no tuvo las precauciones del caso mientras se movilizaba por la vía y advirtió además, que el mantenimiento de la misma estaba a cargo de Indumezclas Ltda. Finalmente, añadió que en caso de condenarse al INVIAS, debía tenerse en cuenta que no se acreditaron los perjuicios solicitados.
6.2. El INVIAS manifestó con fundamento en el croquis del accidente, la inspección judicial practicada en el lugar de los hechos, la declaración de la señora Julia Rosa Tabares y el dictamen pericial practicado en el proceso, que el alud de tierra con el que colisionó el accionante fue consecuencia de un hecho de la naturaleza imposible de resistir y frente al cual la entidad adoptó todas las medidas necesarias, como su remoción y la instalación de señales tendientes a advertir a los usuarios de la vía sobre existencia del obstáculo. Finalmente, arguyó que el hecho fue consecuencia única y exclusiva de la impericia e imprudencia de la víctima, quien excedió los límites de velocidad permitidos.
6.3. La parte actora señaló que se logró demostrar el daño, consistente en las lesiones sufridas por el señor Daniel Valencia Marulanda, así como su relación de parentesco con los demás demandantes.
De otro lado, arguyó que de la prueba documental y del testimonio de la señora Julia Rosa Tabares se concluye la existencia de obstáculos en la vía desde días antes a la fecha del accidente, sin que las autoridades hubieran hecho nada al respecto, pese a las solicitudes que en ese sentido formularon los vecinos del sector y añadió que la testigo aludió a la presencia permanente de derrumbes en el lugar y a la ausencia de señales preventivas que previnieran sobre esa circunstancia, lo que también se infiere del informe de tránsito, en el que se hizo alusión a la poca visibilidad en la vía.
Por último, manifestó que los perjuicios se demostraron con la historia clínica que da cuenta del diagnóstico y resumen del tratamiento recibido por el lesionado.
6.4. El Ministerio Público e Indumezclas Ltda., guardaron silencio.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El a - quo en providencia del 19 de octubre de 2004, declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, caso fortuito y culpa exclusiva de un tercero, formuladas por las demandadas. Sin embargo, encontró demostrada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, por lo que negó las pretensiones de la demanda. Consideró que con fundamento en las pruebas recaudadas en el proceso, no era posible determinar con certeza cuáles fueron las causas en las que acaeció el accidente en el que resultó lesionado el señor Daniel Valencia Marulanda, toda vez que la versión descrita en el informe de tránsito por el agente de policía Luis Francisco Vargas, no fue ampliada en el proceso, lo que a su juicio era necesario, puesto que no fue testigo presencial del hecho. En igual sentido, consideró que no podía dársele mayor crédito al testimonio de la señora Julia Rosa Tabares, en razón a que no presenció el accidente, además de que obran dos declaraciones suyas en el proceso que presentan contradicciones entre sí.
En ese mismo orden, concluyó con base en el dictamen pericial practicado en el proceso, que la carretera se encontraba en buenas condiciones, pues era sometida a constantes mantenimientos y los accidentes que en ella se presentaban obedecían en su mayoría al exceso de velocidad de los usuarios de la vía. Igualmente, coligió con fundamento en el experticio que la visibilidad era buena y por ende, el conductor tuvo la posibilidad de advertir la existencia del derrumbe con tiempo y esquivarlo, lo que no le fue posible en razón a que se desplazaba a una velocidad mayor a la permitida. Así mismo, puso de manifiesto el hecho de que según se señaló en la demanda, el señor Valencia Marulanda conocía la vía, ya que se movilizaba constantemente por la misma, y en ese orden de ideas debió tener en cuenta las precauciones necesarias para evitar accidentes como el que sufrió.
III. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
1. La parte demandante impugnó la sentencia y radicó su inconformidad en el hecho de que aun cuando el a quo encontró demostrado que el accidente que sufrió el señor Daniel Valencia Marulanda obedeció a la existencia de un obstáculo en la vía que no estaba señalizado, declaró probada la excepción de culpa de la víctima, desconociendo las pruebas allegadas al proceso, de las que se infiere que sí existió una falla en el servicio, como se colige del informe del accidente de tránsito, documento que a su juicio goza de pleno valor probatorio, según la sentencia C-429 de 2003, y por ende, es suficiente para probar la existencia del hecho y el nexo causal, elementos que a su modo de ver también se encuentran acreditados con la historia clínica aportada al proceso, que da cuenta no sólo del daño sino también de su causa.
De otro lado, en relación a las inconsistencias que presentan los testimonios, adujo que esa circunstancia no obedece a una conducta de la parte actora, sino al tiempo que transcurrió entre la fecha del hecho y aquella en la que se recepcionaron los testimonios, por lo que no puede exigírseles exactitud a los declarantes.
2. El recurso se concedió el 9 de marzo de 2005 y se admitió el 18 de noviembre de la misma anualidad, y luego de ello se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para emitir concepto, etapa en la que todos guardaron silencio.
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