Movimiento autonomo estudiantil voluntario






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fecha de publicación13.07.2015
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3º) En último término, la doctrina de facto que se hace cargo de las competencias del gobernante de facto. O sea, se pregunta qué actividad puede desarrollar válidamente en uso del poder. Caben también distintas respuestas:

a) una tesis restrictiva considera que el gobernante de facto es algo así como un gestor de negocios que reemplaza al gobernante de jure en la medida de lo necesario, para asegurar la continuidad del régimen y los derechos de los súbditos; en consecuencias son válidos los actos que realiza en el marco de lo urgente, lo vital, lo cotidiano, lo indispensable, etc.

b) la tesis amplia coloca al gobernante de facto en pie de igualdad con el de jure, sosteniendo que lo reemplaza lisa y llanamente en la totalidad de sus competencias.

Dentro de este tópico de las competencias conviene introducir algunas distinciones. El gobernante de facto que asume el poder ejecutivo inviste todas las facultades propias de éste. En cambio, disuelto el congreso o parlamento, no es pacífico el punto de vista acerca de las facultades legislativas a cargo del gobernante de f acto. Aplicando la tesis restrictiva, se dice que puede legislar solamente en materias y cuestiones de urgencia y necesidad, pero no en las que son susceptibles de aguardar la futura reinstalación del órgano legislativo disuelto. Aplicando la tesis amplia, se dice que el gobernante de f acto tiene la plenitud de las facultades legislativas, con la misma dimensión que el derecho positivo del Estado le acuerda al parlamento o congreso.

También merece atención el problema de la duración y vigencia de los actos legislativos emanados del gobernante de facto en sustitución del congreso disuelto. Una tesis sostiene que duran exclusivamente durante la época de facto, caducando con ella. Otra tesis los equipara a las leyes, y afirma que duran mientras no son derogados; o sea que siguen en vigor aún después de la época de facto.

En materia de competencias, aun las tesis más estrictas suelen admitir que el gobernante de facto realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de los finas que tuvo en miras el movimiento triunfante que ha accedido al poder.
Doctrinas sobre el Reconocimiento de los Gobiernos de Facto. Doctrina Tobar, Estrada, y Betancourt.

El gran Maestro Rodrigo Borja, en su libro de “Derecho Político y Constitucional”, dice al respecto de las doctrinas del reconocimiento de los Gobiernos de facto lo siguiente: “Fuera de las implicaciones de orden Jurídico- Constitucional, que son por cierto las que principalmente interesan en este momento, los Gobiernos de facto tienen también implicaciones en el campo del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados”. “La implantación de Gobiernos de hecho suscita consecuencias de importancia para las relaciones diplomáticas entre los Estados y es, además, objeto de severo juzgamiento por la opinión publica internacional, empeñada en supervigilar el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos en todas las latitudes”. “Esto ha llamado la atención de los tratadistas, políticos y diplomáticos, hacia la necesidad de fijar principios generales del reconocimiento exterior de los Gobiernos surgidos por actos de fuerza y de ver en que medida puede tal reconocimiento servir como instrumento para combatir la implantación de Gobiernos al margen de la ley”.

“Pero es preciso aclarar que se trata de un reconocimiento al Gobierno y no al Estado. El Estado existe por si mismo, independientemente de que lo reconozcan los demás Estados, o la comunidad internacional. Existe cuando reúne todos sus elementos constitutivos. Como entidad soberana, su presencia o existencia no puede depender de la voluntad extranjera. Por tanto, el problema del reconocimiento se circunscribe a los gobiernos particularmente cuando estos son de facto. En este aspecto, el acto de reconocimiento implica la aceptación de un determinado Gobierno representa a su Estado y de que pueden los otros Estados establecer relaciones diplomáticas con tal Gobierno.

Este reconocimiento respecto de Gobiernos irregularmente constituidos, ha sido materia de lucubraciones doctrinales que han pretendido fijar los principios generales de reconocimiento de los Gobiernos de facto”. “En el ámbito del derecho internacional americano tales principios se han concretado especialmente en las doctrina de Tobar, Estrada y Betancourt». “La Doctrina Tobar fue formulada por el Ex Canciller Ecuatoriano, Doctor Carlos Tobar, el 15 de marzo de 1907, en una carta dirigida al Cónsul de Bolivia en Bruselas, en la que afirmaba que “Las Repúblicas americanas por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las discusiones intestinas de las Repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el “no reconocimiento” de los Gobiernos de hecho, surgidos de las revoluciones contra la constitución”.

“La doctrina Tobar tubo inmediata resonancia y en el mismo año de 1907, los Gobiernos de los cinco Estados centroamericanos firmaron un tratado por el que se obligaban a no reconocer “ningún Gobierno que en cualquiera de las cinco Repúblicas pudiese llegar al poder como consecuencia de un golpe de Estado, o de una revolución contra el Gobierno reconocido, en tanto los representantes elegidos libremente por el pueblo no hubieran reorganizado Constitucionalmente al país”.

“En contraposición a la anterior, surge en 1930 la doctrina que lleva el nombre del canciller mexicano, doctor Genaro Estrada, que sostiene que cada pueblo tiene el derecho de establecer su propio Gobierno y de cambiarlo libremente y que, en consecuencia, los nuevos Gobiernos no necesitan el reconocimiento de los demás para cobrar plena Validez Jurídica, reconocimiento que, de otro lado, implicaría una indebida intervención de un Estado en los asuntos internos de otro”. “De acuerdo con estos postulados, la doctrina estrada afirma que: “El Gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta practica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de critica al decidir favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El Gobierno Mexicano solo se imita a: “mantener o retirar”, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

“La Conducta Internacional asumida por el presidente de Venezuela, doctor Rómulo Betancourt, durante el periodo 1959—1964, de su gestión política, ha conformado una doctrina del derecho internacional publico americano, sobre el “no reconocimiento de los Gobiernos de facto”. “La actitud del estadista venezolano fue motivada principalmente por los frecuentes golpes de Estado consumados por ciertos sectores militaristas y reaccionarios de Latinoamérica, que bajo el pretexto de combatir la subversión comunista asaltaron el poder, asegurando según su criterio que no pueden formar parte de la comunidad jurídica regional los gobiernos que no hayan sido elegidos por el voto del pueblo y cuyo carácter representativo no sea inobjetable”.

El tema de la validez de lo realizado dentro de la vigencia de un Gobierno de facto, ha sido ampliamente debatido por juristas, politólogos, constitucionalistas, etc. debiendo anotar aquí que la primera aplicación jurisprudencia de la declaración de validez de los actos de un funcionario de hecho, el caso del “Abad de Fontaine” materializado en Inglaterra en el año de 1431, en el cual el juez llamado a resolverlo, determino que eran validos los actos de Abat, pese a su indebida designación. En Francia y en los Estados Unidos también hubo fallos favorables a la validez, sobre todo en la guerra de secesión, basados en el “Estado de necesidad”.


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