El derecho a la libertad de expresióN






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EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN



María Salvador Martínez. Profesora Titular Interina de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares

1. Introducción
La libertad de expresión forma parte del conjunto de derechos fundamentales reconocidos en las primeras declaraciones de derechos revolucionarias del siglo XVIII, es decir, constituye una de las primeras conquistas del constitucionalismo liberal. El objeto del reconocimiento de este derecho, como el de la mayor parte de los derechos que se reconocen en aquel momento, es la garantía de un espacio de libertad del ciudadano frente a las injerencias de los poderes públicos. Así pues, estamos ante uno de los clásicos derechos de libertad frente al Estado, aunque, hoy en día, su estructura y contenido no son exactamente los mismos que los que definieron a la libertad de expresión en el Estado liberal, sino que la transformación de ese Estado en Estado social ha dotado a esta libertad de una estructura y un contenido diferentes.

Antes de analizar el derecho a la libertad de expresión debemos señalar que, con carácter general, esta libertad tiene su fundamento y es manifestación externa de otro derecho fundamental: la libertad ideológica. Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional, que considera que la libertad ideológica no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones, sino que comprende además una dimensión externa de agere licere con arreglo a las propias ideas, y que entre las manifestaciones externas de dicha libertad figura muy principalmente la de expresar libremente lo que se piensa (por todas, STC 120/1990, FJ 10).

El derecho fundamental a la libertad de expresión se reconoce en el art. 20 de nuestra Constitución, pero, a la vista del contenido de dicho artículo, a la cláusula “libertad de expresión “ se le atribuyen dos sentidos, uno amplio y otro restrictivo:

a) En sentido amplio, la libertad de expresión se entiende comprensiva de las diferentes “libertades” que puede ejercer un ciudadano en la posición de emisor en el proceso de la comunicación y que se definen en las cuatro letras del art. 20, apartado 1, de la Constitución: la libertad de “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (art. 20.1.a); la libertad de “producción y creación literaria, artística, científica y técnica” (art. 20.1.b ); la “libertad de cátedra” (art. 20.1.c ); y la libertad de “comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (art. 20.1.d ).
b) En sentido restringido, la libertad de expresión no protege cualquier tipo de manifestaciones externas de la posición intelectual de una persona, sino sólo la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones. Así entendida, la libertad de expresión sería sólo la libertad reconocida en el art. 20.1.a) de la Constitución, a la que el Tribunal Constitucional ha denominado “libertad de expresión en sentido estricto” (STC 51/1989, FJ 3), “libertad de opinión” (STC 104/1986, FJ 5) o simplemente “libertad de expresión” (STC 199/1987, FJ 12 ), y no comprendería las otras libertades reconocidas en el art. 20.1 de la Constitución , que se diferenciarían de aquélla por lo siguiente:

1. La libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1.b CE) es, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, una concreción del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, pero “en ámbitos específicos”, y, por ejemplo, “referida a las obras teatrales presupone no sólo la publicación impresa del texto literario, sino también la representación pública de la obra” (STC 153/85, FJ 5 ). Conviene señalar aquí que no se debe confundir esta libertad con los derechos de propiedad intelectual e industrial, que son derechos sobre la obra ya creada cuyo objetivo es proteger los intereses patrimoniales del creador y que no son derechos fundamentales (así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, ATC 197/1982).
2. La libertad de cátedra (art. 20.1.c CE) es una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su función. Consiste, por tanto, en la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias en relación con la materia objeto de su enseñanza (STC 217/92, FJ 2 ). Las dos notas más destacadas de la jurisprudencia constitucional sobre este derecho son: en primer lugar, el reconocimiento de su titularidad, no sólo a los docentes universitarios, sino también a los docentes de niveles educativos no universitarios; y, en segundo lugar, su interpretación sistemática junto con los restantes derechos y libertades que se ejercen en el ámbito docente e investigador (la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y la autonomía universitaria), interpretación de acuerdo con la cual el Tribunal considera que el contenido de la libertad de cátedra se ve necesariamente modulado por la acción combinada de dos factores: la naturaleza pública o privada del centro docente y el nivel educativo al que tal puesto docente corresponde (STC 5/1981, FJ 9 y 10 ).
3. La libertad de información (art. 20.1.d CE) puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión (STC 6/1981, FJ 4 ) que protege la transmisión de hechos, datos o noticias (por todas, STC 52/2002, FJ 4 ), no la transmisión de juicios de valor, aunque lo cierto es que en muchas ocasiones ambos elementos aparecen confundidos; en estos casos, de acuerdo con el criterio del “elemento preponderante” adoptado por el Tribunal Constitucional (por todas, STC 34/1996, FJ 4 ) estaremos ante un derecho u otro según cuál sea el elemento que predomine en el mensaje emitido: si predominan los elementos valorativos estaremos ante el ejercicio de la libertad de expresión, y si, por el contrario, predominan los elementos fácticos estaremos ante el ejercicio de la libertad de información (SSTC 6/1988, FJ 5 ; 105/1990, FJ 4; 190/1992, FJ 5; 176/1995, FJ 2, entre otras). De esta diferenciación entre libertad de expresión y libertad de información derivan importantes consecuencias: para el ejercicio legítimo de esta última se exigen dos límites específicos e internos, la veracidad y el interés público, que no operan en relación con la libertad de expresión en tanto que libertad de transmisión de opiniones.

Hechas estas distinciones, nos referiremos a continuación al derecho a la libertad de expresión en sentido estricto, advirtiendo, no obstante, que lo que se afirma de la libertad de expresión en sentido estricto vale también, en principio y por regla general, para los restantes derechos y libertades reconocidos en el art. 20.1 CE.
2. El doble carácter de la libertad de expresión
2.1. El contenido objetivo de la libertad de expresión
La libertad de expresión, como el resto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, tiene un doble carácter o doble contenido. Los derechos fundamentales son, en primer lugar, derechos subjetivos definidos por una norma jurídica objetiva, concretamente, por una norma constitucional determinada. Pero las normas sobre derechos fundamentales contienen algo más que la definición de posiciones jurídicas subjetivas. Junto al contenido subjetivo, a los derechos fundamentales se les reconoce un contenido objetivo, integrado, de un lado, por principios objetivos cuyo valor se extiende a todos los campos del derecho y, de otro, en ocasiones, por garantías institucionales; principios objetivos y garantías institucionales de las que derivan un conjunto de mandatos y obligaciones de carácter objetivo para los poderes públicos. Desde la perspectiva de este contenido objetivo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que los derechos fundamentales “son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de derecho y más tarde en el Estado social y democrático de derecho” (STC 25/1981, FJ 5 ); y que “son los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como dice el art. 10 CE , el fundamento del orden político y de la paz social” (STC 53/1985, FJ 4 ).

A pesar de que el doble carácter sea un elemento definitorio de todos los derechos fundamentales, en el caso de la libertad de expresión dicho doble carácter constituye un elemento central tanto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta libertad, como de la interpretación doctrinal sobre la misma. Desde un primer momento el Tribunal ha puesto de relieve el doble carácter de las libertades reconocidas en el art. 20 de la Constitución: de un lado, como derechos de libertad frente al poder y, de otro, como “garantía institucional de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático” (STC 19/1996, FJ 2 ). Desde la inicial STC 6/1981 (FJ 3) el Tribunal ha destacado que la posibilidad de libre ejercicio de los derechos fundamentales a las libertades de expresión e información garantiza un interés constitucional relevante: la formación y existencia de una opinión pública libre, pues, en la medida en que la libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre, el art. 20 , al proteger dichas libertades, está garantizando la libertad en la formación y en el desarrollo de esa opinión pública (STC 12/1982, FJ 3) . Y esta garantía que reviste una especial trascendencia ya que la opinión pública libre es una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, lo que la convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos ha de ser también informado ampliamente, de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas. Por ello reciben una especial protección las opiniones referidas a asuntos de interés general o relevancia pública. Así pues, el Tribunal concluye que con el reconocimiento de la libertad de expresión y de los restantes derechos del art. 20 CE se garantiza también “el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de representación democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política” (STC 6/1981, FJ 3).
2.2. Consideración preferente de la libertad de expresión
La doctrina del carácter institucional de la libertad de expresión, como garantía de una opinión pública libre y bien informada, ha servido al Tribunal para argumentar la posición prioritaria o preferente de las libertades del art. 20.1 de la Constitución. Aunque con matices, el Tribunal ha declarado la posición preferente, prioritaria o preponderante de dichas libertades sobre los derechos de la personalidad del art. 18.1 de la Constitución, en los casos de colisión de aquéllas con éstos (SSTC 104/1986, FJ 5 y 6; 159/1986, FJ 6; 171/1990, FJ 5; 172/1990, FJ 2; 19/1996, FJ 2 y 3, entre otras). Debemos señalar que el Tribunal, en sus primeras sentencias, liga la posición preferente al ejercicio de la libertad de información siempre que se comuniquen hechos veraces de relevancia pública. Más tarde, a partir de la STC 107/1988, comienza a aplicar la doctrina de la posición preferente a la libertad de expresión, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en la Sentencia del caso Handyside, de 7 de diciembre de 1976, había extendido la doctrina de la posición preferente a la libertad de expresión cuando se trate de opiniones sobre asuntos públicos, afirmando que en estos casos sus efectos actúan sobre las expresiones ofensivas que puede contener el mensaje, pues la confrontación de opiniones necesarias para que el debate democrático sea robusto exige admitir como parte del mismo expresiones que “ofendan, inquieten o perturben” a la mayoría de la opinión pública.

Sin embargo, y al mismo tiempo, la jurisprudencia constitucional relativiza, en numerosas sentencias, el valor preferente de las libertades de la comunicación, al negarles una posición jerárquica superior a la de otros derechos fundamentales. “Tal valor preferente -afirma el Tribunal- no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general, careciendo de tal efecto legitimador cuando las libertades de expresión e información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención al cual la Constitución le concede su protección preferente” (STC 171/1990 FJ 5 ). El valor preponderante de las libertades públicas del art. 20 de la Constitución , en cuanto se asienta en la función que éstas tienen de garantía de una opinión pública libre indispensable para la efectiva realización del pluralismo político, solamente puede ser protegido cuando las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública, obligados por ello soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, “pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática” (STC 107/1988, FJ 2 ). De acuerdo con esta línea de interpretación, la prevalencia de estas libertades frente a los derechos de la personalidad se debe condicionar (mediante una ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso concreto) a que aquéllas verdaderamente ejerzan de garantía de la opinión pública. Según esta matización de la doctrina de la preferencia, el Tribunal niega una prevalencia a priori de unos derechos sobre otros; habrá que determinar, en cada caso concreto que se plantee, si el ejercicio del derecho invocado se ha mantenido en el ámbito constitucionalmente reconocido y protegido (por todas, STC 20/1992 ).
2.3. Otras consecuencias del contenido objetivo de la libertad de expresión
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y la doctrina alemanas, de las que es originaria la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, del contenido objetivo de los derechos, y más concretamente del reconocimiento de su carácter de principios objetivos, derivan fundamentalmente tres consecuencias: la primera, la eficacia irradiante de los derechos fundamentales que, como principios objetivos, producen un efecto de irradiación en todos los ámbitos del derecho que quedan así constitucionalmente conformados; la segunda, el deber objetivo de los poderes públicos de realizar, promover y preservar el bien jurídico protegido por el derecho fundamental; y la tercera, la obligación objetiva de los poderes públicos de desarrollar el derecho a través de las normas que sean necesarias para hacer real y efectivo el ejercicio del derecho fundamental, no sólo normas materiales, sino también y especialmente normas de organización y procedimiento.

En relación con las consecuencias que derivan del reconocimiento del contenido objetivo de los derechos, nuestro Tribunal Constitucional, que “importó” de Alemania la teoría del doble carácter, en la primera sentencia relativa a la radiotelevisión reconoció la relación existente entre los derechos individuales de la comunicación, recogidos en el art. 20 de la Constitución , y el valor constitucional de la libre formación de la opinión pública, y afirmó que la garantía de esa comunicación pública libre, sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige el respeto de los derechos fundamentales de la comunicación y la correspondiente interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder (verbi gratia las prohibidas en los apartados 2 y 5 del art. 20 CE ), así como una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social. La libertad de expresión por cualquier medio se entiende como derecho de libertad frente al poder y común a todos los ciudadanos, pero el Tribunal reconoce que la garantía de las libertades del art. 20 impone a los poderes públicos dos tipos de obligaciones: en primer lugar, la obligación de “no estorbarla”, obligación que deriva de la libertad de expresión como derecho subjetivo reconocido por la norma; y, en segundo lugar, un mandato de actuación positiva para el legislador, que deriva del contenido objetivo del derecho: “la libertad de los medios de comunicación, sin la cual no sería posible el ejercicio de los derechos fundamentales que el art. 20 CE enuncia, entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos, además de no estorbarla, adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudieran oponerle. La cláusula del Estado social y, en conexión con ella, el mandato genérico contenido en el art. 9.2 imponen, sin duda, actuaciones positivas de este género” (STC 6/1981, FJ 3,4 y 6 ).

Esta idea clara y correcta de que los poderes públicos, además de la obligación de “no estorbar” la libertad de expresión, que es libertad frente al Estado, vienen obligados por una serie de mandatos objetivos a actuar positivamente para hacerla real y efectiva, es una idea que, aunque no desaparece (posteriormente, por ejemplo, STC 168/1986, FJ 2 ), lamentablemente se difumina a partir de esta primera sentencia del Tribunal Constitucional, sobre todo en relación con el régimen de los medios audiovisuales de comunicación.
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