Resumen: En circunstancias, la ausencia o mala configuración de las decisiones políticas imposibilitan la efectividad de derechos constitucionales.






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fecha de publicación19.06.2016
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Jornada de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Económico

Control Judicial, Discrecionalidad Política y Derechos Fundamentales

Matías E. Pedernera Allende

Resumen: En circunstancias, la ausencia o mala configuración de las decisiones políticas imposibilitan la efectividad de derechos constitucionales. Ante ese problema, el sistema institucional confiere al Poder Judicial, la misión de garantizar la supremacía constitucional. Surge entonces el problema acerca de cuándo y en qué medida se justifica la intervención judicial ante deficiencia de las decisiones políticas. En este trabajo se intentará brindar una respuesta desde el sistema normativo argentino y algunas reflexiones desde la filosofía política.

Palabras clave: Control de constitucionalidad, sentencias constitucionales, políticas públicas, derechos fundamentales.

Key words: Judicial review, constitutional judgments, public policies, human rights.

Control Judicial, Discrecionalidad Política y Derechos Fundamentales



Introducción

En los últimos años, la jurisdicción constitucional se ha encontrado con nuevos problemas en orden a garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. En parte, dichos problemas han tenido su origen en la mayor intensidad normativa de los textos constitucionales, y la vinculación inmediata que los derechos en ellos reconocidos generan para los poderes públicos constituidos.

En particular, un problema relacionado con la efectiva realización de los derechos, ha sido la ausencia o mala configuración de decisiones políticas por parte de los poderes Legislativo o Ejecutivo. Respecto a ello, la Corte Suprema argentina ha dictado una serie de novedosos pronunciamientos, conocidos como “sentencias exhortativas”. La exhortación a un poder constituido para que cumpla con determinada obligación constitucional constituye la diferencia específica de estas sentencias constitucionales1.

A pesar del buen intento que suponen estas sentencias para garantizar la supremacía constitucional, hay al menos un problema, muy propio del contexto constitucional argentino: la falta de cumplimiento de las decisiones, por los poderes exhortados. Ello ha conducido a interrogarse acerca de cuán eficaces son estos pronunciamientos para lograr su cometido constitucional2.

La pregunta por la eficacia jurídica de un pronunciamiento judicial, no puede contestarse sin referencia al marco normativo en el cual se haya dictado. Por eso, el objetivo de este texto será determinar qué prescriben las normas constitucionales acerca de los deberes del Poder Judicial, en particular de la CSJN3, en orden a asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Si bien dicho objetivo ha sido concebido para la evaluación de las sentencias exhortativas, el esquema que se adoptará pretenderá la aplicación de las conclusiones a todo tipo de sentencias que involucren la protección de derechos cuando la intervención de los poderes públicos en el dictado de decisiones políticas sea nula o deficiente.

Junto al análisis normativo, se considerarán las limitaciones al ejercicio del control judicial de constitucionalidad derivadas del esquema institucional republicano. Conjuntamente, y a un nivel más general se realizará una evaluación filosófico-política de los problemas o deficiencias que pueden presentar las decisiones legislativas y las potencialidades y límites de la judicatura para solucionarlos, desde los aportes del constitucionalismo dialógico.
Contexto de los derechos fundamentales: Estado constitucional de derecho

La pregunta acerca de cómo y en qué grado debe intervenir el Poder Judicial ante las deficiencias legislativas, adquiere un significado particular en el marco del Estado de Derecho Constitucional4. Una característica propia de este modelo, es la existencia de constituciones normativas garantizadas. Que una Constitución es normativa significa que, además de regular la organización del poder y las fuentes del Derecho –que son dos aspectos de una misma realidad–, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente exigibles”5.

En ese sentido se ha dicho que “al poseer eficacia directa, los derechos constitucionalmente declarados no necesitan desarrollo legal para ser invocados ante los tribunales, basta la sola apoyatura constitucional para justificar una pretensión procesal (…). Ya no es la ley la creadora de los derechos sino la Constitución cuyas normas, al reconocerlos, proveen a sus titulares de los medios para ejercitarlos y para defenderlos”6.

En el ámbito del derecho argentino se ha señalado que la capacidad normativa de la Constitución se define “por la viabilidad de hacer obligatorio su cumplimiento, de darle aplicación sin necesidad ineludible de intermediarios, de obtener sanción o remedio al incumplimiento o a la violación”7.

De manera que referirse a la eficacia de los derechos fundamentales en el marco del “Estado constitucional de derecho” supone un cúmulo de obligaciones de peso para el Estado, una limitación profunda a su libertad en el desarrollo legislativo, y una vinculación fuerte al Poder Judicial en lo que hace a garantizar la realización de los derechos.

En el caso particular del derecho argentino, la Reforma Constitucional de 1994 supuso una ampliación del catálogo de derechos contenidos en la parte dogmática y en otras disposiciones de la Constitución (por ej: art. 75) a través de la constitucionalización de instrumentos internacionales de derechos humanos por medio del artículo 75 inc. 22 de la Constitución.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnuhd) emitió en 2012 una guía para medición y aplicación de derechos humanos. Allí, describió las obligaciones del Estado, distinguiendo en primer lugar obligaciones inmediatas y de carácter progresivo si los recursos son insuficientes. Señaló que mayormente, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales, implican obligaciones inmediatas así como aspectos de realización progresiva8.

También indicó que “existen obligaciones legales de carácter positivo que los Estados deben cumplir, como la adopción de medidas legislativas, judiciales y administrativas indispensables para la realización de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Guarda relación con la obligación de hacer cumplir los derechos humanos, que incluye las obligaciones de promover (por ejemplo, creando un marco institucional y normativo que apoye el disfrute de los derechos) y proveer (por ejemplo, asignando una cantidad apropiada de recursos públicos). En este caso la demanda del titular del derecho guarda relación con el cumplimiento de los compromisos del titular de las obligaciones para aplicar determinadas políticas encaminadas a lograr un conjunto de resultados deseados que pueden relacionarse con la realización de los derechos humanos”9.

Aunque hay obligaciones de realización progresiva, el Estado debe asegurar un “nivel mínimo esencial” de esos derechos y debe también adoptar medidas concretas y específicas para la realización del derecho. Además tiene la obligación de demostrar que está empleando sus recursos disponibles en la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales10.

Oacnuhd identificó también, obligaciones de conducta y de resultado junto a las obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir. Así dijo que “la obligación de conducta exige medidas razonablemente calculadas para realizar el disfrute de cierto derecho (…). La obligación de resultado exige a los Estados que logren metas específicas para satisfacer una norma sustantiva”.
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