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al servicio del Estado.

Fue propuesta por el Presidente Echeverría y se publicó en el Diario. Oficial de 10 de noviembre de 1972.
Décima reforma
Modifica el párrafo inicial del Apartado "B". Fue propuesta por el Presidente Echeverría y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de-octubre de 1974.
Undécima reforma
Consagra el principio de igualdad laboral entre mujeres y hombres; b preferencia de derechos de quienes son la única fuente de ingresos en su familia y el seguro de guarderías. A tal efecto se modifican las fracciones IL V, XI, XV, XXV y XXIX.
Fue propuesta por el Presidente Echeverría y se publicó en el Diaru Oficial de 31 de diciembre de 1974.
Duodécima reforma
Modifica la fracción XXXI del Apartado "A" para atribuir a la jurisdicción federal el conocimiento de los asuntos relacionados con industria automotriz, productos químicos, farmacéuticos y medicamentos, celulosa de papel, aceites y grasas vegetales, empacado, y enlatado de alimentos y bebidas envasadas.
Fue propuesta por el Presidente Echeverría y publicada en el D Oficial de 6 de febrero de 1975. Decimotercera reforma.
Se incorpora a la fracción XII el antiguo texto de la fracción XIII. Se adiciona con una nueva fracción XIII que establece la obligación de las empresas de capacitar y adiestrar a sus trabajadores.
La reforma fue propuesta por el Presidente López Portillo y se publico en el Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 1978.
Decimocuarta reforma
Se reformó la tracción XXXI del Apartado "A". La reforma fue propuesta por el Presidente López Portillo y se publicó en el Diario Oficial dr la Federación de 9 de enero de 1978.
Decimoquinta reforma
Se adicionó un párrafo inicial al proemio, estableciendo el derecho al trabajo y la necesaria promoción de la creación de empleos y de la organización social para el trabajo.
La reforma fue propuesta por el Presidente López Portillo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 8 de diciembre de 1978.
Decimosexta reforma
Se adicionó al apartado "B" la fracción XIII bis que incorpora a dicho apartado a los trabajadores de las instituciones a que se refiere el párrafo quinto del art. 28 constitucional (bancarios).
La reforma fue propuesta por el Presidente José López Portillo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 17 de noviembre de 1982.
Decimoséptima reforma
Se reformó la fracción VI del apartado "A" que establece salarios mínimos por zonas geográficas, suprime el salario mínimo para el campo y encarga sólo a una comisión nacional su fijación.
La reforma fue propuesta por el Presidente Miguel de la Madrid y se oublicó en el Diario Oficial del 23 de diciembre de 1986.
Decimoctava reforma
Se reformaron la frac. XXXI del apartado "A" y la frac. XIII bis del apartado "B". La primera para incluir en el inciso a), subinciso 22 los servicios de banca y crédito. La segunda para conservar exclusivamente respeto de las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del Sistema bancario mexicano, la condición de trabajadores del régimen burocrático.

Fue propuesta por el presidente Salinas de Gortari y se publicó en el Diario Oficial del 27 de junio de 1990.
Decimonovena reforma
Se modificó el segundo párrafo de la fracción XII del Apartado "B" para d efecto de establecer que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal y por la Suprema Corte de Justicia los que se produzcan con sus propios empleados.
Fue propuesta por el presidente Ernesto Zedillo y se publicó en el Diana Oficial del 30 de diciembre de 1994.
Vigésima reforma
Se modificó el primer párrafo de la fracción XIII del apartado "B" para incluir del mismo a los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Pero se agrega un largo párrafo tercero dedicado a los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal y de la Federación, que permite su remoción "si no cumplen con los requisitos vigentes" sin que proceda su reinstalación o restitución aunque se admita la indemnización.
Fue propuesta del presidente Ernesto Zedillo y se publicó en el Diario Oficial del 8 de marzo de 1999.
DE VENUSTIANO CARRANZA A LÁZARO CÁRDENAS
1. Consideraciones generales
La división de las etapas por las que han atravesado el movimiento obrero mexicano y su legislación laboral puede ser un tanto artificial. Como tendremos oportunidad de advertir en el desarrollo de este capítulo, no existe, ni muchísimo menos, una coincidencia básica en la política obrera, ni en la actitud de la clase trabajadora, a través de los años que transcurren desde el 5 de febrero de 1917, fecha en que se promulga la actual Constitución, y el lo. de diciembre de 1940, cuando concluye el período presidencial del general Lázaro Cárdenas. Sin embargo, por razones de método y de extensión capitular, se explica esta división. Por otra parte esta división podría justificarse desde otro punto de vista. Con Cárdenas concluye el proceso de reforma social fundamental. A partir de Ávila Camacho y hasta la terminación del régimen del presidente Díaz Ordaz, nuestro país institucionaliza la revolución, expresión que no puede ser ni más contradictoria, ni más verídica y toma un rumbo definido hacia el capitalismo. No se trata de un clásico capitalismo liberal. Es algo que no tiene nada que ver con el siglo XIX. Es un capitalismo, por otra parte, integrado con recursos privados, y por la otra, con una importante intervención estatal, por vía de inversión (petroquímica, v. gr.), o de compra (energía eléctrica, entre otros), pero, por regla general, con cierto sentido social que sólo exige se respeten sus reglas de juego... lo que no necesariamente ocurre.
Esa segunda etapa, que nosotros tratamos en el capítulo que sigue, podría caracterizarse, desde el punto de vista social, por la mediatización del movimiento obrero en la superestructura y la represión, tan feroz como haya sido necesario a juicio del gobierno, de la base. Desde el punto de vista social se inicia con la entrada virtual de México a la guerra —y la entrada real de México a la industrialización y a los grandes negocios de la iniciativa privada— y concluye, dramáticamente, el 2 de octubre de 1968, fecha en que sin el cambio de las estructuras formales, se produce, sin embargo, el derrumbe total de las relaciones pueblo-gobierno. Desde el punto de vista legislativo, curiosamente se podría presentar como el tránsito de la LSS de 31 de diciembre de 1942, a la promulgación de la LFT de lo. de mayo de 1970. Por último, desde el punto de vista de condiciones reales, particularmente considerando la actitud de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de trabajo, por un mayor énfasis en las soluciones conciliatorias y una evidente tendencia patronal —a nivel jurisdiccional— en la solución de los conflictos.
La tercera etapa, que se inició al tomar posesión el Presidente Echeverría, el lo. de diciembre de 1970, exige un análisis particular. En el orden laboral se produjeron fenómenos importantes. Y, además, se intentó reconstruir la comunicación gobierno-pueblo interrumpida en la Plaza de las Tres Culturas, pocos días antes de inaugurarse la XIX Olimpiada. Sin embargo, las vicisitudes económicas nacionales producidas a partir de 1973, llevaron al país a una situación difícil que el Gobierno del Presidente López Portillo debió enfrentar inclusive deteniendo temporalmente los avances logrados por los trabajadores. No tuvo éxito, pese al petróleo, y su sucesor, el Presidente Miguel de la Madrid, encontró una crisis mucho más profunda de lo imaginable. Que se agrava cada vez más, pese a etapas de aparente respiro, en las presidencias de Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León. Y en especial con Vicente Fox y Felipe Calderón.
2. LA LEGISLACIÓN LABORAL ESTATAL
En la jornada del Congreso constituyente de 26 de diciembre de 1916. el brillante diputado obrero Héctor Victoria hizo patente su inconformidad con la tesis sustentada en el Proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza, en el sentido de que fuera el Congreso de la Unión el único facultado para dictar leyes en materia de trabajo, según se sugería en la fracción X del art. 73 de dicho Proyecto. Dos fueron las razones principales en que apoyó Victoria su tesis: de un lado, porque estimaba que con ello se estaba violando la soberanía de los instados y, en segundo término, que las circunstancias económicas de cada Estado eran diferentes. Dos días después, el diputado Ugarte insistió sobre la misma idea.
Como consecuencia de ello, en el Proyecto de art. 123 elaborado por h comisión presidida por Pastor Rouaix y en el dictamen de la Comisión de Congreso, en si preámbulo del art. 123 se estableció el derecho de las legislaturas de los Estados y del Congreso de la Unión, por lo que se refiere al Distrito Federal, para dictar leyes en materia de trabajo.
La medida, ajuicio de Mario de la Cueva, fue benéfica, en razón de que "en aquellos años se carecía de experiencia y se ignoraban las verdaderas condiciones de la República "y resultaba" más sencillo y práctico encomendar a los Estados la expedición de las leyes, ya que era más fácil conocer las necesidades reales de cada región que las de todo el país".
De todas las leyes locales de aquella época —menciona De la Cueva que entre el 2 de octubre de 1918 y el 16 de septiembre de 1926, fechas en que se dictaron, respectivamente, las leyes de Carrillo Puerto y de Álvaro Torres Díaz para el Estado de Yucatán, fueron promulgadas leyes de trabajo en casi toda la República— las más importantes, por la trascendencia que tuvieron en el desenvolvimiento del derecho del trabajo son, la Ley del Trabajo de Veracruz, promulgada por Cándido Aguilar y las mencionadas de Yucatán.
La Ley del Trabajo de Veracruz
Fue expedida el día 14 de enero de 1918, según De la Cueva, a quien seguimos en este inciso. Su campo de aplicación se limitó al no incluir a los trabajadores al servicio del Estado. La definición del contrato de trabajo que lo califica como "aquel en virtud del cual una persona llamada trabajador, presta a otra, llamada patrón, un servicio personal, en su servicio, bajo su dirección y mediante el pago de una retribución pecuniaria" constituye, sin duda alguna, el antecedente de la que contiene el art. 17 de la Ley de 1931.
Las disposiciones de mayor trascendencia de esta ley son las relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades, posteriormente modificadas. Originalmente se siguió el intento de fijar un mes de sueldo, que se pagaría anualmente, pero a partir del 5 de julio de 1921 se estableció que la utilidad se determinaría por comisiones, definiéndose como la ganancia líquida obtenida por la empresa, después de descontar el interés y la amortización del capital invertido. Además se señaló que el tanto por ciento nunca sería inferior al diez por ciento y que la utilidad se pagaría a los trabajadores en proporción a los salarios que hubiesen percibido. También en este caso es evidente la relación con nuestro sistema vigente.
En materia sindical se consagra una especie de sindicato gremial, con algo del actual sindicato de oficios varios al establecerse en el art. 142 que sindicato es "la agrupación de trabajadores que desempeñan la misma profesión trabajo o profesiones y trabajos semejantes o conexos, constituida exclusivamente para el estudio, desarrollo y defensa de sus intereses comunes".

La Ley de Veracruz regulaba a la huelga, la que funcionaba como un instrumento que obligaba al patrón a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo o a modificarlo, en su caso. En materia de huelga se establecía el arbitraje obligatorio.
Respecto al número de extranjeros, se previno que debía ser contratado, por lo menos, un ochenta por ciento de trabajadores mexicanos.
Por último, con relación a los problemas contenciosos, y siguiendo el modelo de Yucatán, se crearon Juntas Municipales de Conciliación y una Junta Central de Conciliación y Arbitraje. El procedimiento se dividía en dos etapas: la investigación, período en el que se ofrecían pruebas y la conciliación y arbitraje. La primera se llevaba a cabo ante las juntas municipales y la conciliación y arbitraje, ante la Central.
Las leyes de Yucatán
La ley expedida durante la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto, de 2 de octubre de 1918, en vez de seguir el modelo de la ley de Alvarado, imita a la ley de Veracruz, manteniendo solamente la terminología y la reglamentación de los convenios industriales.
La ley de Álvaro Torres Díaz, de 16 de septiembre de 1926, modifica sensiblemente la ley anterior, tanto en materia sindical como en materia de huelga. Respecto de la primera dispone que sólo tendrán personalidad jurídica para celebrar contratos colectivos de trabajo, convenios industriales J ejercer las acciones derivadas de los mismos, los organismos adheridos a la "Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste". Con relación a la segunda, se establece un arbitraje previo y obligatorio, que hacía nugatorio el derecho de huelga.
3. El movimiento obrero
La etapa comprendida entre la puesta en vigor de la Constitución revolucionaria y el fin del período presidencial del General Abelardo L. Rodríguez es fundamental en cuanto a la determinación de las orientaciones burguesas que han constituido la esencia del movimiento obrero mexicano, y que aún subsisten, si bien con una precariedad que cada día se pone más de manifiesto.

Hemos dicho que el grupo sindical de la "Casa del Obrero Mundial" prohija un sindicalismo revolucionario hasta el momento en que la hábil dad política de sus dirigentes —pensamos sobre todo en Rafael Quintero v en Celestino Gasea— logra un acuerdo contrario a la voluntad mayoritana y se decide la incorporación de los obreros al carrancismo. Nace en ese momento el sindicalismo mediatizado que suele denominarse también sindicalismo "politizado", cuya estructuración definitiva se alcanza con el cardenismo.
El período presidencial de Venustiano Carranza, que después de las elecciones de 11 de marzo de 1917, se inicia ¡curiosa paradoja el 1o. de mayo del mismo año, para culminar, trágicamente, en Tlaxcalantongo, el 21 de mayo de 1920, confirma la orientación antiobrerista del antiguo Primer Jefe. Según menciona Echeverría "Los más graves conflicto entre el capital y el trabajo eran originados por los salarios misérrimos y un trato empresarial discriminatorio y ultrajante: los peores patrones fueron los petroleros ingleses, holandeses y norteamericanos", pero a pesar de que los sindicatos intentaban obtener mejoras, siempre tropezaban con la oposición de las autoridades, lo que se tradujo en un conflicto permanente, alimentado, por otra parte, por el general Álvaro Obregón, principal opositor de Carranza.
En 1918 los obreros determinaron unirse por un pacto de solidaridad, va que pensaban encontrar en su unión, una mayor fuerza frente al Estado v al capital. Como resultado de ello nació la CROM (Confederación Regional Obrera Revolucionaria), fundada por el III Congreso Nacional Obrero celebrado el lo. de mayo cuyos fines, se precisó, consistían en lograr una mejor distribución de la riqueza social y una descentralización de la propiedad de la tierra. Se declaró apolítica, pero no antipolítica, según menciona Víctor Alba y ofreció su ayuda al gobierno, con la advertencia de que, de no contar con el gobierno, los trabajadores resolverían, por sí mismos, sus propios problemas.
La CROM aceptaba el internacionalismo proletario, pero lo sometía a la condición del mutuo respeto para las formas de lucha interna que pudiera seguir el proletariado. De esa manera se establecía una solidaridad limitada. La CROM seguía, pues, una cierta corriente socialista, pero en estrecho contacto con el gobierno, y con respeto al desarrollo de la industria y de la agricultura.
El máximo dirigente de la CROM fue Luis N. Morones, miembro importante del Grupo Acción y del Partido Laborista. Su influencia personal fue considerable, al grado de que, particularmente en el Gabinete del Presidente Calles, llegó a constituirse en el hombre fuerte del régimen. Siendo Calles Secretario de Industria y Trabajo bajo la presidencia de Carranza, se esforzó por apoyar a la CROM a efecto de que creara el Partido Laborista Mexicano, en el que veía una fuerza combativa para la defensa de los intereses económicos de la clase trabajadora.
A la muerte de Carranza, el presidente interino Adolfo de la Huerta, con el consentimiento de Obregón y Calles, protege abiertamente la organización sindicalista de los trabajadores y auspicia al nacimiento de nuevas organizaciones sindicales. Ello conlleva la corrupción sindical, los choques intergremiales y el desviacionismo de los fines propios del sindicalismo, que son sustituidos por meros intereses individuales, al encumbrarse, a los puestos de gobierno, los líderes obreros. Es el momento en que los grupos sindicales se convierten en instrumentos de contiendas electorales, y no en organismos vinculados a la lucha de clases.
El período presidencial de Obregón no altera el sentido de las cosas. Si en sus principios —y particularmente en la etapa en que con ello podía obtener ventajas sobre Carranza— se había manifestado obrerista y amigo del sindicalismo político, al llegar al poder utiliza la fuerza militar para disolver las huelgas y prohija el asesinato de obreros y campesinos, tal como señala Rosendo Salazar, con relación al zafarrancho ocurrido el lo. de febrero de 1923. En realidad con Alvaro Obregón se acentúa la transformación del sindicato en un instrumento solamente político.

El gobierno del general Plutarco Elias Calles, en quien se encontraban evidentes influencias del pensamiento de Ricardo Flores Magón, pudo ser caracterizado como revolucionario, con ideas de redención social y de reforma agraria, pero con una orientación nacionalista que limitaba su doctrina social "al ámbito de los intereses mexicanos". Por otra parte, la necesidad de contemporizar con los intereses económicos extranjeros, que eran verdaderos instrumentos de presión y que se encontraban alarmados por los progresos sociales de la Revolución, llevaba al Presidente Calles a mantener en cerrados límites cualquier intento de emancipación sindical.
Surge entonces el encuentro de dos claras tendencias sindicales. Por una parte, los grupos que integraban los sindicatos "amarillos", moderados y ortodoxos, politizados y leales al gobierno, que utilizaban como bandera, la nacional. Por la otra los sindicatos "apolíticos", denominados "rojos", fundamentalmente anarquistas, para los cuales el Estado representaba los intereses de la burguesía y constituía el brazo autoritario y armado de la explotación capitalista. Los primeros servirían en 1928 para que el general Calles, al nacer el Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y hoy Partido Revolucionario Institucional, integrara una sección obrera en ese organismo político que ha caracterizado desde entonces a nuestro sistema de gobierno.
Rodolfo Echeverría ha dibujado claramente a ese sindicalismo que 1 sigue teniendo singular vigencia en nuestra vida política, aun cuando ya no tenga, desde hace muchos años, ningún valor en relación a la lucha de clases, al señalar que sus metas han coincidido siempre con los propósitos económicos y sociales del régimen presidencia], y al decir que no persigue» obtener, por sí mismos, mejorías en favor de los trabajadores. La condición liberal y burguesa de los distintos regímenes llamados "revolucionarios" no era obstáculo para la adhesión incondicional de estos sindicatos políticos que, por otra parte, obtenían con ello algunas ventajas económicas,

A partir de esta época (la de Calles) —dice Echeverría— el sindicato político estará presente en la vida institucional de México. Cada vez irá definiendo, con mayor claridad, sus características orgánicas de agrupación clasista, sin discrepar esencialmente del credo social, económico y político de los regímenes revolucionarios.
A lo dicho por Rodolfo Echeverría podríamos agregar que esas condiciones subsisten hoy en día y que las principales centrales obreras: nos resistimos a llamarlas "grandes centrales obreras", no son otra cosa que instrumentos de apoyo político, hábilmente educados para amortiguar cualquiera agitación obrera, premiados con puestos públicos para sus dirigentes, con beneficios legales que sirven de bandera para demagógicamente hablar de "conquistas" y que auspician, a niveles secundarios, una increíble inmoralidad que pone en manos de las empresas, la suerte de sus afiliados.
En la época que relatamos, el ejemplo más patente de la forma de actuar del sindicalismo político, se personifica en la figura, para algunos legendaria, de Luis N. Morones. Nacido el 11 de octubre de 1890, en Tlalpan, D. F., me trabajador del Departamento de Conexiones de la Cía. Mexicana de Luz v Fuerza Motriz, y allí creó el Sindicato Mexicano de Electricistas, para más adelante ser designado gerente de la Cía. Telefónica y Telegráfica Mexicana, director general de los Establecimientos Fabriles Militares, con Obregón, luego diputado federal y, con el presidente Calles, ministro de Industria, Comercio y Trabajo. Compartió con éste el destierro a que los condenó el Presidente Cárdenas y vio perder fuerza política a su Central, la CROM, al crear Lombardo Toledano, a instancias de Cárdenas, la CTM.

Junto a la CROM, como indiscutible principal Central obrera mexicana en la segunda década del siglo, debe de citarse a la Confederación General de Trabajadores (CGT), nacida a impulsos de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, el día 22 de febrero de 1921. Su bandera era la destrucción del sistema capitalista, por medio de la acción directa revolucionaria; la abstención de intervenir en política, a través de un partido, de cualquiera de sus miembros; el internacionalismo proletario; el repudio a la "Confederación Regional Amarilla" y a la "Federación Americana del Trabajo"; la adhesión a la Internacional Roja de Sindicatos y Uniones de Trabajo y, en general, la lucha contra el capitalismo.
En la CGT participaban algunos antiguos miembros de la "Casa del Obrero Mundial", como Rafael Quintero, Herón Proal, Luis Araiza y otros. Su ideología radical derivó del comunismo al anarquismo. "Estamos compenetrados de la verdad fundamental de que no hay ni puede haber gobiernos buenos.
La sola palabra gobierno significa abuso... La CGT no es organización política: es rebelde, antiestatal y libertaria. No predica la paz y la armonía entre lobos y ovejas... "diría en una carta al general Obregón de 30 de noviembre de 1922. En realidad fue un grupo radical, que no hizo concesiones al gobierno, y enfrentó reiteradamente a éste, particularmente al encabezado por Obregón, dando lugar, con los acontecimientos de lo. de febrero de 1923. a la represión del gobierno, que había roto una huelga tranviaria.
El asesinato del general Álvaro Obregón por León Toral, consecuencia de la inestabilidad religiosa en el país, determinó que a Plutarco Elías Calles lo sucediera el político tamaulipeco, licenciado Emilio Portes Gil. Er realidad los años de 1926 a 1929, compartidos en el poder por Calles v Portes Gil, son probablemente los que determinan la personalidad política del México actual. El principal acontecimiento que entonces se vive es la rebelión cristera. Además surge un grupo intelectual que encabezado por Vasconcelos obtiene la autonomía para la Universidad en 1929. Por otra parte, se produce, una escisión dentro de la CROM, de la que se separaría un grupo importante dé sindicatos para constituir la "Federación Sindical de Trabajadores del D. F." (25 de febrero de 1929). En un manifiesto de febrero de 1929, los disidentes dirían a Morones —auspiciados por Portes Gil— que no debía seguir usurpando los puestos sindicales: "¿Cómo es posible que quienes han pregonado sacrificarse por la organización obrera, no admitan d pequeñísimo sacrificio que sus deberes les imponen de abandonar toda representación y perder los beneficios personales que dentro de la primera han tenido y tienen? ¿Cómo es posible que quienes en todo tiempo han dicho | los cuatro vientos que aman y se deben a la organización obrera acepte-corno cumplimiento de su deber la permanencia en los mismos puestos, en lo* cuales su sola personalidad está matando a esa misma organización obrera Entre los firmantes de tan precioso documento, aparecen los nombres de Fidel Velázquez y Jesús Yurén...
El año de 1929 culmina un período de afirmación burguesa. Superada la lucha cristera mediante un pacto favorable a los intereses del régimen, la ayuda de la izquierda deja de ser necesaria. Por el contrario, la izquierda "estorba". Es entonces cuando el gobierno toma medidas radicales en contra del Partido comunista, proscribiéndolo y privando de la diputación a Hernán Laborde. El secretario general del Partido, Rafael Carrillo, es detenido Mueren asesinados Julio Antonio Mella e Hipólito Landeros y es fusilado, sin
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