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no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda;

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas i de jornada, se abonará como salario, por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabaje extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas

Los hombres menores de dieciséis años y las mujeres de cualquiera edad, na I serán admitidos en esta clase de trabajos;

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra dase de trabajo, le>s patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadora habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que n» excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberá establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarias, la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones v ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primen de las obligaciones mencionadas;

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su poblador ceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que n» I será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de me-dos públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipal centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el esta miento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar:

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;

XV. El patrón estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes;

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.;

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros;

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del gobierno de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército nacional;

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno.

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él;

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra;

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes;

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas del trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular;

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en e. concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:
a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo.

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, ajuicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

c) Las que estipulan un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los articule» de consumo en tiendas o lugares determinados.

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales-perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele obra.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio la familia, bienes que serán inalienables, no podrás sujetarse a gravámenes les ni embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificación las formalidades de los juicios sucesorios;

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de ros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la prevención popular; XXX, Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados.
4. La filosofía del artículo 123
En el capítulo cuarto de esta obra (Las características del derecho del Trabajo) hemos expuesto nuestra opinión a propósito de cuál es la filosofía del Derecho laboral mexicano, particularmente a la luz del vigente art. 123 constitucional y de su nueva ley reglamentaria. Gran parte de lo entonces dicho, puede entenderse reproducido aquí.
Sin embargo, nos parece que es importante insistir un poco sobre el tema, particularizando las observaciones estrictamente con relación al texto inicial del art. 123. Las reformas posteriores, que después referiremos en su orden, han modificado, sin duda alguna, su orientación inicial o, al menos, han reforzado cierta tendencia, apuntada desde su origen, de buscar el equilibrio de los intereses en conflicto.
Es difícil separar el análisis del art. 123 de lo que podríamos llamar la filosofía de la Revolución, que le dio vida. En el art. 123 en su génesis, se producen los mismos encuentros de tendencias que caracterizan a todo el proceso revolucionario. Así advertimos la clara intención carrancista, que se orienta en un principio, a nivel de Proyecto de Constitución, en el sentido de omitir las reformas en favor de los trabajadores, a cambio de una nebulosa oferta de que, mediante la modificación a la fracción XX del art. 72, se permitiría que el Poder Legislativo dictase leyes sobre trabajo. El ala jacobina y radical, encabezada por Mágica y Jara, con la formidable aportación de Victoria, y de Froylán C. Manjarrez, vino a cambiar las cosas. En ese momento la indiscutible sensibilidad política de Carranza puso en juego el supremo recurso de hacer suyo lo que parecía una exigencia en contra y lanzó a la batalla a sus tres cartas fundamentales. Así Cravioto y Macías toman la palabra 'en la última sesión, el 28 de diciembre y Pastor Rouaix acepta el encargo de presidir la comisión redactora del nuevo proyecto. De ello resulta que el 123 nace en una fórmula de habilísima transacción a la que José Natividad Macías lleva un lenguaje marxista y una solución burguesa, de corte nacionalista.
Debe pensarse en otros factores. Nuestra Revolución fue, si se consideran los elementos humanos en juego, una revolución campesina. No sin razón Carranza les dijo a los mediatizados representantes de la Casa del Obrero Mundial, al recibirlos en Veracruz, que no necesitaba de los obreros. Las fuerzas de Zapata, con una clara conciencia de sus exigencias, peleaban por ^ reforma agraria expresada en el Plan de Ayala. La División del Norte, a pesar de carecer de esa conciencia, estaba impulsada por la masa campesina.
Ante esas fuerzas evidentes, la principal preocupación era la Reforma Agraria a la que Luis Cabrera diera su sentido jurídico. El problema obrero resultaba secundario en un país de tan escasa industria. Pero, en cambio, la sensibilidad de los jóvenes generales y jefes de la Revolución se había orientado hacia la adopción de soluciones enérgicas en el orden jurídico laboral. El Plan del Partido Liberal de los Flores Magón, fuente de inspiración de los más de ellos, había coadyuvado para crear una conciencia de clase, a la que no eran, no podían ser ajenos, los movimientos socialistas en todo el mundo. El marxismo era ya sobradamente conocido. Si no existía un ejército obrero debidamente integrado, ni una fuerza sindical considerable, había. en cambio, múltiples jefes de la Revolución y alguno de ellos tan próximo a Carranza como su yerno, el general Cándido Aguilar, cuyo apoyo era necesario lograr y mantener para dar mayor fuerza a las ambiciones políticas del jefe del Constitucionalismo. ¡París bien vale una misa! y la jefatura de la Revolución ¡bien vale un poco de marxismo formal! Macías, con su extraordinaria inteligencia y su sólida preparación social, iba a ser el instrumento que recogiendo esas inquietudes, las amortiguara, y dándole un matiz socialista, sólo un matiz, visible más que en el texto de la norma, en el "Mensaje", como lo llama Trueba Urbina, lograra la unanimidad respecto del art. i Pero el resultado no fue un precepto marxista. Fue —y el tiempo lo ha confirmado si se contempla la evolución de México hacia un franco sistema capitalista, con la interrupción cardenista— una solución burguesa, que mam intacta la propiedad privada de los medios de producción.
Trueba Urbina afirma, en cambio, que el art. 123 "está fundado en los principios revolucionarios del marxismo, en el principio de la lucha de clases y otras teorías cuya práctica conduce a la transformación económica de la sociedad mexicana burguesa o capitalista". Y en lo que denomina "la dialéctica marxista en el art. 123", señala que este precepto reconoce la lucha de clases, acepta la teoría del valor que consistiría en que sólo el trabajo produce el valor de las cosas, admite la tesis de la plusvalía (al limitar la jornada de trabajo y al establecer condiciones favorables para los trabajadores con garantías mínimas de salarios y salarios remuneradores), condena a la propiedad privada (básicamente en forma indirecta a través del art 29 constitucional) y lleva, por último, al humanismo marxista que "conduce al bienestar económico de todos los componentes de la colectividad y a la desaparición de las clases".
La cualidad marxista esencial se encontrará según Trueba Urbina, en la función reivindicadora de la clase trabajadora, prevista en el "Men que habrá de ejercerse por medio de la huelga, profesional o revolucionaria y que reconoce, como único límite, el orden y la paz. Esta huelga, para Trueba Urbina, conducirá a la revolución proletaria y al cambio de la estructura capitalista, por la socialización de los bienes de producción.
En contra de este punto de vista Adolfo Gilly ha dicho que la Constitución "no era socialista, ni rebasaba en ninguna parte los marcos del derecho de propiedad burgués. Pero prácticamente declaraba inconstitucionales a los terratenientes y a los latifundios, es decir, desamparaba una de las bases de funcionamiento del capitalismo hasta entonces en México; sancionaba derechos obreros y campesinos, no simplemente los "derechos del hombre" en general; y era nacionalista, favorecía y estimulaba las reformas nacionalizad oras en las ramas fundamentales de la economía".
Es evidente que en el art. 123 se reconoce la teoría de la lucha de clases, si sólo nos referimos al texto original, va que en las reformas de 1962, que establecieron la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la orientación cambió sustancialmente. Es discutible si expresa, en cambio, la teoría del valor. Ponemos en tela de juicio que a través de la limitación de la jornada de trabajo, recoja el principio de la plusvalía el cual, sin embargo, reconocemos que está presente en el problema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Negamos en forma radical que en el art. 123 se condene a la propiedad privada. Aceptamos, que los preceptos que lo integran, puedan coincidir con el humanismo marxista. No estamos, en absoluto, de acuerdo en que nuestra huelga profesional, destinada a equilibrar los factores de la producción "armonizando los derechos del trabajo con los del capital" pueda ser considerada como el instrumento de transformación de la sociedad, para provocar el advenimiento de una sociedad socialista.
Si entendemos al marxismo como una teoría económica, que explica científicamente las relaciones de producción, evidentemente Trueba Urbina nene razón cuando dice que está presente en el art. 123, así sea sólo levemente. Por el contrario, si pensamos en el marxismo como ideología política, en su acepción de materialismo histórico, que preconiza la desaparición ¿e la propiedad privada de los medios de producción, el art. 123 no es marxista. Es, si se quiere, humanista, socialista a la manera de la social-democracia alemana y es nacionalista. Pero presume, como hipótesis, el sistema capitalista de producción y en ningún momento establece fórmulas que puedan ya no modificar, sino ni siquiera estorbar a fondo, al capitalismo.
5. Las reformas y adiciones al art. 123
Independientemente de que en los capítulos que siguen continuaremos a historia tanto del movimiento obrero como del Derecho del trabajo en nuestro país, por razones de método es oportuno que en este mismo capítulo se señale cuáles han sido las reformas y adiciones hechas al art. I. constitucional.
Primera reforma
Afectó al preámbulo y a la fracción XXIX, así como al art. 73, fracción X y tuvo por objeto federalizar la legislación laboral (art. 73-X y preámbulo del 123), en virtud de que se consideró que era inconveniente mantener leyes laborales distintas en cada Estado de la República.

La fracción XXIX se reformó para el efecto de declarar que era de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social.
Las reformas fueron propuestas por el presidente Emilio Portes Gil, se publicaron en el Diario Oficial de 6 de septiembre de 1929.
Segunda reforma
Se refiere a la fracción IX. Quedó adicionada en el sentido de que si las comisiones especiales para fijar el salario mínimo no llegan a un acuerdo, la determinación final la hará la Junta Central de Conciliación y Arbitraje respectiva.
La reforma corresponde a una iniciativa de los diputados Octavio Trigo, Luis G. Márquez, Daniel Cárdenas Mora, Pedro C. Rodríguez y Juan C. Peña, que fue presentada siendo presidente Abelardo L. Rodríguez y se publicó en el Diario Oficial de 4 de noviembre de 1933.
Tercera reforma
Corresponde a la fracción XVIII, relativa al derecho de huelga. Tuvo por objeto eliminar la excepción establecida con respecto a los trabajadores de los Establecimientos Fabriles Militares del Gobierno de la República que, conforme al texto original, no podían ejercer ese derecho.
La iniciativa fue del presidente Lázaro Cárdenas. La reforma se publicó en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1938.
Cuarta reforma
Se trató de una doble reforma. Por una parte se modificó la fracción X del art. 73, para crear, a nivel constitucional, una jurisdicción federal laboral que ya existía, de hecho. Por la otra, se adicionó el art. 123 con la fracción XXXI que señala los casos en que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde, por excepción, a las autoridades federales.
Fue propuesta por el presidente Manuel Ávila Camacho y publicada en el Diario Oficial de 18 de noviembre de 1942.
Quinta reforma
Se trata de una adición, más que discutible, ya que incorporó al art. 1 _ a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de los Gobierno» del Distrito Federal y Territorios. Como consecuencia de ello el texto i nal se convirtió en inciso "A", por lo que se refiere a los obreros, jornaleros-empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, a todo contrato de trabajo. El inciso "B", con catorce fracciones, se refiere a los empleados del gobierno.
La propuesta fue presentada por el presidente Adolfo López Mateos y la reforma se publicó en el Diario Oficial de 6 de diciembre de 1960.
Sexta reforma
Esta reforma, en realidad una adición, vino solamente a aclarar el sentido de la fracción IV del inciso "A", en virtud de que se consideró que había una discrepancia entre el texto publicado y el que existía en la minuta que el Congreso de la Unión, envió para su publicación al Ejecutivo.

Fue propuesta por un grupo de senadores durante la presidencia de Adolfo López Mateos y se publicó en el Diario Oficial de 27 de noviembre de 1961.
Séptima reforma
Es, en su conjunto, una amplia, no necesariamente adecuada, porque afectó a muchas de sus fracciones. Estas reformas se refieren, sustancialmente, a lo siguiente:
Fracción II. Se adicionó para impedir, en lo general, el trabajo de los menores de 16 años, después de las diez de la noche.

Fracción III. Elevó la edad mínima para trabajar, de doce a catorce años.

Fracción VI. Estableció los salarios mínimos profesionales, y modificó el sistema para la determinación de los salarios mínimos, los-cuales, a partir de entonces, se fijaron por zonas económicas.

Fracción IX. Antes mencionaba que los salarios mínimos y la participación de los trabajadores en las utilidades se establecerían por comisiones municipales. Ahora la fracción IX señala las bases para un sistema diferente en cuanto a la participación en las utilidades.

Fracciones XXI y XXII. Se reformaron para limitar el derecho a la estabilidad en el empleo. En el texto original era un derecho de todos los trabajadores. A partir de esta reforma, se fijaron excepciones cuya expresión se hizo en la LFT. Hoy quedan incluidas en el art. 49.

Fracción XXXI. Se adicionó con una relación de nuevas empresas determinantes de la jurisdicción federal, en los conflictos con los trabajadores, Fue propuesta por el presidente Adolfo López Mateos y se publicó en rl Diario Oficial de 21 de noviembre de 1962.
Octava reforma
Mediante esta reforma se modificó la fracción XII del Apartado "A". Tuvo por objeto establecer un sistema diferente en materia de casas habitación para los trabajadores, mediante la creación del Fondo Nacional de la vivienda. Declara de utilidad pública la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartita administrador del Fondo. En realidad este precepto ha venido a dar origen a la seguridad social habitacional.
La reforma fue propuesta por el presidente Luis Echeverría y se publicó en el Diario Oficial de 14 de febrero de 1972.
Novena reforma
Establece, mediante reformas y adiciones a las fracciones XI, inciso XII y XIII del Apartado "B" el derecho habitacional de los trabajadores
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