De la memoria fiscalía seguridad vial 2010






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DE LA MEMORIA FISCALÍA SEGURIDAD VIAL 2010
1. PREVENCIÓN SANITARIA. ENFERMEDADES O DEFICIENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS Y CONDUCCIÓN. LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO Y POSIBLES DELITOS EN ELLOS COMETIDOS.  EL SECRETO MÉDICO.

Ya el pasado año se aludía a la necesidad de articular respuestas preventivas de orden sanitario. Es el momento de mayores profundizaciones. Conducir un vehículo de motor sin generar riesgos para la vida o integridad física de los demás requiere no sólo poseer las habilidades y conocimientos necesarios y conservarlos siempre, sino hacerlo con las facultades psico-físicas precisas y asimismo conservarlas siempre. Es necesaria la detección de enfermedades y deficiencias o limitaciones que por su índole afectan a las facultades esenciales de percepción y reacción.

Hay una “cifra negra” difícil de determinar, de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o  con permiso de conducción expedido o renovado sin tener las facultades mínimas para la conducción que suponemos relevante. Es urgente su investigación y valoración estadística. Entre los primeros recordemos las recientes sentencias de conductores con alteraciones sicológicas que circulan  en dirección contraria y provocan tragedias para sí mismos y los demás, siendo inimputables y personas con graves adicciones a las drogas o alcoholismo generadoras de graves accidentes. Por no citar los  casos de los  que conducen con graves déficits de las facultades visuales o auditivas por las vías públicas. Así un largo etcétera de riesgos intolerables y evitables.

Nos planteamos el papel del profesional sanitario y su deber de secreto. Unido a ello está el problema con tintes humanistas, educativos y de seguridad vial de la enfermedad o alteraciones mentales de nacimiento, sobrevenidas o unidas a los procesos de deterioro. También el del mantenimiento en todo momento de las condiciones y conocimientos precisos para conducir. En primer lugar y con destacado relieve la problemática de los centros de reconocimiento

1.1.- Los informes de aptitud psicofísica de los centros de reconocimientos. Supuestos delictivos.

Aun cuando en  el  sector hay muy  buenos profesionales y ejercen sus tareas con toda ejemplaridad y eficacia, tenemos conocimiento de concretos funcionamientos irregulares. Desde los supuestos más relevantes  en que los  establecimientos no cuentan con facultativos, a aquellos otros en los que se limitan a expedir el documento sin ninguna comprobación y en casos de singular gravedad y reproche a cambio de dinero. También otros en que todo se constriñe a un interrogatorio del interesado sin contraste o exploración alguna o con averiguaciones o reconocimientos de todo punto insuficientes o complacientes.

En este capítulo de anomalías hay que resaltar la ausencia o escasa inversión en medios materiales y personales (los art 3 y Anexo 1 del Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores aprobado por RD 170/2010, establecen con carácter obligatorio la presencia de un médico general, un médico oftalmólogo y un sicólogo y del instrumental necesario para realizar sus tareas),  con el fin de lucrarse reduciendo el alcance y calidad del reconocimiento del conductor y vulnerando estas normas. Competencia desleal con los centros que sí las cumplen la ley  y grave  irresponsabilidad van de la mano. Es conocida la picaresca de las personas que conscientes de sus limitaciones derivadas de la edad o de determinadas deficiencias, saben dar con “el centro” donde con preocupación de amigos y familiares logran la obtención o prórroga del permiso o licencia. Ante la trascendencia de los reconocimientos médicos a que aludíamos para la seguridad vial, fácil es deducir la manifiesta ilicitud de estas conductas. Insistimos en que son  minoritarias y desprestigian injustamente a la gran mayoría de médicos honrados  y cualificados de los Centros.

Siempre recordamos que las normas penales están regidas por el principio de intervención mínima y reservadas para los hechos dotados de mayor gravedad de injusto. Antes deben actuar las inspecciones y sanciones administrativas previstas en los arts. 26 a 28 del Reglamento de Centros de Reconocimiento y 67 LSV en relación con las infracciones graves y muy graves de los arts. 65.4.w) -incumplir las normas sobre régimen de autorización y funcionamiento- y 65.6.e) -incumplir las citadas normas cuando afecten a la cualificación de los facultativos o a aquellos elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial-  que prevén la sanción de  suspensión de actividades del centro por un año. El nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento aprobado por RD 370/2010 de 19 de febrero en el art 28 añade la sanción preceptiva de 3.000 a 20.000 euros y otorga mayores facultades de control con procesos de registro informático  a la autoridad de tráfico,  siendo  la primera en ser llamada a abordar  estas situaciones.

Cuando no hay facultativos ni medio alguno o suficiente para las exploraciones o cuando todo se reduce a un mero interrogatorio del interesado o no se realizan las mínimas comprobaciones o exploraciones, nos hallamos en el ámbito penal. También cuando ante una manifiesta y relevante deficiencia o enfermedad conocida nada se dice. En estos casos el reconocimiento es una ficción, no existe. Sólo hay un “papel” que encubre la inexistencia absoluta de actividad facultativa. Examinemos las posibilidades de calificación penal.

En primer lugar el informe de aptitud psicofísica del art. 15 del RD 370/2010 citado emitido por el centro no es un mero certificado del art. 397 CP.[1] La evolución normativa  lo revela. Se pasó de un sistema privatizado con certificados médicos expedidos por médico colegiado (RD 1467/82) a un sistema de potestades administrativas de control por parte de la Administración, dada la enorme trascendencia que para la seguridad vial revisten los requisitos psicofísicos necesarios para la obtención del permiso.

El último hito de la evolución es el nuevo Reglamento vigente. La relevancia comunitaria, las Directivas surgidas para asegurar la eficacia de las pruebas médicas (Directiva 2006/123/CE),  la exigencia paulatina   de  reconocimientos y requisitos, las adaptaciones de nuestra legislación (Reglamento citado y el  de Conductores) y la valoración en el ámbito nacional (Ley 25/2009 que excluye por lo general la materia del ámbito de la libre prestación de servicios) y europeo de la progresiva importancia de que el conductor se encuentre en las debidas condiciones para conducir, nos llevan a extraer la problemática penal de los meros certificados del tipo penal referenciado. Todo ello en relación con los enormes riesgos que para todos los conductores y peatones conlleva un conductor con graves limitaciones, deficiencias o enfermedades al volante y su incidencia ya reseñada en las cifras de siniestralidad vial.

De otra parte, conocida es la consolidada doctrina jurisprudencial sobre falsedad del documento oficial por incorporación, de aquél que emanado de entidad privada surge con la finalidad exclusiva e inmediata de incorporarse a un expediente administrativo[2]. Este es el caso de los informes de aptitud y facultativos de los Centros de naturaleza privada que surgen para su incorporación al expediente administrativo de obtención o prórroga del permiso o licencia de conducir y que se ajustan a modelo oficial. Hasta el punto de que como resulta de los arts. 15 a 23 del Reglamento se incorporan de forma inmediata (la norma ya está en vigor desde el día tres de este mes)  a Registros públicos informáticos  del Organismo Autónomo Dirección General de Tráfico como son el Registro de Conductores e Infractores y el de Centros de Reconocimiento.

Nos hallamos ante la modalidad comisiva del art. 390.1.2º CP  la pena es de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 6 a 12 meses), pues hay simulación o creación ex novo de documento que oculta la ausencia total de realidades y actividades médicas tendentes a cumplir los fines legales. Los autores directos del art. 28 apartado 1º del CP pueden ser los facultativos  que conforme a los arts. 7 y 15 en relación con el Anexo  3  realizan los reconocimientos e historia cínica  correspondientes, incumpliendo las obligaciones que le imponen estos preceptos. El  director  -cuyos deberes normativos de  gestión y firma de informe-  regula el art. 5  puede ser asimismo autor directo si conoce la falsificación. El titular  en este último caso puede ser inductor o cooperador necesario  art. 28  b) CP. El interesado puede ostentar similares títulos de participación, en particular en los casos de entrega de dinero o favores.

Ante todo ello el Fiscal en acuerdo ya producido con la DGT que comparte las mismas sensibilidades por el problema, va a iniciar  una actuación conjunta  de manera que de modo selectivo se le remitan aquellas inspecciones en que se detecten las más graves irregularidades por su posible subsunción en el tipo penal mencionado. También dará instrucciones a la Policía Judicial para una investigación en profundidad de los hechos que puedan ser constitutivos de delito en los términos apuntados y sobre los que reina una absoluta impunidad.

1.2.- La pérdida de vigencia del permiso de conducir  por falta sobrevenida  de conocimientos, habilidades y facultades (cuando se conservan los puntos y no ha transcurrido el período temporal de validez por el que se expidió).

El permiso de conducir no es una adquisición irrevocable sino una autorización administrativa  condicionada y provisional para conducir. Es sabido  que puede perderse su vigencia por la pérdida de puntos (art 63.6 LSV) y por la finalización del período temporal para el que se expide  si no se produce la prórroga (arts. 12 y 13 del Reglamento de Conductores). Es menos conocido y goza de escasa aplicación el supuesto de  la pérdida de vigencia que se puede producir en cualquier momento cuando se constata la  pérdida de conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas. En definitiva, el desconocimiento manifiesto de las reglas, normas  y  modo correcto de conducir pueden generar que  el permiso cese en  su vigencia en cuanto se compruebe. También la pérdida sobrevenida de las aptitudes físicas o sicológicas. Pueden derivarse de datos hasta ese momento ignorados sobre enfermedades o deficiencias incapacitantes o accidentes o maniobras que revelen las carencias de conocimientos y pericia adecuados.

El régimen normativo es el del art 63.4 y 5 LSV y art. 36 del Reglamento de Conductores. Las  aptitudes psicofísicas se hallan objetivadas en el Anexo 4 de este último, que plasma la trasposición de las normas mínimas del Anexo 3 de la Directiva 2006/126. De acuerdo con los apartados 1 y 2 cuando la JPT (Jefatura Provincial de Tráfico) tenga conocimiento de la presunta desaparición de alguno de los requisitos expresados, previos los informes, asesoramientos o pruebas que, en su caso, estime oportunos, iniciará el procedimiento de pérdida de vigencia.  El acuerdo detallará los hechos y circunstancias de los que pueda racional y fundadamente inferirse. Indiquemos que el conocimiento administrativo  puede obtenerse por atestados o cualquier otro medio. La actuación es de oficio y no a instancia de parte. Tras un procedimiento breve  (2 meses) se dicta decisión motivada.

Como se ve es un procedimiento dotado de rapidez por el relieve  de las cuestiones que se ventilan. Idéntico espíritu es el de la suspensión cautelar e intervención inmediata de la autorización sin esperar al plazo de resolución. Conforme al art. 39 se decreta en los casos de grave peligro para la seguridad del tráfico o perjuicio notorio para el interés público. La suspensión conlleva la adopción de las medidas necesarias para impedir el ejercicio efectivo de la conducción conforme a la Ley 30/92, solicitando el auxilio de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad para la compulsión sobre las personas cuando sea necesaria. Se ha de resaltar la novedad de esta última mención en el nuevo Reglamento de Conductores y su fundamento en el principio de ejecutividad de los actos administrativos de la ley citada. En efecto, como se observa en las normas que comentamos, el hecho de conducir sin las debidas condiciones obliga a respuestas inmediatas y enérgicas de la Administración con el fin de evitar riesgos intensos para la vida e integridad física de los demás.

El problema es que estas eficaces previsiones no se activan en muchos casos y no es irrelevante el número de personas que conducen en las vías públicas habiendo perdido o no ostentando las debidas condiciones, aptitudes o facultades  psico-físicas, aun cuando no hayan perdido los puntos y tengan su permiso vigente. Es imprescindible la colaboración de todos. En primer lugar, los familiares, amigos y vecinos cuando sean conocedores de la situación deben comunicarlo a la JPT. En idénticos casos las entidades, Administraciones y funcionarios públicos.

El mismo deber pesa sobre el Juez cuando durante el procedimiento de incapacidad llegue a su conocimiento la realidad de las conducciones a que venimos haciendo referencia. Ofrece claro fundamento el art. 762 LEC. relativo a medidas cautelares de protección de la persona del incapaz. No hay objeción alguna para que en el informe forense en el procedimiento de incapacidad se reseñe la falta de aptitud para la conducción. El órgano judicial en sentencia no puede pronunciarse sobre ella (pérdida de vigencia), pues le corresponde a la autoridad administrativa, pero si en la resolución se reflejaran condiciones psico-físicas incompatibles con la conducción (en los términos del Anexo 4 del Reglamento de Conductores), de acuerdo con los preceptos mencionados  y se percibiera un grave riesgo para la seguridad vial, han de remitirse testimonios de la misma en lo necesario para la incoación del procedimiento estudiado. Lo exige no sólo la protección de la persona del incapaz sino las exigencias de la seguridad vial. De todos modos el art. 755 LEC. obliga a comunicar la sentencia a los registros públicos a los efectos que procedan, pero a petición de parte, que lo será el Ministerio Fiscal. Se entiende que la norma es aplicable cuando no haya riesgo grave en los que debe procederse de oficio. Las obligaciones son aún más claras en el caso del tutor.

En el procedimiento penal en curso cuando se tenga conocimiento de las situaciones a que venimos haciendo referencia, es el propio Juez el que puede (art. 764.4 LECr.) acordar la privación cautelar del permiso y adoptar las medidas del art. 39 de la norma reglamentaria. Si concurre el supuesto normativo del art. 36, ha de darse cuenta a la autoridad de tráfico de la resolución de archivo o sentencia con los testimonios oportunos.

Hemos de matizar que junto a la pérdida de vigencia, la respuesta puede y debe  ser proporcionada, prudente y  ad casum a través de  las restricciones o limitaciones previstas en la ley. Nos referimos a los artículos ya citados y en particular al art. 36.7 del Reglamento de Conductores. En él se prevé que la pérdida de vigencia se refiera no a todos los permisos o licencias sino a alguno o alguno de ellos. De este modo hay un primer instrumento de individualización que puede cumplir las finalidades que comentamos. El segundo es el del art. 36.6 referido a la concesión de un permiso o licencia extraordinarios con las adaptaciones, restricciones o limitaciones relacionadas con las personas, vehículos o circulación que resulten procedentes. Siempre con remisión del mismo modo al Anexo.

Estas normas tienen un amplio, flexible y diversificado campo de actuación que admite casi todas las posibilidades de adecuarse a la situación del sujeto, sus derechos y necesidades y a las exigencias de seguridad vial. En el Anexo ya se contemplan variadas condiciones o restricciones como el uso de lentes correctoras, audífonos, utilización de retrovisores, mando automático y asistencia a dirección, autorización sólo de vehículos automáticos (previo aprendizaje), criterios técnicos (caso de tallas), limitaciones de velocidad, informes facultativos que incluyen o no la acreditación de someterse a tratamiento, otros en que se puedan fijar libremente condiciones, y períodos de vigencia limitados o concretados por el facultativo. La cuestión es si caben otras restricciones, además de las del Anexo. La respuesta ha de ser positiva. En primer lugar el art. 36.6 de la norma reglamentaria no las liga exclusivamente a las de las reglas anexionadas a las que no se remite. De otra parte el art. 18 párrafo 3 del Reglamento de Centros permite a la autoridad de tráfico la adición de limitaciones no incluidas en el informe de aptitud, previo informe de los servicios sanitarios.[3]

1.3.- La perspectiva del secreto médico. Las enfermedades mentales y la conducción.

En íntima conexión con lo dicho la  cuestión se plantea en los supuestos en que el facultativo llegara a conocer que el paciente va a realizar al día siguiente o en días sucesivos conducciones con manifiesto desprecio del art. 381 CP (carreras ilegales o en dirección contraria) o que conduce a diario, o va a conducir próximamente bajo  la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. También los casos en los que padece enfermedades mentales , tratamientos  o deficiencias incapacitantes para la conducción y lo hace (piénsese en casos de conductores de autobuses o transportes de mercancías peligrosas o de gran tonelaje) habitualmente con el consiguiente riesgo para la seguridad vial. Se trata de poner el centro de atención en los delitos y riesgos presentes y futuros.

Entramos en el ámbito de los profesionales de la sanidad y el deber de secreto médico.  Se encuentra consagrado en los arts  2.7 y 7 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Esta última norma impone la confidencialidad de los datos clínicos y la autorización de la ley (reserva legal) para acceder a ellos. Tiene fundamento constitucional en el derecho a la intimidad del art. 18 CE y en la necesaria confianza que la sociedad ha de tener en las instituciones sanitarias y en el carácter reservado  de los datos que se le confían. De otra parte, los límites se encuentran en los arts 371 LEC, 262 LECr., el Código Deontológico  y el relevante interés público de evitar riesgos para la vida de las personas.

En los casos  de graves peligros entendemos que sí puede afirmarse un deber jurídico de actuación que se inicia  en el esfuerzo terapéutico para paliarlos y que debe seguir un orden flexible de opciones hacia  el exterior desde las menos a las más afectantes al tratamiento terapéutico. En primer lugar, la información a personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Los arts. 5.1 y 3 en relación con el 4 (“toda la información disponible”) de la Ley 41/2002 fundamentan esta opción. Estas personas pueden comunicar los datos  a la autoridad de tráfico para que se adopten las medidas protectoras del art. 36 mencionado o acudir al Juzgado de incapacidades o de instrucción cuando se sepa que el paciente realiza conducciones típicas de riesgo. En los casos de inminentes y graves riesgos para el paciente y terceros, el profesional sanitario se encuentra en situación de estado de necesidad que legitima para actuar del mismo modo y justifica respecto del tipo del art. 199 CP.

En relación al Juzgado de Incapacidades y en el contexto de estas situaciones  recordemos que los parientes del art. 757 LEC. están legitimados para dirigirse a él y  poner en su conocimiento las deficiencias que se padecen y los graves riesgos, pudiendo el órgano judicial adoptar las medidas urgentes de protección del art. 762 a las que nos referimos. El conocimiento le puede venir al Juez de terceras personas o del facultativo. Se ha de recordar que cualquier persona (vínculos de hecho, facultativos) conforme al art. 757.3 LEC. puede poner en conocimiento del MF hechos determinantes de incapacitación y de adopción de medidas urgentes. Los profesionales sanitarios que trabajen en centros públicos están no  facultados sino obligados    de acuerdo con este precepto.

El incumplimiento de deberes por parte del facultativo podría  generar responsabilidad civil y disciplinaria  en caso de resultados lesivos .Nos planteamos la  responsabilidad penal.  La omisión de denunciar puede tener encaje en el art. 450.2 CP en referencia a delitos de “próxima…comisión” que afecten a las personas “en su vida, integridad o salud” con claridad en los tipos de los arts. 380 y 381.1 y con mayor dificultad en los demás, en función de cual se entienda que es el bien jurídico protegido. La cuestión es que se plantea una antinomia entre este tipo y el del art. 199.2 CP que a su vez sanciona el incumplimiento de los deberes de sigilo o reserva. Ello puede llevar a entender que existe un supuesto de concurrencia o colisión de deberes, ubicable en las causas de justificación del art. 20.7 y 8  CP con matices en los que no podemos entrar. Obliga a un juicio de ponderación de bienes jurídicos protegidos, del injusto de los tipos, de riesgos y de circunstancias bajo los principios de confidencialidad, protección de los intereses públicos y proporcionalidad. La clave sería la gravedad e intensidad de los riesgos que amenazan al propio paciente y a terceros.

Hay casos extremos que podrían subsumirse en el tipo del art. 450. En concreto los de conductores de transportes escolares, dada la indefensión de los menores de los que nos ocupamos en otro lugar cuando se tiene conocimiento por el médico  de la próxima comisión de delitos de los arts. 379 a 381 y en particular de los dos últimos citados. El tipo subjetivo requeriría valorar la modalidad de conocimiento, no bastando con la mera sospecha y los esfuerzos del profesional para paliarla y su actitud de confianza en el tratamiento[4].

Las responsabilidades y más las penales han de reservarse para contados  casos excepcionales, debiendo resaltar  la preparación y cualificación  de nuestros facultativos. El planteamiento como expusimos es el de la búsqueda de soluciones progresivas, armónicas y de colaboración mutua.

Estas reflexiones tienen fundamento en el art. 16 d) del Código Deontológico. En él se dice que “con discreción, exclusivamente ante quien tenga que hacerlo, en sus justos y restringidos límites y si lo estimara necesario solicitando el asesoramiento del Colegio, el médico podrá revelar el secreto: …si con su silencio diera lugar a un perjuicio a su propio paciente, a otras personas o a un peligro colectivo”. Se ha reparar en que el incumplimiento del deber se excepciona como facultad: “podrá”. Ha de hacerse “con discreción y en sus justos y restringidos límites”, anidando aquí el principio de proporcionalidad y el juicio de ponderación, así como el principio de protección al paciente, a otras personas concretas o al interés público que consagra la perspectiva de los riesgos.

Por todo ello, debería esbozarse un Protocolo de actuación y coordinación entre Colegios de Médicos, Autoridad de Tráfico, Autoridad sanitaria, Fiscalía de Incapaces y Seguridad Vial y Juzgados de Incapacidad.

La enfermedad mental ha  de abordarse con doble perspectiva.  La clave es tanto la información en general como la individual terapéutica por parte del médico actuante para que el paciente interiorice pautas de comportamiento. Hay que asumir un enfoque humanista, de contacto con las realidades y sus infinitos matices tendentes a la recuperación del enfermo pero también a consideraciones de protección vial de todos los ciudadanos. Per se la enfermedad mental sin otras valoraciones no incapacita para la conducción. Sólo en los términos legales y con sujeción estricta a ellos y en concreto al también mencionado Anexo 4 de la norma reglamentaria (en particular apartados 9, 10 y 11, enfermedades del sistema nervioso y muscular, trastornos mentales y de conductas y relacionados con sustancias, sin olvido de los demás que pueden concurrir igualmente en estos casos) que traduce un proceso de objetivación relativa, pues se utilizan conceptos jurídicos indeterminados como riesgos para la seguridad vial, según criterio facultativo, riesgos médicos etc.

Se han de proscribir las simplificaciones y prejuicios y combatirlas desde la perspectiva de los derechos de los discapacitados reconocidos en la Convención de 13-12-2006 de Naciones Unidas, ratificada por nuestro país el 21-4-2008 (con cita especial de los arts. 1,3 y 8 y ss. en que se haya el catálogo de derechos y 20 que consagra el derecho de movilidad). Son miembros capaces de realizar excelentes aportaciones a la sociedad y de vivir integrados en ella desarrollando su propia personalidad.

Como dijimos la respuesta ha de producirse ad casum. En cualquier caso las medidas más efectivas son las educativas.[5] Es trascendente el control y consulta de los familiares y el contacto con el médico. También la progresiva implicación en tareas preventivas de las autoridades sanitarias.

REGIONAL

Piden que el Estado también pague por la muerte de Navalvillar
La acusación particular opina que el presunto autor de la muerte de Esperanza Fernández nunca debió tener permiso de armas 

La acusación particular va a pedir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el caso de la muerte de Esperanza Fernández Aranda por disparos de escopeta de un vecino, Leónidas Murillo, ocurrido en abril del pasado año en Navalvillar de Ibor. Esa responsabilidad estaría motivada porque el presunto autor de los hechos disponía de permiso de armas, cuando a juicio del abogado de la familia de la fallecida no estaba preparado para ello.

También se extendería a la clínica que dio el visto bueno para que obtuviera ese permiso.

Lo anunció el abogado que ejerce la acusación particular, Mario Silva, en el que acto que se celebró en homenaje a la fallecida. Durante el mismo, explicó a los asistentes, junto a la placa que se descubrió en su honor, la estrategia que están siguiendo y que pasa por desmontar los argumentos de la defensa en el sentido de que el asesino padecía «un delirio persecutorio que le exime de toda culpa».

Ellos, por el contrario, consideran que los informes psicológicos de que disponen demuestran que era plenamente consciente de lo que hizo, como también lo corroboran los testigos que van a presentar.

El suceso tuvo lugar cuando el presunto autor disparó a su vecina cuando ésta pasaba por delante de su vivienda. Los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.

El caso se encuentra en los juzgados de Navalmoral de la Mata, a la espera de que se produzca el juicio, que según el letrado no será más allá de uno o dos meses, y parece que con jurado popular.

PERMISOS CONDUCIR ANCIANOS Y GENTE QUE NO…………..

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