C omisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado






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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Comisión Especializada Permanente de Justicia
y Estructura del Estado


— Segundo Debate —
Proyecto de Código Orgánico Integral Penal

COMISIÓN:

Mauro Andino Reinoso, Presidente

Gina Godoy Andrade, Vicepresidenta

Marcela Aguiñaga Vallejo

Gilberto Guamangate Ante

Nicolás Issa Wagner

Miguel Moreta Panchez

Mariangel Muñoz Vicuña

Magali Orellana Marquínez

Gabriel Rivera López

Fabián Solano Moreno

Luis Fernando Torres Torres

Quito, 4 de octubre de 2013

Proyecto de Código Orgánico Integral Penal

Índice

Libro Preliminar
Normas rectoras 205


Título I
Finalidad 205


Título II
Garantías y Principios generales 205


CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales 205

CAPÍTULO SEGUNDO
Garantías y principios rectores del proceso penaL 206

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 206

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplica la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 206

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable. 206

4. De inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 206

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. 206

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todos los procesos en los que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código. 206

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la impugnación de una sanción, no se puede empeorar la situación de la persona que recurre cuando es la única recurrente. 206

8. Prohibición de obligación de autoincriminación: ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 207

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona puede ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio. 207

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No pueden hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en su domicilio, residencia, o lugar de trabajo sino en virtud de orden escrita de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este Código. 207

11. Oralidad: el proceso se lleva a efecto mediante el sistema oral y las decisiones se toman en audiencia. Se utilizan los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales. Los sujetos procesales recurren a medios escritos en los casos previstos en este Código. 207

12. Concentración: la o el juzgador debe, reunir o concentrar y realizar la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. Cada tema en discusión se resuelve de manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el efecto. 207

13. Contradicción: los sujetos procesales debe presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra. 207

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, ejerce la dirección del proceso, controla las actividades de las partes procesales y evita dilaciones innecesarias. 207

En función de este principio, la o el juzgador puede interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. 207

15. Impulso procesal: el impulso procesal corresponde a las partes procesales por el sistema dispositivo. 207

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este Código. 207

17. Inmediación: la o el juzgador celebran audiencia en conjunto con los sujetos procesales; debe estar presente con las partes, para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso penal. 207

18. Motivación: la o el juzgador debe fundamentar sus decisiones, en particular, debe pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso. 208

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, debe orientarse por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley. 208

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Queda prohibido divulgar su identidad en actuaciones judiciales, policiales o administrativas; así como también toda referencia a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, antecedentes penales, exhibición de fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación. 208

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecua sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y el respeto de los derechos de las personas. De acuerdo con ese criterio, debe investigar en igual medida no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan. 208

1. En delitos flagrantes, la persona debe ser conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realiza dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 208

2. En el caso de contravenciones flagrantes la audiencia se realiza inmediatamente después de la aprehensión. 208

3. Se debe verificar la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se aplica la presunción de minoría de edad hasta que sea desvirtuada por parte de la fiscalía dentro de la investigación. 208

4. Ninguna persona privada de libertad puede ser incomunicada, aislada o sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios. 208

CAPÍTULO TERCERO
Principios rectores de la ejecución de las penas y las medidas cautelares personales 209

Título III
Derechos 209


CAPÍTULO PRIMERO
Derechos de la víctima 209

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se obliga a la víctima a comparecer. 210

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso. 210

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 210

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos. 210

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protege de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se pueden utilizar medios tecnológicos. 210

6. A ser asistida antes y durante la investigación, las etapas del proceso y la reparación integral por una o un defensor público o privado. 210

Ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, así como recibir asistencia especializada. 210

7. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley. 210

8. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados a sus necesidades durante el proceso penal. 210

9. A ser informada por la Fiscalía del estado de la investigación preprocesal y de la instrucción. 210

10. A ser informada del resultado final del proceso, en su domicilio, si se conoce, aun cuando no haya intervenido en él. 210

11. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación a su dignidad humana. 210

CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y garantías de las personas privadas de libertad 211

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Se respeta este derecho durante los traslados, registros, requisas o cualquier otra actividad. 211

Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No puede invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos. 211

Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición social, género u orientación sexual. 211

2. Libertad de expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación de libertad. 211

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y se facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se respetan los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad. 211

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad, y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo puede desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y comerciales. 211

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su familia. 211

6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye el acceso y uso de esta información. 211

7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 211

8. Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares personales tienen derecho al sufragio. Se suspende para aquellas personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. 211

9. Quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de libertad a la o el juez de garantías penitenciarias y recibir respuestas claras y oportunas. 212

10. Información: la persona privada de libertad, en el momento de su ingreso a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en su propia lengua acerca de sus derechos, las normas del establecimiento y los medios de que dispone para formular peticiones y quejas. Esta información debe ser pública, escrita y estar a disposición de las personas en todo momento. 212

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considera las condiciones específicas de cada grupo de la población privada de libertad. 212

En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento médico cuenta con personal femenino especializado. 212

Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos son gratuitos. 212

En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública brinda tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. La atención se realiza en los centros de privación de libertad a través de personal calificado para el efecto. 212

12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados para el efecto. La persona privada de libertad tiene acceso a agua potable en todo momento. 212

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene derecho a mantener su vínculo familiar y social. Debe estar ubicada en centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificadas o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual y juez natural. 212

14. Comunicación y visita: sin perjuicio de las restricciones propias de los regímenes de seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse y recibir visitas de sus familiares y amigos, defensora o defensor público o privado y a la visita íntima de su pareja, en lugares y condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y del centro de privación de libertad. 212

El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin importar su nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género. 212

La persona privada de libertad de nacionalidad extranjera pueden comunicarse con representantes diplomáticos o consulares de su país. 213

El derecho a la visita de familiares o amigos no se considera un privilegio; y, no se utiliza como sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos casos en que el contacto represente un riesgo para la persona privada de libertad o para la o el visitante. La autoridad competente del centro de privación de libertad reporta a la o el juez de garantías penitenciarias los casos de riesgo. 213
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