Vistos: Primero






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fecha de publicación08.06.2015
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Punta Arenas, cuatro de abril de dos mil once.

Vistos:

Primero: Que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, representado por la abogada Magdalena Garcés Fuentes, ha interpuesto apelación en contra de la resolución de 22 de enero de 2011, escrita a fojas 1.528, que niega lugar a tenerlo por adherido a la acusación fiscal dictada en autos en contra de Eduardo Rafael Mancilla Martínez como autor del delito de homicidio calificado en la persona de Jorge Manuel Parra Alarcón, ocurrido el 24 de octubre de 1973, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal.

Segundo: Que, la resolución impugnada se funda en que dicho Programa, no ostenta ni la calidad de querellante ni de demandante civil en esta causa.

En efecto, constituyen antecedentes de la resolución apelada las disposiciones de los artículos 425 y 429 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que, invocándolos, el Sr. Flores Vásquez, Ministro en Visita Subrogante, proveyó el escrito de adhesión a la acusación fiscal, en forma previa, disponiendo que se acreditara la calidad de querellante o actor civil del Programa.

El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, ordena: “Si en el sumario hubieren obrado querellantes o actores civiles, que no se hubieren desistido, el juez les dará traslado de la acusación por el término fatal y común de diez días, que se aumentará en un día por cada doscientas fojas de que consten los autos, no pudiendo exceder de veinte días. Dentro de este plazo, el querellante podrá adherir a la acusación de oficio o presentar otra por su parte y deducir las acciones civiles que le correspondan. El actor civil podrá interponer formalmente las suyas, en igual término.

“Se entenderá abandonada la acción por el querellante que no hubiere presentado su adhesión o su acusación dentro de plazo.”

El artículo 429 a su vez establece los requisitos de forma de la adhesión, acusación y demanda civil.

Tercero: Que, la apelación se basa esencialmente en que el Programa Continuación Ley 19.123 o Programa de Derechos Humanos, ostenta la calidad de parte coadyuvante o interesada en hacer efectiva la acción pública contenida en el artículo 6° de la Ley 19.123, según consta en resolución de autos de 25 de noviembre de 2005, escrita a fojas 89 vuelta.

Sostiene que su misión es proseguir las funciones y actividades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123 y en este sentido cumple el deber del Estado de derecho interno tanto como internacional, de promover y prestar asistencia social y legal para dar efectividad al derecho que reconoce el artículo 6° de la misma y 1° del Decreto Supremo 1005 del Ministerio del Interior, en cuanto consagra el derecho inalienable de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política -que califica el derecho internacional como crímenes de guerra y de lesa humanidad- y de la sociedad chilena, de reclamar la ubicación de personas desaparecidas o sus cuerpos, así como esclarecer las circunstancias de su desaparición o muerte.

Agrega que, precisamente, el referido Decreto Supremo se dictó para la ejecución del antedicho artículo 6° de la Ley 19.123.

Concluye, argumentando que con la creación del Instituto Nacional de Derecho Humanos por la Ley 20.405, se inauguró una actividad en tribunales de justicia por parte del Programa, consistente en la interposición de querellas respecto víctimas que no tenían proceso vigente, utilizando la prerrogativa de continuidad en su función, que le otorgó el artículo 10° transitorio de la mencionada Ley y así es como, ostentando la misma calidad que en autos, ha actuado con las mismas facultades que los querellantes, en diversas etapas de sendos juicios de la naturaleza del actual, ante tribunales de instancia y de casación.

Sobre estas bases solicita enmendar conforme a Derecho la decisión recurrida y tenerlo por adherido a la acusación de oficio.

Cuarto: Que, Ley 19123 publicada en el Diario oficial de 08 de Febrero de1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de personas que señala, dispone:

“Artículo 6°.- Se declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena.”

Quinto: Que, la Ley 20405 publicada en el Diario oficial de 10 de Diciembre de 2009, prescribe en su articulado transitorio:

“Artículo 10.- El Programa de Derechos Humanos, creado por el Decreto Supremo N° 1.005, de 1997, del Ministerio de Interior, seguirá prestando la asistencia legal y judicial que requieran los familiares de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.123, para hacer efectivo el derecho que les reconoce el artículo 6° de dicha ley. En virtud de lo anterior tendrá la facultad para ejercer todas las acciones legales que sean necesarias, incluidas las de presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada, en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso.”

Sexto: Que, en consecuencia, el dilema a resolver en el presente recurso consiste concretamente en establecer la suficiencia de las prerrogativas legales del Programa de Derechos Humanos para actuar, en su calidad de parte, dentro de los términos de los artículos 425 y 429 del Código de Procedimiento Penal, no obstante haberse abstenido de accionar como querellante.

Séptimo: Que, la trascendente función que corresponde al Programa, en orden a hacer efectivo el derecho que reconoce el artículo 6° de la ley 19.123 a los familiares de las víctimas de los delitos ya indicados y que no está en discusión, justifica que a su vez le hayan sido entregados los medios legales para intervenir en el procedimiento penal tal como la facultad para ejercer todas las acciones legales que sean necesarias.

Octavo: Que, el 23 de noviembre de 2005, la Secretaria ejecutiva del Programa continuación Ley 19.123, del Ministerio del Interior, se hizo parte en la investigación invocando el antes citado artículo 6° de la misma y el artículo 2 N° 2 sobre su obligación de promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el paradero y circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas o de aquellas cuyos restos no han sido ubicados pese al reconocimiento legal de su deceso. Hizo valer con tal propósito y ocasión que es depositario de los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de su sucesora la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Al escrito respectivo se le dio curso con la providencia de 24 de noviembre del mismo año “téngasele como parte en esta causa”.

Noveno: Que en el sistema criminal –hoy reformado- puede ejercer la acción penal pública toda persona capaz de parecer en juicio, siempre que no tenga especial prohibición de la ley y que se trate de delitos que deban ser perseguidos de oficio.

La Ley 19.123 ha concebido como derecho inalienable de la sociedad chilena su interés en el objetivo que persigue, conjugado con el de los familiares de las víctimas de forma tal que, habiendo ejercido la acción pública, en el presente caso, los familiares, actuando como parte principal, con representación de abogado, que es la formalidad que procura resguardar el artículo 425, la cooperación del Programa, en su calidad de parte, no afectado por las prohibiciones del artículo 16, disposiciones ambas del Código de Procedimiento Penal, resulta consecuente y no vulneradora.

Décimo: Que, en sentencia de cinco de agosto de dos mil tres, dictada en los autos Rol 48.162-2002, por la Corte de Apelaciones de Santiago, basándose en lo dispuesto en el D. S. 1.005 de 9 de junio de 1997, artículo 6°, se consideró válida la intervención como tercero coadyuvante del Sr. Subsecretario del Interior, en su carácter de continuador de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, en orden a ejercer la atribución de hacer efectivo el derecho que el artículo 6º de la Ley 19.123 reconoció a los familiares de víctimas de violación de los derechos humanos que fueron motivo de investigación especial por parte de esa ley revocando, consecuentemente, una de primera instancia que la declaraba nula por contrariar los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.

Además, en los autos Rol 630-2008, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por sentencia de 14 de agosto de 2008, se confirmó una sentencia de primera instancia, dictada por Ministro en visita extraordinaria con fecha 27 de junio del mismo año, que negó lugar a una incidencia en la cual el problema consistía en la impugnación que se había formulado en la causa respecto las facultades legales del Ministerio del Interior, representado por su Subsecretario y todos aquellos a quienes había otorgado patrocinio y poder en la causa, para intervenir en el proceso. La decisión de la Corte, en uno de sus fundamentos decisorio litis –décimo cuarto- expresó que el Subsecretario del Interior en su calidad de Secretario Ejecutivo del Programa Continuación Ley 19.123 ha actuado en cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada ley y en el Decreto Supremo N° 1005, esto es, parte coadyuvante para reclamar la ubicación de personas desparecidas como igualmente de los cuerpos de las personas antes indicadas y declaradas víctimas de violaciones de derechos humanos.

Undécimo: Que, por consiguiente, existe una línea jurisprudencial que de una manera u otra sigue el criterio de interpretación en el sentido que ha concluido esta Corte, lo cual reafirma la convicción formada.

Fundamentos por los cuales, atendido lo dispuesto en los artículos 15, 54 bis, 60 y 63 del Código de Procedimiento Penal, se REVOCA la resolución apelada, de veintidós de enero de 2011, escrita a fojas 1528 del Tomo IV y se declara, proveyendo a lo principal de fojas 1485, que se tiene por adherido a la acusación fiscal, al Programa Continuación Ley N° 19.123 y al primer otrosí, téngase presente.

Rol Crimen N° 2-2011.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Sra. Pinto.

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