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ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE ADHIERAN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

En Madrid, a



De una parte, la Ilma. Sra. Dª. Mercedes Gallizo Llamas, Directora General de Instituciones Penitenciarias que actúa por Delegación del Ministro del Interior según Orden INT/285/2005, de 7 de abril, de delegación de competencias (BOE, de 15 de abril de 2005).
Y de otra los representantes de los Ayuntamientos que se adhieran.
En la representación que ostentan y con capacidad suficiente para otorgar el presente convenio,

MANIFIESTAN





  1. Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14, el derecho a la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.


Asimismo, el artículo 25.2 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, establecen como fin primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad, la reeducación y reinserción social de las personas a ellas sometidas.


  1. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local en su Título II, Capítulo II, Artículo 25.2 establece como competencia de los municipios, entre otras, la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.




  1. Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, dice potenciar y mejorar la eficacia de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.




  1. Que los artículos 39, 40 y 49 del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Penitenciaria, cuyas normas se aplicarán supletoriamente en lo no previsto expresamente en dicho Código.




  1. Que el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, en su artículo 2, establece que, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una pena privativa de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento del penado, y que le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad publica, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas.




  1. Que dicho Real Decreto 515/2005, en su artículo 4, establece que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración Penitenciaria. A tal fin, podrá establecer los oportunos convenios con otras Administraciones públicas o entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública. En este caso, éstas podrán asumir las funciones de gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, sin perjuicio de la supervisión de la Administración penitenciaria.


En consecuencia, las partes firmantes acuerdan establecer el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS




PRIIMERA: El objeto del presente convenio es establecer la forma de colaboración entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y los Ayuntamientos que se adhieran, para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad en el ámbito territorial de cada municipio.
SEGUNDA: Los Ayuntamientos que se adhieran a este convenio únicamente se comprometen a facilitar el trabajo de penados que residan en el propio término municipal.
TERCERA: Los Ayuntamientos adheridos se comprometen a facilitar un número de puestos de trabajo en sus servicios municipales en los términos previstos en el protocolo de Adhesión. Asimismo el Ayuntamiento de acuerdo con sus necesidades elaborará el plan de ejecución en el que se definirán las condiciones, horarios y funciones a desempeñar en el trabajo propuesto, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo. La Administración Penitenciaria deberá atender a dicho plan en el momento de ofertar a los penados los puestos de trabajo disponibles.
El Protocolo de Adhesión y la información contenida en el mismo se hará llegar a la Federación Española de Municipios, con quien tiene suscrito un convenio el Ministerio del Interior para esta finalidad.
CUARTA: Cada jornada de trabajo tendrá una extensión máxima de ocho horas diarias.
QUINTA: El trabajo que realice el penado no será retribuido.
SEXTA: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda y dado que, con carácter general, el compromiso de admisión de penados para la realización del trabajo ofertado por los Ayuntamientos se circunscribe exclusivamente a los residentes en el propio término municipal, no se derivarán gastos de transporte ni manutención alguno, salvo en casos excepcionales en los que por razón de la distancia u otra circunstancia se acredite debidamente su necesidad, en cuyo caso el penado será debidamente indemnizado, salvo que estos servicios sean prestados por el propio Ayuntamiento.
En todo caso, los gastos de transporte se entenderán referidos al transporte público colectivo.
SEPTIMA: En materia de protección de Seguridad Social de los sentenciados a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, establece en su artículo 22 que únicamente estarán incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Asimismo en su artículo 23 señala que las personas jurídicas, en cuyo ámbito de organización y dirección dichos penados realicen el trabajo cotizarán por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales aplicando la tarifa de primas vigente al tope mínimo de cotización, y cumplirán las demás obligaciones para con la Seguridad Social.
OCTAVA: Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones recibidas de la autoridad judicial competente y de la autoridad encargada de la ejecución de la pena. En cuanto al desarrollo de las tareas a realizar, deberá seguir las instrucciones del Ayuntamiento en el que el penado preste sus servicios.
NOVENA: La ejecución de la pena se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria; la Administración Penitenciaria asume el seguimiento y el sometimiento del penado a la pena, así como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto, a fin de informar al Juez de Vigilancia Penitenciaria de las incidencias que surjan en la ejecución, a cuyo efecto el Ayuntamiento establecerá los mecanismos oportunos para informar al Servicio Social Externo del Centro penitenciario de las incidencias, tales como:


  • Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.

  • Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.

  • Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del responsable de la ocupación.

  • Cuando su conducta sea tal que el responsable del trabajo se negara a mantenerle en el puesto de trabajo.


DECIMA: La Administración penitenciaria comprobará con la periodicidad necesaria el sometimiento del penado a la pena, así como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto, a cuyo fin puede mantener contactos con el Ayuntamiento en que se lleve a cabo, adoptando en su caso las medidas procedentes.
DECIMOPRIMERA: El seguimiento establecido del presente convenio así como la resolución de las incidencias que puedan surgir en la aplicación del mismo, corresponderá a la Comisión Mixta de seguimiento constituida en virtud del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la gestión del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad suscrito con fecha 19 de mayo de 1997.
DUODECIMA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa y las controversias que se originen en aplicación y ejecución del mismo, de no ser resueltas prácticamente por la Comisión Mixta citada en la cláusula anterior, serán sometidas al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Este convenio queda excluido de la aplicación directa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) de su Texto Refundido (Real Decreto Legislativo, 2/2000, de 16 de junio).
DECIMOTERCERA: El presente convenio entrará en vigor, en relación a los Ayuntamientos que se adhieran, al día siguiente de su adhesión y tendrá vigencia de un año renovándose tácitamente si no hubiera denuncia escrita por alguna de las partes con tres meses de antelación a la fecha anual de su vencimiento.
Y todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran comprometidas hasta la fecha de resolución del convenio.
La Directora General de Instituciones Penitenciarias presta su consentimiento unilateral al presente convenio mediante su firma, perfeccionándose el mismo con la adhesión de los Ayuntamientos a través de la suscripción del correspondiente Protocolo.
Y para que conste se firma el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.
LA DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Mercedes Gallizo Llamas

PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

En a, de 200
El Ilmo. Sr. D. , Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de , en representación del mismo se adhiere al Convenio de colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aceptando todas sus cláusulas y condiciones para cuya ejecución oferta las siguientes plazas:




TIPO DE ACTIVIDADES







Y para que conste se firma el presente protocolo de Adhesión en el lugar y fecha indicados.


EL ALCALDE/PRESIDENTE


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