Directrices de ordenacion del territorio-“euskal hiria. Net”






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fecha de publicación07.07.2015
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ANTE, la ORDEN de 24 de febrero de 2012 de la CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA del GOBIERNO VASCO, por el que aprueba inicialmente la actualización de las DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO-“EUSKAL HIRIA.NET”, y dentro del plazo previsto para formular alegaciones, las personas abajo firmantes presentamos formalmente las siguientes ALEGACIONES A LA DETERMINACION VINCULANTE DE APLICACIÓN DIRECTA RELATIVA A LA FORMULA DE CUANTIFICIACIÓN DE SUELO RESIDENCIAL.
Nombre:

DNI:

Dirección:

Asociación o grupo (en caso de representar a alguien):

ALEGACIONES

PRIMERA.- La formula de las DOT- Euskal Hiria: fórmula de cuantificación para un consumo obligatorio de suelo
La formula de las DOT-Euskal Hiria se basa en hacer una prospección de la evolución demográfica (vegetativa y migración) de un municipio en el periodo supuesto de vigencia del Plan y en una prospección de la evolución del tamaño medio familiar (TMF= personas por vivienda) en el mismo periodo. Fruto del análisis de estas dos variables surge la necesidad teórica de vivienda principal del municipio.
En segundo lugar entran las implicaciones del modelo territorial como aportaciones a la cuantificación de las propuestas de planeamiento resultantes de los PTP, que deben aportar una visión comarcal. Coeficiente de Corrección del Modelo Territorial (CMT)
En tercer lugar aparece previsión de segunda residencia que las DOT consideran una demanda legítima de interés público y en consecuencia la incluyen como elemento básico en la cuantificación de la oferta mínima obligatoria.
En cuarto lugar, también se incluye en la fórmula como índice multiplicador a la vivienda desocupada y que como resultado en la fórmula, supone ampliar la base de la cuantificación residencial. Cuantas más viviendas vacías haya en un municipio, resultará que más viviendas nuevas se deberán prever en el PGOU.
Y por ultimo, se añade a dicha suma, el coeficiente de esponjamiento (o corrección de la rigidez de la oferta), que es un coeficiente que multiplica sin ninguna justificación en el interés público, por dos, por tres o por cuatro, todas las estimaciones de vivienda calculadas previamente, por si acaso falta suelo.
La lectura de la justificación que el documento de Re-Estudio de las DOT presenta para incluir este coeficiente en la fórmula, parece escrito desde el discurso de los intereses del negocio inmobiliario, y no a una honesta política proactiva de suelo y vivienda como bienes de interés público. Véase:
Las razones para plantear esta holgura se deben a múltiples factores que exigen que las existencias de suelo residencial superen con cierta amplitud el consumo previsto.
Entre los factores más relevantes pueden mencionarse la fricción de un mercado tan segmentado y discriminado como el referido al suelo urbano, la lentitud de los procedimientos administrativos relevantes que pueden prolongar sustancialmente la ejecución o la duración efectiva del plan, y el previsible error en la proyección de las necesidades, cuyo efecto puede resultar especialmente nefasto en un mercado caracterizado por su extrema rigidez. (pag 159)
En esencia el factor de esponjamiento representa la mayoración necesaria de las necesidades estimadas para el periodo del plan para que a la finalización de tal periodo las existencias remanentes de suelo residencial sean suficientes para que el mercado no sufra un recalentamiento indeseable por falta de oferta. A fin de ilustrar este concepto, puede señalarse que un factor de esponjamiento de 2,5 aplicado a un periodo de planeamiento de 8 años equivale a identificar al inicio del plan suelo adecuado para satisfacer 20 años de construcción residencial al ritmo previsto en la cuantificación,
Se propone utilizar un factor de esponjamiento máximo de 2,4 a 3,5 según el tamaño del municipio.
se trata de asegurar una capacidad residencial mínima que permita una cierta capacidad de actuación a los agentes sectoriales y que no restrinja excesivamente el funcionamiento del mercado de suelo en una situación de contracción demográfica (pag 159)
De la suma de los anteriores elementos se obtiene el máximo de viviendas a cuantificar y, ligeramente minorado, el mínimo obligatorio de viviendas, en todo caso muy superior a la demanda de vivienda, como espacio para habitar, estimada racionalmente.
El límite de crecimiento de suelo residencial se cifra en una cuantía tal que resulta ridículo hablar siquiera de un índice de limitación al crecimiento, puesto que se establece en el 50%, y que se aumenta nada menos que al 70% en los municipio de menos de 3.000 habitantes, que son precisamente los que cuentan con el espacio que busca la expansión urbanizadora, y donde mayor crecimiento se ha dado estos últimos años del “tsunami urbanístico” puesto que las ciudades ya se encuentran prácticamente colmatadas.
De nuevo, acudiendo al texto de las DOT, nos encontramos con los argumentos propios del sector de la promoción inmobiliaria, prevaleciendo sobre el interés publico. Atención a la justificación para elevar el mal llamado límite de crecimiento hasta el 70% en los municipios pequeños: “ El mayor dinamismo de buena parte de estos municipios unido a la mayor presencia de vivienda secundaria y vacante hace que la tasa de necesidades residenciales de estos municipios respecto a su parque inicial se sitúe claramente por encima del estimado para el conjunto de la CAE.”
Y para cerrar la fórmula vinculante, las DOT garantizan legalmente, y en todo caso, el crecimiento de suelo residencial para todos los municipios, al establecer por Decreto que siempre existe el “derecho” a un crecimiento del 12% respecto al parque inicial de viviendas existente en el municipio.

SEGUNDA.- Arbitrariedad en la metodología para la elección de los elementos componentes de la fórmula de cuantificación
El método de cuantificación que adopta la fórmula de las DOT, cuyos efectos en el territorio son realmente muy graves, carece precisamente de lo que deberían ser los principios básicos de cualquier planteamiento racional y sostenible de esta índole:
a) Ausencia de diagnóstico de la situación real de la vivienda
La cuantificación no se basa en un diagnóstico real de la necesidad de vivienda de los municipios, ni de la situación los distintos colectivos sociales. Además, no se tienen en cuenta las posibilidades del parque de vivienda existente, ni del tejido urbano construido no utilizado para cubrir dichas demandas mediante segregaciones o rehabilitaciones.
Se incluye en la cuantificación el porcentaje de vivienda vacía existente y el de segunda residencia pero con el único objetivo de aumentar artificiosamente la supuesta demanda de nueva vivienda.
En la CAPV se estiman que existen 31.100 viviendas desocupadas, a las que hay que sumar otras 13.778 viviendas en oferta de venta y buena parte de las 29.511 viviendas calificadas como residencias secundarias. (Plan Director de Vivienda 2010-2013. Gobierno Vasco).
La segunda residencia no se considera un patrimonio edificado infrautilizado sino un estándar que debe mantenerse. La transformación de segundas residencias en principales, lejos de leerse como una medida de ahorro de suelo, tendría como efecto en la formula de las DOT un aumento de la previsión de nuevas viviendas ocupando nuevos suelos.
Lo mismo ocurre con las viviendas vacías. Cuantas más viviendas vacías haya en la actualidad más harán falta en el futuro, según esta fórmula de las DOT. Lejos de ver la existencia de vivienda vacía como una oportunidad de cubrir la demanda sin consumir suelo, lo que nos proponen las DOT es crear un auténtico estándar legal de vivienda vacía, no vaya a ser que nuestras ciudades no tengan una adecuada dotación de viviendas desocupadas.
Parece que los redactores de estas DOT, ni siquiera toman en consideración la calificación jurídica que le otorga a la vivienda desocupada, el Proyecto de Ley de Vivienda del País Vasco, aprobado el 5 de junio por el Consejo de Gobierno, y que resulta del Pacto Social por la Vivienda suscrito por más de 80 agentes institucionales y sociales. Este proyecto de Ley, del mismo Gobierno Vasco que ahora impulsa estas DOT, define la función social del patrimonio de vivienda edificada y califica jurídicamente como infracción a esta función social mantener desocupada una vivienda, y prevé la imposición de un canon-sanción e incluso el arrendamiento forzoso.
Resulta de una incoherencia monumental, que ahora las DOT, recojan como demanda legítima y merecedora de ser tenida en cuenta en la política pública de suelo residencial, a la vivienda desocupada, que tensiona especulativamente el precio de la vivienda, y por repercusión también la del suelo, encareciéndola y por tanto dificultando el acceso universal al derecho a una vivienda digna.
b) Falta de análisis de la componente especulativa de la vivienda
Tampoco es real la relación directa que se establece entre la oferta de suelo residencial y la acogida de población. Las cifras que reconocen las propias DOT lo acreditan; la población de la CAPV se ha mantenido estable en los últimos 30 años (con ligera tendencia a la baja) periodo en el que han sido ocupados miles de hectáreas de suelo y se han construido mas de 100.000 viviendas por década. Para la siguiente década se prevé que dicha situación de ligero descenso de la población se mantenga.
Aumentamos sin cesar el consumo de suelo y la construcción de viviendas pero la población no aumenta. Como todos sabemos, esto no obedece únicamente como se afirma, a la variación a la baja del tamaño familiar (TMF), sino principalmente a la componente especulativa de la vivienda.
El paso del índice 3,73 personas/vivienda en 1981 a 2,64 personas/ vivienda en 2006, se debe principalmente al incremento de esas 100.000 nuevas viviendas construidas, y no tanto a la variación sociológica
Todos conocemos lo arraigada que está en nuestra sociedad (a diferencia de otras partes de Europa) la consideración de que la vivienda es un campo de negocio para invertir de manera segura. Son muchas las empresas y los particulares que adquieren viviendas buscando solo beneficios económicos tras su revalorización en el mercado.
Metodológicamente, la media aritmética que emplean las DOT para calcular el tamaño medio familiar resulta erróneo, por no decir manipulado, ya que para obtener una fotografía veraz del TMF, sólo se deberían tener en cuenta las residencias prinicipales ocupadas realmente por familias. La inclusión en dicho coeficiente de las viviendas vacías y secundarias altera absolutamente el resultado final.

Además, fuentes expertas indican que la crisis económica actual, ignorada por el reestudio de las DOT, puede provocar una inflexión en la evolución del tamaño medio familiar (TMF), aumentándolo de nuevo al provocar el regreso a casa de los progenitores de muchos jóvenes en paro y al retrasar de nuevo la edad de emancipación.
c) Falta de análisis de la relación entre población y trabajo
En la formula de las DOT, no se tienen en cuenta a los habitantes del territorio ni sus necesidades. En concreto clama al cielo, la falta de la mínima alusión a la cuestión del trabajo, tanto productivo como reproductivo, de las personas cuando a todas luces es necesario para que el crecimiento urbano sea equilibrado, exista una relación equilibrada entre estos dos aspectos.
De la aplicación supuestamente cientifista de esta fórmula de las DOT, está resultando la generación de auténticos pueblos-dormitorio, por la aplicación del denominado “coeficiente de corrección del modelo territorial vigente” (CMT) por los Planes Territoriales Parciales, de modo exagerado en el caso del PTP del Bilbao metropolitano. Esta fórmula está impulsando un modelo territorial de asentamiento fuertemente criticado en los años 80, manifestada incluso en el preámbulo de la Ley vasca de Ordenación del Territorio (Ley 4/1990), y que desacoplaba los centros de concentración de empleo y los núcleos residenciales. Ahora, volvemos a incurrir en los mismos desequilibrios de entonces.
d) Falta de análisis de la capacidad del territorio
Vivimos en un territorio con una orografía muy marcada de valles profundos y escasez de suelos aptos para los usos agrarios y urbanos. La formula de las DOT obvia esta realidad fomentando crecimientos al margen de la disponibilidad de suelo.
En nuestro territorio la escasez de suelos llanos y la colmatación de los suelos municipales es un problema de primer orden. Más de 100 municipios de la CAPV los que tienen más del 70% edificado o comprometido para usos urbanísticos. Otros muchos municipios de importancia (Bilbao, Barakaldo, Sestao, Getxo, Portugalete, Basauri, Hondarribia,) se encuentran en una situación de colapso de suelo sin capacidad de abordar necesidades futuras.
Tampoco hay por supuesto ninguna referencia a la relación entre la población y la capacidad productiva de sus suelos (soberanía alimentaria), la producción de energía, los recursos hídricos o la huella ecológica.

e) Falta de análisis de las condiciones singulares de cada municipio
El efecto continuado de dicha fórmula en el territorio no ha traído solo como consecuencia la colmatación de los suelos de muchos pueblos sino también la proliferación de crecimientos inadecuados en puntos donde no era necesario construir (Elantxobe, etc).
Resulta innegable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que hay lugares, que por sus especiales características, o por sus valores patrimoniales, paisajísticos o culturales, donde no se debería construir. La formula de las DOT obliga a seguir edificando aunque los municipios no lo quieran.
f) Falta de análisis del ámbito rural
En muchos municipios de nuestro territorio, especialmente en los de carácter discontinuo, las viviendas del suelo no urbanizable pueden superar varias veces las viviendas del suelo urbano. Excluir todo el ámbito rural de las necesidades de vivienda es una simplificación que denota falta de análisis sobre la realidad de nuestra tierra.
Resulta llamativo como en la formula planteada se incorpora cualquier elemento que contribuya a aumentar la demanda futura. Sin embargo no se incluyen en la oferta, a la hora de cumplir dicho cómputo, formas de crecimiento muy significativas, como los crecimientos en el no urbanizable y en los núcleos rurales. En Bizkaia el 60% del incremento de suelo residencial se concentra en los últimos 10 años en Suelo No Urbanizable (Udalplan. Gobierno Vasco)
g) Falta de voluntad de prevenir la dispersión de la urbanización
Además, el hecho de no considerar computables las viviendas del no urbanizable denota la ausencia de voluntad de controlar la edificación dispersa y las urbanizaciones en ámbitos rurales, al no establecérseles un límite máximo.
El problema de la dispersión urbanística adquiere en Bizkaia cotas realmente preocupantes. Entre 1999 y 2009 el uso residencial en suelo no urbanizable, a través fundamentalmente de la figura del núcleo rural, ha sufrido un incremento de prácticamente el 45%, muy por encima del desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables que en conjunto se incrementan en poco más del 6%.
Otro tanto puede decirse de la previsión de demanda de segunda residencia como una necesidad del planeamiento en la cuantificación residencial obligatoria mínima de un municipio.
h) Falta de análisis de la movilidad obligada
La capacidad de cubrir la demanda de transporte público de los planteamientos previstos es un tema clásico del urbanismo europeo del siglo XX. El transporte público debe ser previo al crecimiento, no debiéndose permitir crecimientos que no dispongan del mismo. El texto de las DOT menciona este aspecto a modo de anécdota, pero no como determinación vinculante.
i) Falta de voluntad de prevenir el consumo de suelo
Resulta realmente sorprendente que la totalidad de la necesidad de vivienda, supuestamente derivada del cálculo anterior, deba destinarse a la ocupación de nuevos suelos no sirviendo para llegar al mínimo de dicho cálculo la capacidad de absorción del tejido construido, ni la vivienda vacía, ni las posibilidades de segregación, ni las viviendas en núcleos rurales o en el no urbanizable. Todo debe destinarse a justificar nuevos crecimientos ocupando suelo no edificado.
j) Obligatoriedad de alimentar la burbuja inmobiliaria (o sus restos)
Cualquier crecimiento urbanístico que no esté basado en una necesidad social responde por tanto a un interés diferente; o como se explica de manera críptica en el texto “a múltiples factores que exigen que las existencias de suelo residencial superen con cierta amplitud el consumo previsto”.
El llamado coeficiente de esponjamiento se justifica alegando que la ausencia de suelo provoca el encarecimiento del mismo e, indirectamente, de la vivienda (“para que el mercado no sufra un calentamiento indeseable por falta de oferta” pag 159).
La realidad es que responde a una voluntad de mantener el sector de la promoción inmobiliaria y el de la construcción a costa del territorio. Resulta sorprendente que en pleno año 2011, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria e inmersos en una crisis global de los valores, se nos trate de imponer desde nuestras instituciones planteamientos neoliberales anacrónicos que se ha demostrado sobradamente que son falsos. La vivienda no baja de precio por que se clasifique más suelo. Los últimos 30 años nos lo demuestran.
Esto se agrava con la imposición de una cuantificación residencial mínima, impidiendo a aquellos municipios que así lo consideren, darse un respiro y dejar de extenderse, aunque solo sea por ocho años.
TERCERA.- Incoherencia con normas jurídicas de rango superior. El principio de urbanismo sostenible de las leyes vasca 2/2006 de Suelo y Urbanismo y RDL 2/2008 Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo
El Re-estudio de las DOT hace caso omiso a las novedades legislativas que se han aprobado desde el año 1997, cuando entraron en vigor. El re-estudio, debía haber modificado buena parte del modelo de asentamiento residencial que se proponía entonces, y en consecuencia la propia fórmula de cuantificación que soportaba todo aquel modelo.
El primer principio legal básico que debía haber asumido este Re-estudio es el de la ocupación sostenible del suelo, que significa que como primera opción en todo tipo de planificación territorial debe ser el de reutilizar el suelo ya ocupado por usos urbanos, mediante la rehabilitación de la ciudad construída.
Así lo proclaman el artículo 3 de la Ley vasca 2/2006 y el artículo 2 del TRLS/2008
Art.3 Ley vasca 2/2006:
Principio de desarrollo sostenible
3.– La ordenación urbanística asumirá, como criterios orientadores, los principios del desarrollo urbano siguientes:
c) La ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la función primaria del territorio como base de la protección de los valores ambientales de los espacios urbanos, rurales y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad.
d) La construcción sostenible mediante la rehabilitación, dando prioridad a la regeneración del patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de la localidad y a la utilización de las viviendas vacías.
Artículo 2. TRLS/2008:
Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible,
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales (…)procurando en particular:
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
c) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente,

Este principio del urbanismo sostenible, elevado ya a naturaleza jurídica, y por tanto vinculante, delimita los márgenes de actuación de la planificación territorial, que en todo caso debe responder a la subordinación al interés público.
Artículo 4 Ley vasca 2/2006.
Principio de subordinación al interés público.
1.– Únicamente el interés público legitima la ordenación de la utilización del suelo, en virtud de esta ley, por el planeamiento urbanístico.
2.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la potestad de ordenación urbanística se ejercerá observando en todo caso las siguientes reglas:
c) Expresión en opciones y decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente proporcionadas respecto a los objetivos perseguidos.
g) El deber de las administraciones públicas de evitar, dentro de sus competencias, la especulación de suelo y vivienda, adoptando para ello todas las medidas necesarias para intervenir en el mercado de suelo y de bienes inmuebles.
TRLS/2008 De Suelo:
Artículo 3. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.
Artículo 10. Criterios básicos de utilización del suelo.
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título I, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino (…) impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural.
Esta legislación, traduce al derecho positivo el principio rector de la política social y económica que vincula a los poderes públicos, recogido en el artículo 47 de la CE., que estable el mandato de que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (a la vivienda digna), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
Tomando en consideración estos preceptos legales, la fórmula de cuantificación de suelo residencial de las DOT debía:
- Incorporar:

a) un coeficiente obligatorio de rehabilitación de suelo urbano y de regeneración de patrimonio construido y edificado, de obligado cumplimiento y de carácter preferente a cualquier clasificación de nuevo suelo residencial.
b) un coeficiente de compacidad urbana, con objeto de evitar la segregación y dispersión urbanas
c) indicadores evaluables de idoneidad de ubicación de suelos residenciales por su proximidad a equipamientos, centros de trabajo, etc… existentes o a redes de transporte público.
- Eliminar:

a) la demanda de vivienda secundaria –CSR-
b) coeficiente de vivienda desocupada – CVD-
c) reformulación de la metodología para el cálculo del coeficiente de Tamaño Medio Familiar –TMF- tomando en consideración únicamente las viviendas principales.
A LA VISTA, de las alegaciones analizadas en el presente escrito, concluimos que la metodología de la fórmula de cuantificación residencial del re-estudio de las DOT, resulta CONTRARIA AL PRINCIPIO LEGAL DE URBANISMO SOSTENIBLE, establecidos en el artículo 3 de la Ley vasca 2/2006 de Suelo y Urbanismo y artículo 2 del Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo, y por consiguiente incurre en ARBITRARIEDAD, por falta de motivación en los intereses generales y por no evitar la especulación, tal y como exige el artículo 47 CE, artículo 4 de la Ley vasca 2/2006 y artículos 3 y 10 del TRLS/2008.
ADEMÁS, proponemos una FÓRMULA ALTERNATIVA de cuantificación que fundamentado en los siguientes indicadores y coeficientes:
1.- Supresión de la cuantificación residencial mínima que obliga a los municipios a ocupar nuevo suelo cada ocho años. Que solo la cuantificación residencial máxima sea vinculante, como límite máximo de crecimiento, permitiendo a los municipios dejar de crecer en la ocupación de suelo durante ocho años si así lo deciden (Vulnera la Ley del Suelo y Urbanismo 2/06).
2.- Eliminación del coeficiente de esponjamiento condicionando las nuevas ocupaciones de suelo a unas necesidades sociales (de vivienda, de trabajo, de movilidad o de equipamiento público) acreditadas en el diagnóstico del municipio complementadas por necesidades supramunicipales el análisis comarcal que aporta las estimaciones del Planeamiento Territorial Parcial.
3.- Establecer un coeficiente que establezca unas condiciones de equilibrio población y el empleo.
4.- Incluir un coeficiente que mida el riesgo de colmatación del suelo calculando porcentaje de suelo hábil total del municipio ocupable para usos urbanos (excluyendo suelos de alto valor agrario, natural, suelos de pendiente superior al 15%, etc.).
5.- Introducir en el análisis un coeficiente que mida la movilidad obligada impidiendo crecimientos urbanos que no vayan apoyados sobre redes de transporte público.
6.- Incluir en el análisis un coeficiente que incluya la huella ecológica, los recursos hídricos y la soberanía alimentaria del municipio
7.- Propiciar que los planes generales cubran la demanda prevista de vivienda sin consumir nuevos suelos, preferentemente mediante: la vivienda vacía, la vivienda secundaria, los solares no edificados. El aumento de viviendas por segregaciones en suelo urbano y no urbanizable deben computar a la hora de cumplir la oferta de los planes.
8.- No permitir en ningún caso que la vivienda vacía o la vivienda secundaria existente sirvan para incrementar la cuantificación residencial (particularmente la mínima), especialmente si esto implica ocupar nuevos suelos.
9.- Excluir la vivienda vacía y la segunda residencia del cálculo del tamaño medio familiar (TMF). Se falsifica el resultado.
10.- Incluir en el análisis la componente especulativa analizando como han sido ocupados los ámbitos desarrollados en planeamientos anteriores y su incidencia en la evolución demográfica.
11.- Incluir las viviendas del suelo no urbanizable y de los núcleos rurales en la oferta computable limitada por el máximo admisible.
12.-Recalcular los límites adicionales máximos de cuantificación de hasta el 50% del parque existente (70% en municipios pequeños). Resulta obvio que estas tasas de crecimiento resultan absolutamente desmedidas incluso en los momentos más delirantes de la burbuja inmobiliaria.
13.- Eliminar la garantía de crecimiento residencial, aunque no esté motivada, y que permite en cualquier caso, clasificar suelo equivalente al 12% del parque de vivienda existente o 20 viviendas.

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