Acciones de exclusion de la vocacion hereditaria conyugal






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282. Muerte del cónyuge "enfermo".
Nos hallamos ante una prestación de carácter asistencial y personalísima, que no se trasmite a los herederos del acreedor. Por ende, la carga de la sucesión finaliza con la muerte del enfermo.

En el supuesto de que el cónyuge enfermo muera y se haya apartado bienes a fin de cubrir sus necesidades, se podrá deman­dar la partición de tales bienes, que habían sido excluidos de la primera partición por aplicación del art. 3453, Cód. Civil. En lo demás será de aplicación lo dicho en el parágrafo anterior.
283. Posible coexistencia de diversas cargas sucesorias por pensiones como consecuencia de sucesivos divorcios.

Un problema importante -y que pese a ello no se ha plan­teado directamente nuestro legislador- es el relativo a la posible coexistencia de diversos créditos por pensiones, como consecuen­cia de sucesivos divorcios obtenidos o, en su caso, de divorcio seguido de matrimonio que se separa: al faltar en las nuevas normas del Código Civil una regla sobre la gradación en cuanto a las diversas obligaciones que hay que atender con relación a los ex cónyuges enfermos, habrá que atenerse a las normas genera­les, cuya aplicación no será siempre suficiente o satisfactoria para compatibilizar los intereses en contraposición 22.
284. Existencia de otros parientes con obligación alimentaria.
Alejandro Borda sostiene que la carga de la sucesión sólo es exigible "en los casos en que no existan parientes del cónyuge enfermo que estén obligados a pasarle alimentos. No es razona­ble que las personas señaladas en los arts. 367 y 368 del Código Civil, según reforma de la ley 23.264 (ascendientes, descendientes, hermanos, medios hermanos y los afines en primer grado), que­den eximidos de su obligación alimentaria (...) por la mera exis­tencia de herederos del cónyuge sano".

Agrega este autor que "de no seguirse este criterio se llegaría al absurdo de que el padre o un hijo (que no lo es del cónyuge enfermo), o el segundo cónyuge del esposo sano ya fallecido, deberían prestarle alimentos y atender las necesidades propias de la enfermedad, aun en el caso de que vivan los padres o los hijos de este último. No es posible admitir tal liberación -que repugna los sentimientos más profundos- de las personas que más estre­chamente ligadas están con el enfermo"23.

En las Terceras Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, la tendencia predominante fue la de considerar esta obligación como subsidiaria de la que tienen los parientes del cónyuge "enfermo", o, en su caso, aun cuando no sean subsidiarias, permitirles a los herederos exigir la contribución de los parientes obligados24.
285. Fraude a la legítima.
La doctrina se ha planteado el supuesto -extraño, por cier­to- de una convivencia dolosa entre el causante y su cónyuge para beneficiarlo, en perjuicio de sus herederos forzosos. Y se ha aceptado la posibilidad de que los legitimarios, en tal caso, ejer­zan las acciones de protección de su legítima demostrando el hecho doloso que violenta lo dispuesto por el art. 3598 del Código Civil25.
286. ¿Puede el enfermo renunciar a su derecho de ser mantenido en su tratamiento y recuperación?
Si bien no nos hallamos frente a un típico derecho alimenta­rio, esta hipótesis participa de las características de este último, por lo cual sería de aplicación el art. 374 del Código Civil, que dispone que "el derecho a los alimentos no puede renunciarse", en coordinación con el art. 1453, que establece que "no puede cederse el derecho a alimentos futuros". Con ello, el cónyuge en­fermo no podría renunciar al derecho que constituye una carga de la sucesión para lo futuro, pero sí a los alimentos vencidos o cuotas atrasadas26.

Aun cuando no se considerara de estricta aplicación las nor­mas sobre alimentos, no se podría renunciar al derecho familiar que busca la tutela sin tener en cuenta la voluntad del titular27.
287. Juez competente.
Pueden ser tres los jueces intervinientes en el caso: por un lado, el juez del divorcio; por el otro, el juez del sucesorio, e incluso, si media una declaración de insania o inhabilitación, el juez de tales procedimientos.

La cuestión radica en saber si cabe el fuero de atracción en­tre los distintos procesos, sobre todo entre el juez del sucesorio y el de la posterior o concomitante declaración de insania.

En principio, no parece haber ningún fuero de atracción en­tre estos procesos, porque la finalidad de aquél es concentrar ante un mismo juez todas las acciones seguidas contra el patri­monio del causante, cosa que no se da en los supuestos de inha­bilitación o insania.

Si se declarara la demencia o inhabilitación, sería de aplica­ción el art. 5, inc. 8, del Cód. Proc. Nac., que establece como juez competente, "en los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el art. 152 bis del Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residen­cia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción".

En tanto, en las cuestiones sucesorias el juez competente será el del último domicilio del causante.
288. Tipo de proceso.
Para determinar cuál es el tipo de proceso a seguir habrá que tener en claro qué es lo que se pretende lograr, a saber:

a) Exclusión hereditaria conyugal. Si de lo que se trata es de excluir al cónyuge de la sucesión del enfermo, es de aplica­ción lo dicho con respecto a la exclusión hereditaria conyugal en el capítulo sobre la exclusión del cónyuge separado culpable.

b) Determinación de la forma de prestación de la carga. Si todos los herederos y el cónyuge enfermo están de acuerdo en la forma de cumplir la carga, y todos tienen capacidad, pueden hacer un convenio entre ellos, el cual deberá ser homologado judicialmente.

Si no están de acuerdo, se deberá recurrir al trámite inci­dental o al trámite regulado en los arts. 731 y 732 del Cód. Proc. Nac., según el caso.

Puede ocurrir que las operaciones de partición sean presen­tadas junto con la forma de cumplir la carga, en cuyo caso se deberá emplear el trámite previsto para la oposición a la cuenta particionaria (arts. 731 y 732, Cód. Proc. Nac.).

Si el único tema en discusión es la forma de prestación de la carga, habrá que recurrir al trámite incidental.

c) Finalización de la carga. Los ordenamientos procesales, en general, no han previsto un trámite específico para este novísimo supuesto, por lo cual habrá que recurrir al trámite incidental, ya que el principio general acogido por toda la doctrina procesalista,

y específicamente por el art. 175 del Cód. Proc. Nac., es que "toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito, y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tra­mitará en pieza separada, en la forma prevista por las disposicio­nes de este capítulo".

Dado que esta cuestión atañe al objeto de la sucesión y no tiene regulado un trámite específico, debe tramitársela por el procedimiento incidental.
289. Sujeto activo.
En el proceso de exclusión del cónyuge sano se debe aplicar, con respecto al sujeto activo, lo dicho en el parágrafo 258.

En el proceso tendiente a la forma de prestación de la carga, el principio es que serán legitimados activos todos los obligados a la carga de la sucesión. Incluso los acreedores de la sucesión pueden serlo, porque pueden tener interés en el reingreso de un bien al acervo partible, a los fines del cobro de su acreencia.
290. Sujeto pasivo.
Es aquí donde residen el mayor peligro y la mayor compli­cación procesal, porque, cualquiera que sea el objetivo perseguido, se debe trabar correctamente la litis y evitar posibles y futuras nulidades.

Las nulidades pueden derivar de la contratación o firma de convenios con un demente, aun cuando no fuere declarado, o de la propia inhabilidad del cónyuge enfermo.

Estamos ante un divorcio cuya causa son las alteraciones de conducta, la ebriedad o la toxicomanía, que a la vez pueden ser causa de demencia o inhabilitación judicial, sin que sea necesaria su declaración a los fines de obtener el divorcio. Por ello hay que tener precaución en la forma en que son realizados los con­venios o trabadas las litis con estas personas, para que en el futuro no sean planteadas nulidades.

A fin de establecer precisiones, corresponde hacer las siguien­tes diferenciaciones.
a) Cónyuge "enfermo" declarado insano. En principio, este Supuesto es el que menos dificultades plantea, por cuanto la litis deberá ser integrada con el curador, que es su representante legal y necesario, más la intervención del ministerio de menores (art. 494, Cód. Civil).

Si hubiera intereses contrapuestos entre el curador y el de­mente (p. ej., cuando el curador sea uno de los herederos que tenga intereses de índole sucesoria opuestos a los del enfermo), se ha de designar un curador especial, conforme a lo dispuesto por los arts. 61 y 397, inc. 4, Cód. Civil.

b) Cónyuge "enfermo" que tiene pendiente el proceso de in­sania. Habrá que trabar la litis con el curador provisorio desig­nado al efecto. Cierto es que este curador provisorio, por lo común, limita su intervención al juicio de declaración de insania; pero no habiendo curador de los bienes, puede representar al presunto insano en otro juicio, con autorización del juez28.

c) Cónyuge "enfermo" inhabilitado por las causales del art. 152 bis. Tratándose de actos en los cuales se puede ver compro­metido el patrimonio del inhabilitado, éste debe actuar asistido, pero siempre teniendo en cuenta las facultades no representati­vas del curador29.
d) Cónyuge "enfermo" no inhabilitado. Podría ocurrir que el cónyuge enfermo fuera un demente no declarado, con lo cual todo acto realizado con él podría ser declarado nulo en el su­puesto contemplado en el art. 473, Cód. Civil.

Para evitar futuras nulidades, y teniendo en cuenta que difí­cilmente los herederos podrían alegar buena fe o desconocimiento de la demencia -máxime cuando ésta puede haber sido la cau­sal de la declaración de divorcio-, cabrían dos caminos: o bien denunciar la demencia a los fines de la correspondiente declara­ción, para proseguir la litis con el curador correspondiente, o bien solicitar la intervención del asesor de menores e incapaces. Esto último no está previsto en el ordenamiento de fondo, pero ha sido propugnado como solución por la doctrina especializada en el tema, al señalar que "la oportuna intervención del asesor de menores e incapaces permite que se arbitren las medidas ne­cesarias para su protección. Así, entre otras, puede promover la declaración de insania o -Inhabilitación, o aun, sin llegar a éstas, ofrecer la prueba necesaria a los fines de la fijación de la cuota alimentaria"30.

En el supuesto en análisis hay que tener presente que el de­mente no interdicto es básicamente capaz y no puede ser reem­plazado por el representante31. Pero, a la vez, la falta de discer­nimiento es causa de invalidación de los actos, por aplicación de los arts. 921, 473 y 361, Cód. Civil. Por ello, los herederos han de extremar las precauciones al fijar acuerdos o trabar la litis con dementes no interdictos o con quienes parezcan serlo, para evitar lo siguiente:
1) si la demencia es notoria o pública, que se perjudique la validez del acto;
2) si la demencia no es notoria, que se les impute mala fe a los herederos por el conocimiento del estado mental del enfermo, y se plantee la anulación del negocio entre vivos y a título oneroso;
3) si se trata de un acto a título gratuito (como la renun­cia de los alimentos pasados no pagados), que se plantee la in­validación del acto porque no queda protegido el contratante que nada dio en cambio.

Para evitar estas situaciones es que deben ser arbitrados los medios procesales que describimos con anterioridad, a fin de res­guardar los intereses de ambas partes.
291. Efectos de la finalización de la carga de la sucesión.
Son dos los efectos que se pueden presentar al finalizar la carga de la sucesión:
A) Irrepetibilidad de lo pagado. El principio general es el de la irrepetibilidad de lo pagado en concepto de gastos para la manutención del enfermo y de su tratamiento. Ello surge del carácter alimentario de tal prestación y de la aplicación suple­toria de lo dispuesto en los arts. 371, 376 y 248, Cód. Civil.

La jurisprudencia ha dicho que "el alimentista no está obli­gado a devolver lo recibido cuando mejore su fortuna, pues que el alimentante no ha hecho un adelanto ni un préstamo, sino que ha pagado una deuda"32. Sin embargo, pensamos que lo pagado sería repetible en el caso de que hubiera mediado dolo en su cobro. Por ejemplo, en el supuesto de que el enfermo se hubiera restablecido completamente y hubiese continuado cobrando la prestación.
B) Reingreso del bien a la masa partible y finalización de las medidas cautelares. Si se extingue la carga de la sucesión y ella ha sido otorgada con la imputación de algún bien productor de rentas, éste reingresa a la masa sucesoria y es pasible de partición.

Si se la ha garantizado con algún derecho real, como el de usufructo, se lo podrá levantar y lograr la división del bien.
III. PRESENTACIÓN CONJUNTA
292. Antecedentes. Legislación comparada.

La ley 17.711 introdujo en nuestro país la separación por presentación conjunta, que permitió dar solución a los matrimo­nios desquiciados sin acudir al juzgamiento de culpabilidades.

En la legislación comparada, se acepta la separación personal por mutuo consentimiento en la mayoría de los países. Al res­pecto podemos citar los siguientes códigos: Código alemán, art. 1567; Código francés, arts. 229 a 232; Código belga, art. 233; Có­digo holandés, art. 254; Código mejicano, art. 267, párr. 17; Código cubano, art. 51; Código guatemalteco, art. 154; Código uruguayo, art. 187.

En nuestro país, la ley 23.515 establece en su art. 205: "Tras­curridos dos años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen cau­sas graves que hacen moralmente imposible la vida en común, y pedir su separación personal conforme lo dispuesto en el art. 236 del Código Civil".
293. Efectos de carácter patrimonial. Alcances en el ámbito sucesorio.
En el régimen instaurado por el art. 67 bis de la ley 2393 se establecía que los efectos de la separación personal por presen­tación conjunta eran los mismos que en el divorcio con declara­ción de culpa de ambos cónyuges.

La ley 23.515 ha suprimido tal determinación, en su afán de independizar el divorcio por causales objetivas de la determina­ción de culpas o de la mención de culpas33.

Sin embargo, la doctrina especializada en el tema entiende, en general, que los efectos que produce la separación personal por presentación conjunta son los del divorcio por culpa de am­bos cónyuges34.

La novedad que contiene la reforma es la posibilidad de pre­sentar acuerdos conciliatorios con respecto a la tenencia y al ré­gimen de visitas de los hijos, la atribución del hogar conyugal, el régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o inca­paces, o la liquidación de la sociedad conyugal (art. 236, Cód. Civil).

Lo que importa, en cuanto a la materia de nuestro estudio, es la vigencia y duración de estos acuerdos y su influencia dentro del régimen sucesorio.

La ley 23.515 ha legislado específicamente sobre la vocación hereditaria en el art. 3574, Cód. Civil, que establece: "En los ca­sos de los arts. 204, primer párrafo, y 205. ninguno de los cónyuges mantendrá derechos hereditarios en la sucesión del otro".

La norma citada no deja lugar a dudas sobre la pérdida de los derechos hereditarios de ambos cónyuges en el supuesto de se­paración personal por presentación conjunta.

Como veníamos señalando, en el régimen anterior de la sepa­ración por mutuo acuerdo se preveía que la sentencia produciría los efectos de la culpa de ambos cónyuges. En la actualidad, ello no es aclarado específicamente, pero se establece con total cla­ridad, en el art. 3574, que se perderá la vocación hereditaria conyugal.
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