El Programa El racismo al revés






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“directo”, a través de numerosas formas de participación popular directa consagradas en la misma Carta y en las Leyes. La definición de sus principios de “seguridad de la Nación” incluye la corresponsabilidad civil y estatal en la defensa de las libertades civiles, los derechos sociales y la conservación del medio ambiente (Art. 326). Declara la nulidad absoluta y expresa de usurpar el poder y cualquier acto derivado de ello (Art. 138), estableciendo el deber de la desobediencia civil activa en defensa de la constitución (Art. 333). Para el control de las autoridades políticas y administrativas, establece la exigencia de cuenta pública, incluyendo la del cumplimiento de los “programas” ofrecidos durante campañas electorales para cargos de elección popular (Art. 66). El derecho a petición a la autoridad con respuesta obligatoria (Art. 51). La revocabilidad de todos los cargos de elección popular (Arts. 6 y 72). La revocabilidad (abrogación) de toda Ley o la aprobación de ella, por iniciativa popular, a través de plebiscito, convocable con 2 tercios de los legisladores, o el 10% de los electores (Arts. 73 y 74). Para la participación protagónica popular, consagra el inviolable y permanente Poder constituyente del pueblo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y reformar toda la institucionalidad (Art. 347). Declara la “participación popular” como deber del Estado (Art. 62) y como principio de la administración del Estado (Art. 141), de la seguridad ciudadana (Art. 55), de la descentralización a nivel estatal y municipal, y para la gestión de empresas y servicios públicos por las comunidades (Art. 158 a 185). Otorga a las asambleas de ciudadanos carácter vinculante, y rango constitucional a las cooperativas, y a la cogestión civil de entidades públicas (Art. 70).

Eleva a rango constitucional la responsabilidad activa del Estado en la defensa de los Derechos Humanos y en el castigo a sus violaciones (Art. 29), especialmente las “desapariciones forzadas” (Art. 45), y prohibiendo absolutamente cualquier ley de impunidad para estos crímenes. Establece expresamente el derecho de acudir a tribunales Internacionales de Derechos Humanos (Art. 31). Deja abolidas la pena de muerte (Art. 43), el exilio (Art. 50) y el reclutamiento militar forzoso (Art. 134). Prohíbe el uso de tóxicos en el control de manifestaciones (Art. 68). Y establece el deber de participación de cada ciudadano en la defensa de Derechos Humanos (Art. 132). Otorga rango constitucional a las “acciones afirmativas” en favor de sectores vulnerables y desfavorecidos (Art. 21, 2). A los Derechos difusos y colectivos (Art. 26). A la prohibición de actos de discriminación por parte de los medios de comunicación (Art. 57). A la protección preferente de niños (Art. 78), ancianos (Art. 80) y discapacitados (Art. 81). A la rehabilitación de los reclusos (Art. 272). Y establece el uso de ambos géneros para referirse a los cargos ejecutivos del estado (Art. 225). Eleva a rango constitucional los Derechos de los Pueblos Indígenas, sus idiomas (Art. 9), sus hábitats, ambientes y tierras (Arts. 119 y 120), con la expresa prohibición de que pueda extenderse patentes de propiedad sobre su biodiversidad (Art. 124). Se reconoce su sistema de Justicia propia como válida (Art. 260). Y se establecen cuotas mínimas obligatorias de representantes de éstos en las instancias políticas de la República (Art. 125).

Se consagra el Derecho de las familias, a la planificación familiar, a la absoluta igualdad de los cónyuges, y la igualdad a las uniones de hecho (Arts. 76 y 77). Se consagra el Derecho a la Salud a través de un sistema nacional público; prohibiéndose expresamente su privatización, e incluyendo entre sus principios, la participación de la comunidad organizada (Arts. 83 y 84). A la Seguridad social, incluyendo expresamente a quienes no pueden pagar (Art. 86). A la Vivienda digna (Art. 82). A no ser víctimas de la especulación y usura (114). A formar cooperativas y otras formas de economía autogestionaria (Art.118). Al Trabajo, con expresa obligación de los “Subcontratistas” de respetar plenamente todas las normas laborales, y del derecho de Huelga (Arts. 87 a 97). A los Derechos ambientales (127º a 129º). Se consagra como obligatoria la función económica y social del Estado, para proteger y desarrollar la industria nacional (Art. 301), la propiedad petrolera (Art. 303), la agricultura y la pesca (Art. 305). Para impulsar el Progreso y bienestar popular (Art. 302), llevar adelante impuestos redistributivos (Art. 316), impulsar la Reforma Agraria (Art. 308), y el desarrollo de cooperativas y otras formas de autogestión (Art. 308). Se otorga rango constitucional a los Derechos culturales y educativos, expresamente a las “Culturas populares”, al principio intercultural, a los derechos sociales de los trabajadores de la cultura, a la educación a discapacitados y presos, a la obligatoriedad de la educación ambiental y el ideario bolivariano (Arts. 100 a 107).

Esta Carta fundamental es fruto y a la vez cauce habilitante de esa revolución, y de todas sus innumerables y ricas manifestaciones y creaciones en todos los planos, de su fuerza pluriclasista, multiétnica, transgeneracional, plurilocal, ecuménica, pluripartidista, latinoamericanista e internacionalista. Es decir, una verdadera “tormenta perfecta”. Que avanza con las mayorías a la construcción socialista inédita, reformando sus instituciones en una dinámica donde el “poder constituyente” del pueblo permanentemente perfecciona el “poder constituido”: las instituciones, devenidas así en instrumentos de profundización democrática y no en camisa de fuerza legalista contra la participación creciente de la ciudadanía.

Ya no son “leones calvos”. Son “Pumas”, “Jaguares”, “Yaguaretés”, “Ocelotes”, “Otorongos”… latinoamericanos. El presente nombrando el presente con palabra propia. “…ése fue el nombre que se nos ocurrió ponerle…” Dice, al pasar, el Presidente Chávez, refiriéndose a un gráfico expuesto durante la presentación de su “Mapa Estratégico” en 2004. Es el indómito pueblo latinoamericano y sus mejores hijos rompiendo, a lanza y espada, ininterrumpidamente, desde siempre, el eslabón más fuerte de la cadena imperial: el mental. Poniendo, sin complejos, libre y creador, nombre a las cosas, nombres propios y revolucionarios. El “inventamos o erramos” de Simón Rodríguez. El “nuestra América, viene de sí misma” de Martí. La “creación heroica, sin calco ni copia” de Mariátegui. El “copiar, desde aquí, sería una locura” de Arguedas. El “Nuestro norte es el sur” del amauta uruguayo Joaquín Torres. Largo parto del pensamiento propio. Odisea creadora. Arcilla en las manos. Herejía continuada. Sagrada y definitiva independencia. “América una, libre y justa… para equilibrar el universo”.




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